Caso Nolasco: el homicidio que reveló el nivel de expansión del crimen organizado en la política peruana

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Era el 17 de julio del 2013. Un hombre bajito, de poco más de cincuenta años, se plantó con su familia a las afueras de la Corte Superior de Justicia del Santa con pancartas y un megáfono en mano. A medida que se intensificaba la protesta, el hombre se quitó la camisa y se trepó al asta donde el establecimiento judicial izaba su bandera. Se colocó una cadena gruesa alrededor de su pecho y empezó a gritar el nombre de cada uno los jueces que intentaban excluir al alcalde de esa provincia, Luis Arroyo Rojas, en la investigación por el asesinato de su hijo. El hombre, además, tenía un cartel que decía: “Poder Judicial y Ministerio Público al servicio de la mafia de Áncash”. No sería la última vez que haría algo parecido. El hombre se llamaba Ezequiel Nolasco.

Nolasco sabía bien a quiénes se enfrentaba. Por eso, cuando la policía lo sacó a empujones de la sede del Poder Judicial no tuvo miedo. Era consciente, por ejemplo, que el atentado que sufrió el 20 de julio del 2010 en su casa era con el fin de matarlo a él y no a su hijo que recibió un impacto de bala en el cuello. Se trataba del precio por denunciar a “La Bestia”, el entonces todopoderoso gobernador regional de Áncash, César Álvarez, su excompañero del movimiento “Cuenta conmigo”. La principal arma con la que contaba en esa batalla solitaria era el ímpetu con el que enumeraba uno a uno los crímenes de Álvarez en cada oportunidad que tenía. Sin embargo, aún eran tiempos en que la autoridad regional gozaba de una indescriptible impunidad. Los gritos de Nolasco eran tomados solo como un hecho aislado. Un denunciante más de Nuevo Chimbote. Hasta que sus advertencias un día se hicieron realidad. Sus enemigos lo alcanzaron.

Ver también: ¿Cómo actuaba la presunta red criminal de César Álvarez?

Nolasco fue asesinado la noche del 14 de marzo del 2014 en una bodega en Huacho, mientras regresaba a su tierra de un fugaz viaje a Lima. Lo mató un sicario de tres balazos en la cabeza. Fue a partir de su muerte que el país entero recién empezó a prestar atención a sus denuncias. Nolasco había dicho que si algo le pasaba los responsables estaban en el gobierno regional de Áncash. Motivados más por el escándalo del asesinato, las autoridades de Lima comenzaron a tomar en cuenta lo que en vida había dicho el ex consejero regional. Álvarez no solo era la máxima autoridad de esa región, sino también el cabecilla de una organización criminal compuesta a su vez de sicarios dispuestos a aniquilar al que se les opusiera. Para ello, tenía a jueces, fiscales, periodistas, políticos y empresarios en su bolsillo. En ese submundo, no había nadie con más poder que aquel gobernador regional que aspiraba algún día alcanzar la presidencia de la República.

La ficha de Álvarez dice que incursionó en la política a los 31 años. Postuló a la alcaldía del Santa en 1998 con su partido “Cuenta Conmigo”. Sin embargo, no tuvo éxito. Dos años después, intentó llegar al Congreso de la mano del Frente Independiente Moralizador (FMI). Tampoco lo consiguió en las tres ocasiones que postuló por un escaño. Sin embargo, eso le sirvió para conocer la política real desde los pasillos del Parlamento como asistente. Allí se hizo de contactos que tiempo después serían sus aliados, como el ex congresista Heriberto Benítez. Fue en el 2006 que Álvarez llegó al cargo de gobernador regional. Repitió en el 2010 e intentó postular de nuevo al puesto pero renunció a sus planes a raíz de la presión pública que se generó por la muerte de Nolasco. No se sabe con exactitud desde cuándo Álvarez comenzó sus actividades ilícitas, pero sí que su principal fuente de ingresos era el reparto de obras públicas.

De hecho, una de las denuncias más fuertes de Nolasco se centró en un paquete de proyectos supuestamente sobrevalorados en más de S/300 millones. Entre ellas, la carretera Chacas-San Luis-Carhuaz. Esto se había producido a raíz de un convenio que Álvarez había firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para que se encargara del proceso de selección y licitación. Según Nolasco, el trasfondo era eludir los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

José Sánchez Milla, quien por entonces reemplazaba a Álvarez como gobernador regional porque este había pedido licencia para postular a la reelección, se había mostrado crítico al convenio con la OEI y pensaba suspenderlo. No obstante, el 12 de julio del 2010, siete días después de asumir como gobernador regional interino, Sánchez Milla fue asesinado. Ocho días después, sicarios de Álvarez atentaron contra Nolasco y mataron a su hijo.

Pese a ello, “La Bestia” ganó la reelección en octubre de ese año y el convenio se mantuvo. Una vez en el poder, Odebrecht ganó la buena pro de la carretera valorizada en S/404 millones.

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La influencia de este gobernador regional trascendía Áncash. Su red llegaba a fiscales supremos como Carlos Ramos Heredia o ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Álvarez había entendido que para acumular poder era necesario gozar de impunidad y para ello debía de tener injerencia en el sistema de justicia. Tal vez la muestra más clara de esa influencia fue la separación de un grupo de fiscales que se atrevieron a ingresar, el 13 de julio del 2011, al centro de operaciones de la organización criminal de Álvarez conocido como “La Centralita”, un inmueble ubicado en el jirón Los Pinos N° 600 de la urbanización “La Caleta” (Chimbote).

Fue a raíz de este último caso donde se conocieron más nombres de personas que ayudaron a “La Bestia” y después ocuparon las páginas judiciales. Uno de ellos era el empresario Martín Belaunde Lossio, ex asesor del presidente Ollanta Humala, y el abogado Rodolfo Orellana, cabecilla de una presunta red dedicada al lavado de activos y tráfico de terrenos. Fue el caso de Álvarez el que levantó el velo de cómo el crimen organizado se había infiltrado en la política no solo regional sino nacional. Luego de la caída de este ex gobernador, le siguieron sus colegas de otras regiones como Gregorio Santos (Cajamarca) y Gerardo Viñas (Tumbes). Pero fue el caso del gobernador ancashino el que más estupor causó.

El 15 de mayo del 2014, el Poder Judicial ordenó la detención de Álvarez, lo cual se hizo efectivo al día siguiente pues él se entregó en la sede de la Sala Penal Nacional de Lima alegando inocencia. Desde entonces, está preso. Ayer fue condenado finalmente a 35 años de cárcel.

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