Instalarán una comisión de trabajo este lunes en Sihuas.(Foto: Cortesía Prefectura de Áncash).
Instalarán una comisión de trabajo este lunes en Sihuas.(Foto: Cortesía Prefectura de Áncash).
Laura Urbina

El Comité de Seguridad Ciudadana de la región Áncash, recomendó suspender temporalmente el servicio de administración de justicia en las sedes del Ministerio Público y Poder Judicial, en la provincia de Sihuas. Ello, luego de que los ronderos atentaran contra estas instituciones.

El último viernes 20, decenas de personas quemaron los expedientes fiscales y judiciales, así como equipos informáticos y enseres durante una protesta para exigir el cambio de magistrados y de policías, ya que -según su versión- la mayoría de denuncias se archivan y no encuentran justicia.

Al respecto, el prefecto de la región Áncash, Alex Cordero Cuisano, informó que el personal de ambas instituciones se han retirado de Sihuas, a fin de proteger su integridad y, al menos, 100 efectivos se han trasladado a la zona para restablecer el orden.

Además, se ha conformado una comisión de inventario de los archivos del Ministerio Público y Poder Judicial para cuantificar las pérdidas.

"No solo han destruido expedientes que involucran casos que motivaron sus protestas, sino valiosos documentos de procesos de alimentos, civiles y otros que perjudicarán a la comunidad”, declaró Cordero Cuisano.

También mencionó que este lunes se instalará en Sihuas una comisión de trabajo para evaluar los daños y atender las quejas de la población. Representantes del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial serán los que lleven adelante esta labor.

Por su parte, la Prefectura de Áncash ha recomendado que se cambie el personal de la comisaría, el Ministerio Público y Poder Judicial para evitar más conflictos.

Se conoce que la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades, debido a que algunas personas que tienen denuncias o procesos pendientes habrían azuzado a los manifestantes para que incineren los archivos.

En tanto, la jefa de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Rina Rodríguez Luján, condenó la violencia y pidió se identifiquen a los culpables.

"Condenamos los actos de violencia que sin duda ha desnaturalizado la marcha que han convocado los familiares del joven Eloy Aurelio Cueva Soto quien fue asesinado en mayo pasado. Lamentamos esta conducta porque se ha terminado perjudicando a miles de justiciables que han tenido investigaciones y juicios en curso por diversos delitos", enfatizó.

La abogada instó a la población a canalizar su indignación a través del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.

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