(Foto: cortesía)
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Laura Urbina

El candidato al Gobierno Regional de Áncash por Somos Perú, Juan Carlos Morillo Ulloa, no ha declarado en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, dos de las cinco condenas que le impuso el Poder Judicial. 

Morillo consignó en su declaración jurada una sentencia por libramiento indebido (girar cheques sin fondos), y dos demandas por alimentos, que le entablaron su ex esposa (con quien tiene dos hijos menores) así como la madre de su primer hijo. 

Sin embargo, en mayo del 2016, el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote emitió una sentencia contra Morillo responsabilizándolo de violencia familiar (maltrato físico y psicológico) en agravio de su ex esposa Elsi Altamirano Martínez. 

Si bien esta sentencia no incluyó una pena privativa de la libertad, el juez Norman Tantas Saavedra ordenó a Morillo que lleve terapia psicológica en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón (Nuevo Chimbote) y dispuso la cancelación de la licencia para portar armas. 

También dictó medidas de protección para la víctima, entre ellas, la prohibición al procesado de acercarse a menos de 200 metros del domicilio de aquella, abstenerse de cualquier tipo de agresión física y verbal, y de amenazarla a través de llamadas telefónicas o redes sociales, entre otras. 

En este caso, Morillo viene cumpliendo lo estipulado en la resolución judicial.

El líder de Somos Perú en Áncash, que pasará a la segunda vuelta, tampoco ha dado cuenta de la sentencia, emitida por el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que lo obliga a pagar US$41.535.97 a la gerente general de Transportes Soniluz SRL, Adelaida Choquenaira Churata, por el incumplimiento de un contrato de alquiler de maquinarias. 

Adelaida Choquenaira había demandado a Morillo Ulloa, quien representaba a la empresa JJM Minería & Construcción SAC, por “obligación de dar suma de dinero” ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Chimbote. 

“Se resuelve declarar fundada en parte la demanda y, en consecuencia, se ordena que la demandada Empresa JJM, Minería & Construcción SAC cumpla con pagar al demandante, Transportes Soniluz SRL, la suma de US$ 41.535.97 más intereses legales y de costas y costos procesales, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado”, se lee en la resolución emitida en noviembre del 2011. 

Esto debido a que en el 2008 la empresaria alquiló sus maquinarias pesadas a la compañía de Morillo para que esta las utilice en varias obras públicas que se ejecutaron en la región Áncash, pero este no cumplió con el pago por el servicio. Incluso la demandante declaró en un medio de comunicación que hasta la fecha el candidato no ha cumplido con cancelarle la deuda. 

Según la denunciante, el candidato no ha cumplido con pagarle hasta el momento.

Este Diario buscó el descargo del postulante a la presidencia del Gobierno Regional de Áncash, pero este no contestó las llamadas. 

Cabe indicar que en junio pasado, el personero legal de Somos Perú pidió al JEE de Huaraz que se modifique la materia de la demanda “violencia familiar” que se había consignado por error en el Registro de relación de sentencia declarada N°2, ya que el código del expediente correspondía a un caso de alimentos.

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