Consecuencias en el INPE tras liberación de sicario: la insólita excarcelación de 'Goro'

Por Laura Urbina y Cristina Fernández

A las 6:10 de la tarde del miércoles, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó al país que el titular del sector, Vicente Zeballos, dispuso el cese inmediato de todo el Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). El motivo: la reciente liberación, bajo mandato de arresto domiciliario, del sicario Rubén William Moreno Olivo, miembro de la red del ex gobernador de Áncash César Álvarez y sentenciado a 25 años de cárcel por el primer atentado contra el ex consejero regional Ezequiel Nolasco.

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“El ministro ha ordenado que se formalice la inmediata denuncia penal y los procedimientos administrativos y disciplinarios que corresponda a los funcionarios involucrados”, indicó el escueto comunicado que difundió el Minjus a través de Twitter.

El 13 de junio pasado, Moreno Olivo, conocido con el alias de ‘Goro’, salió del penal de Piedras Gordas, pese a la condena en su contra, amparado en una orden del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Esta disponía su excarcelación y arresto domiciliario por el vencimiento del plazo de prisión preventiva que pesaba en su contra por un caso distinto al de la sentencia.

En el oficio del 16 de mayo pasado, dirigido al jefe de Ingresos y Egresos del INPE, y al que este Diario accedió, el juez señala: “Sirva disponer la inmediata excarcelación y entrega inmediata a la autoridad policial, siempre y cuando no cuente y/o registre mandato de detención en su contra emanado de autoridad competente del procesado”.

El 5 de febrero del 2019, el juez Concepción ya había ordenado el arresto domiciliario para ‘Goro’ por un plazo de 18 meses.
En su primera resolución, el juez dispuso que el INPE efectuara las coordinaciones y medidas necesarias “antes de la excarcelación con el Departamento de Arresto Domiciliario o la autoridad policial correspondiente a fin de garantizar la custodia con estrictas medidas de seguridad”.

El INPE le abrió las puertas de Piedras Gordas a ‘Goro’ pese a que este sujeto ya tenía una condena firme en la Corte Suprema a 25 años de cárcel por tentativa de homicidio contra Nolasco. A estas alturas, nadie sabe dónde está.

De no pesar una sentencia de 25 años en su contra, Rubén Moreno Olivo debería cumplir la medida de detención domiciliaria en un departamento ubicado en el Cercado de Lima que consignó como su vivienda procesal y que paradójicamente se encuentra cerca del Palacio de Justicia.

El Comercio llegó ayer hasta el edificio multifamiliar en el que ‘Goro’ debería encontrarse resguardado por algún agente de la policía, pero en el lugar no había ningún custodio. Nadie dio razón de su paradero.

—¿Quién es ‘Goro’?—
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Moreno Olivo, de 46 años, es sindicado por el Ministerio Público de ser el jefe del grupo de sicarios de la red criminal de Áncash, presuntamente dirigida por el ex gobernador regional César Álvarez.

Empezó en el mundo delincuencial brindando seguridad en las obras del Gobierno Regional de Áncash para luego cobrar los diezmos y finalmente ser considerado el brazo armado y logístico de la organización criminal.

‘Goro’ y su hermano gemelo, Gonzalo Moreno Olivo, son acusados de haber intentado asesinar a Ezequiel Nolasco el 20 de julio del 2010. En este ataque fue asesinado Roberto Torres Blas, hijo político de Nolasco. Es por este caso que en enero del 2015, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Santa condenó a Rubén Moreno a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. ‘Goro’ presentó un pedido de nulidad y dos años después, en agosto del 2017, la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió “no haber nulidad”.

El ex hombre de confianza de Álvarez también es investigado por el crimen de Hilda Saldarriaga, en el 2013, considerada testigo clave del primer atentado. Además es acusado de reclutar a sicarios para ultimar a Nolasco en el 2014 [ver cronología].

—¿Un descuido?—

“Si la persona tiene una sentencia condenatoria y a pesar de esa condena se le da libertad, eso significa que, en alguna parte del sistema de justicia, algo no está funcionando bien. Esta sentencia [confirmación de la pena de 25 años] tenía que estar inscrita y registrada. Si estaba registrada, la autoridad bajo ningún concepto tenía que haberle dado libertad”, precisa Elvia Barrios, jueza titular de la Corte Suprema. Agregó que, cuando un procesado interpone un recurso ante la máxima instancia judicial, la condena en su contra no está consentida hasta que la Corte Suprema emite su fallo.

En este caso la corte resolvió el pedido hace casi dos años y por tanto confirmó el fallo de primera instancia.

“Lo habitual es que el juez notifique a las partes en un plazo de 15 a 30 días. No obstante, inmediatamente informa al INPE para que este realice el registro en el sistema. Lo único que pudo haber ocurrido es que el expediente se haya interceptado o no lo hayan inscrito”, señaló.