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Áncash: agricultores de Jimbe acatan paro contra minería informal
Laura Urbina

Decenas de agricultores y pobladores de la ciudad de Jimbe, en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, región Áncash, acatan un paro de 24 horas para exigir el cese de la actividad minera informal en la cuenca Nepeña.

La protesta está dirigida principalmente contra la empresa GM Pequeños Constructores Mineros y el Consorcio Minero y Operaciones Conexas, compañías que se dedican a la explotación de oro en el Valle Nepeña. La principal preocupación es que los afluentes y la principal laguna de la zona, Matamata, se contamine con metales pesados derivados de la minería.

A esta preocupación se suma un informe de la Red de Salud Pacífico Sur, el cual señala que en algunas captaciones y reservorios de agua en Cáceres del Perú han encontrado presencia de aluminio, arsénico, hierro y fósforo.

La paralización fue convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la citada cuenca, en la que participaron los representantes de las juntas de regantes y comunidades campesinas de los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.

"Los estudios que se han realizado al río de Nepeña en la parte del Colcap ha arrojado positivo y esto nos preocupa porque los jimbeños no podemos tomar las aguas del afluente. Esto va perjudicar a los cultivos de todo el valle", lamentó el alcalde de Cáceres del Perú, Jaime Carrión.

Los manifestantes han bloqueado la vía de acceso a la localidad de Jimbe, a la altura del puente Lampanín, desde la madrugada del miércoles. Pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo de Chimbote y la Fiscalía de Prevención del Delito, los agricultores acordaron impedir el paso de los trabajadores y vehículos de las empresas mineras aludidas, hasta que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y la Dirección Regional de Energía y Minas resuelvan este conflicto.

“Las empresas han anunciado que explotarán oro y para esta actividad se usa cianuro. Al lavar el mineral en la cuenca del río, nuestro valle está destinado a morir. No queremos consumir agua con metales pesados porque sabemos que hacen daño a la salud y van a envenenar nuestros cultivos, por eso continuaremos en la lucha”, expresaron.

Por su parte, la coordinadora de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Santa, Roslin Villanueva Ramírez, comentó que la población se niega a deponer su medida porque no tienen confianza en las instituciones fiscalizadoras del medioambiente.

“Ellos señalan que hace un año vienen pidiendo la intervención de OEFA, ANA, la PCM y la Dirección Regional de Energía y Minas, pero no son escuchados. Esperemos que las autoridades competentes puedan programar las visitas a la zona de conflicto y encaminar los canales de diálogo”, sostuvo.

En una asamblea, los comuneros han programado una movilización para el próximo 20 de diciembre. Asimismo, cabe indicar que este conflicto socioambiental es uno de los cinco casos que ha reportado la Defensoría del Pueblo en el Santa, en Áncash.

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