Amazonas: pobladores awajún sufren atentado y amenazas de muerte por minería ilegal

El avance de la minería ilegal en El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, se ha convertido en una amenaza para las defensoras y defensores de derechos humanos. El miércoles 26 de octubre, el local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) fue atacado por personas vinculadas a la minería ilegal, así lo denunciaron sus dirigentes, quienes lograron salir y ponerse a buen recaudo.

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Los líderes y lideresas awajún del Cenepa denunciaron que son amenazados de muerte por defender su territorio de economías ilegales, por lo que exigen acciones más concretas del gobierno central y la Policía para garantizar la integridad de sus dirigentes y comunidades ante el avance de la minería ilegal.

Según señalan, los atacantes serían comuneros de la comunidad de Suwa Pagki que estarían vinculados a la minería ilegal, pues en horas de la mañana recibieron distintas amenazas desde este sector.

Quemaron sus oficinas

Las instalaciones de las oficinas de su organización fueron quemadas, así como el espacio que funcionaba de cocina y comedor. Los bienes como colchones, motosierras, aparatos tecnológicos, entre otros fueron saqueados; asimismo denunciaron el robo de una fuerte suma de dinero en efectivo.

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En el lugar se encontraban los dirigentes awajún Augostina Mayán Apikai y Santiago Manuin Mayán, quienes fueron testigos de los ataques al local de la organización indígena.

A ellos los tuvieron retenidos por varias horas, les robaron sus pertenencias y dinero, pero no sufrieron agresiones físicas.

Pese a que horas antes alertaron sobre este ataque, ninguna autoridad acudió hasta el local de la organización para atender el conflicto.

No se respeta el Estado de emergencia

Como se recuerda, el lunes 24 de octubre la organización ODECOFROC y varias de sus bases iniciaron un bloqueo del río Cenepa para llamar la atención de las autoridades para que realicen más interdicciones contra la minería ilegal, porque pese a que la zona se encuentra en Estado de emergencia desde junio de este año, los mineros ilegales hacen caso omiso y continúan con esta actividad.

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“El Estado prorrogó la ley (estado de emergencia) a dos meses, por eso es garante de derecho, yo siento que este caso de interdicción va a ser más fuerte porque ya están actuando de una forma criminal y con vandalismo”, señaló el presidente de ODECOFROC, Hortez Baitug.