Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, unas 20 mil personas desaparecieron en el país entre 1980 y el 2000. (Foto: Musuk Nolte / Archivo El Comercio)
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, unas 20 mil personas desaparecieron en el país entre 1980 y el 2000. (Foto: Musuk Nolte / Archivo El Comercio)
Luis García Bendezú

El pedido de los familiares de las personas desaparecidas en el Perú durante el terrorismo fue escuchado. El último miércoles, el Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que ordena la creación de un banco de datos genéticos. Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, el decreto fue introducido como parte de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.

El banco de datos genéticos –que será gestionado por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del sector Justicia- permitirá contrastar el ADN de los familiares de las víctimas con los restos óseos hallados en fosas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), durante los años más oscuros del terrorismo -entre 1980 y el 2000- desaparecieron 20.511 personas en el país. De ellas, unas 13 mil siguen con paradero desconocido y de 5.700 se conoce su ubicación, pero no hay certeza legal de su muerte.

En declaraciones a El Comercio, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, señaló que en los próximos días la creación del banco de datos genéticos será publicada en el diario oficial “El Peruano”. Luego, se deberá establecer un reglamento sobre cómo funcionará esta herramienta. El viceministro aclaró que no se creará un nuevo laboratorio en el Ministerio de Justicia, sino que se usarán, por ejemplo, los servicios del Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público que ya tiene especialistas en genética y ciencias forenses.

Daniel Sánchez señaló que una vez que se ponga en marcha el banco de datos genéticos, los familiares de las personas desaparecidas que así lo deseen, podrán dejar constancia de su ADN. La semana pasada la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) señaló que este banco de datos  es crucial debido a que muchos de los familiares de los desaparecidos son adultos mayores que no pueden desplazarse. Existe el riesgo de que estas personas fallezcan sin que queden pruebas de su vínculo con los restos óseos de los sitios de entierro.

Vale recordar que el anuncio de la creación del banco de datos genéticos se realiza a un año de la muerte de Angélica Mendoza de Ascarza, también conocida como Mamá Angélica, quien dedicó buena parte de su vida a promover los derechos de los familiares de las personas desaparecidas durante la violencia.

Por su parte, la asociación Reúne, que apoya a los familiares de desaparecidos, informó que más de 29 países tiene bancos de datos genéticos para la búsqueda de personas en contextos de violencia. En la región, por ejemplo, hay herramientas similares en Chile, Puerto Rico, Colombia, Uruguay, Brasil, Guatemala y México.

La creación de esta base de datos tiene el respaldo de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja (que también promovió la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas). Un primer proyecto de  base de datos genéticos había sido presentada al Congreso en diciembre del 2017. No obstante la aprobación fue dejada en suspenso por el parlamento.

Este miércoles se realizó una ceremonia de reconocimientos individuales y colectivos a víctimas del terrorismo en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Foto: Minjusdh)
Este miércoles se realizó una ceremonia de reconocimientos individuales y colectivos a víctimas del terrorismo en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Foto: Minjusdh)

-Reparaciones-
El anuncio de la creación del banco de datos genéticos se realizó en una ceremonia de reconocimientos individuales y colectivos del Plan Integral de Reparaciones del Ministerio de Justicia. En esta actividad participaron 27 alcaldes distritales y 85 representantes de comunidades beneficiarias de reparaciones colectivas. El sector Justicia ha atendido a la fecha a unas 85 mil víctimas del periodo de terrorismo -entre civiles, policiales y militares- con algún tipo de reparación. Además, ha dado reparaciones colectivas a 2.650 comunidades y 24 organizaciones de desplazados.