Crimen en Samanco: fiscalía pide ampliar investigación 8 meses

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal del Santa, Chimbote, denunció a los ex concejales del distrito de Samanco por un nuevo delito: asociación ilícita para delinquir. Además, ha pedido la ampliación por ocho meses más para la investigación por sicariato, delito por el que se les procesa desde diciembre del 2015. 

Asimismo, incluyó en la investigación por asociación ilícita para delinquir a Juan Bazán Cribillero, abogado de Carlos Bazán Castro, quien es acusado de planear el crimen del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, el pasado 20 de octubre. Para él se ha requerido comparecencia restringida.

El Ministerio Público sostiene que Carlos Bazán y los regidores se asociaron y coludieron para sacar del gobierno a Francisco Ariza a fin de lucrar con los recursos del municipio; sin embargo, como no lograron expulsarlo legalmente, planearon su muerte.

Carlos Bazán había financiado la campaña electoral de Casana Escobedo, el mismo que conversó con la ex autoridad para que se encargue de colocar a trabajadores de confianza en puestos claves de la municipalidad y tener el control de los concursos públicos y la dación de los bienes y servicios a proveedores por todos los años de la gestión.  

Desde enero del 2015, el primer regidor Francisco Ariza cumplía las funciones de Jaime Casana Escobedo, ex alcalde electo inhabilitado por una condena de corrupción. Los concejales se dedicaron a petardear su gestión a través de las obstrucciones en las sesiones de concejo, abstenciones en las votaciones y pedidos de vacancia en su contra.

Según la fiscalía, Bazán Cribillero, primo del abogado Carlos Bazán, formaría el brazo jurídico de la banda delictiva. Se desempeñó como su abogado, además de serlo de los cinco concejales y Jaime Casana.

Tras el crimen de Ariza, laboraba como asesor legal externo de la municipalidad de Samanco y recomendó a los gerentes de Contabilidad y Logística, quienes laboraron en la comuna hasta diciembre del 2015.  

La fiscalía ha determinado que en la asociación giró S/ 290.000 por la elaboración de servicios fantasmas y pago a trabajadores que nunca laboraron en el municipio.