Un dato importante: la mayoría de acusados son convivientes (35,5%) y ex convivientes (24,7%) de las víctimas. (Foto: archivo)
Un dato importante: la mayoría de acusados son convivientes (35,5%) y ex convivientes (24,7%) de las víctimas. (Foto: archivo)
Alicia Rojas Sánchez

El Perú es el octavo país (de un total de 23) de América Latina con el mayor índice de feminicidios, según cifras otorgadas por el observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe(Cepal).

Según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en estadísticas actualizadas hasta ayer, en el país se registraron 116 casos de feminicidio. En el 2016, hubo 124 casos de feminicidio y 258 tentativas.

Un dato importante: la mayoría de acusados son convivientes (35,5%) y ex convivientes (24,7%) de las víctimas.

El MIMP reportó, además, que la mayor cantidad de víctimas de feminicidio y tentativas se concentró en Lima Metropolitana (99),
Arequipa (33) y Junín (20). Arequipa registró 10 casos más de feminicidios y tentativas este año en comparación con el 2016.

—Situación al cierre—
En noviembre, el pleno del Congreso aprobó –a través de la modificación del artículo 57 del Código Penal– que se amplíe la prohibición de dictar prisión suspendida a condenados por lesiones leves causadas contra la mujer y contra integrantes del grupo familiar.
Al respecto, María Cedano, presidenta de Demus, comentó que “ha sido aprobado, pero no lo han promulgado, porque el Ejecutivo lo ha observado y ha regresado al Congreso. El reto es la insistencia de la derogatoria”.

Consultada por El Comercio, la titular del MIMP, Ana María Choquehuanca, dijo que la norma sería promulgada “en los próximos
días”.

Para Cedano, la solución de la problemática de violencia contra la mujer y feminicidios en el país implica más acciones conjuntas desde el Estado. “Se debe reforzar la educación sexual en los colegios con enfoque de género y un sistema de justicia también con enfoque
de género”, dijo. Y agregó: “¿De qué vale que aprobemos leyes, pero luego no se apliquen correctamente porque se incurre en prejuicios o estereotipos de género?”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó este año el respaldo de los ministros de Estado para que el 2018 sea denominado año de la igualdad y la no violencia contra las mujeres.

Respecto a esta propuesta, Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la defensoría, comentó que “esta propuesta es una manera de llamar la atención sobre la necesidad que tenemos de pasar de la norma a la acción”.

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