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Carlos Peña

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Contraloría General de la República en Abancay (Apurímac), el gerente general de control, Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes, dio detalles en torno al operativo realizado entre el 22 y el 26 de abril, denominado “Designación de funcionarios en cargos de confianza de los gobiernos regionales y locales”. 

En el caso del Gobierno Regional de Apurímac, de 65 funcionarios de confianza del gobernador Baltazar Lantarón Núñez, 48 no cumplen con el perfil requerido, es decir el 73.85%. En el caso de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas; de 22 funcionarios de confianza, nueve no cumplen con el perfil, o sea el 40.91%. 

En la Municipalidad Provincial de Abancay; de 35 funcionarios de confianza, 14 no cumplen con el perfil, se trata del 40%. En la Municipalidad Provincial de Chincheros; de 16 funcionarios de confianza, 12 no cumplen con el perfil, o sea el 75%. En la Municipalidad Provincial de Cotabambas; de 14 funcionarios de confianza, ocho no cumplen con el perfil, es decir el 42.86%. 

En la Municipalidad Provincial de Aymaraes; de ocho funcionarios de confianza, siete no cumplen con el perfil requerido, se trata del 87.50%. En la Municipalidad Provincial de Antabamba; de seis funcionarios de confianza, cinco no cumplen con el perfil, o sea el 83.33%. Y en la Municipalidad Provincial de Grau; de 13 funcionarios de confianza, dos no cumplen con el perfil, se trata del 15.38%. 

Niño de Guzmán indicó que en este operativo se usó como base lo establecido en los documentos de gestión, como son el Manual de Organización y Funciones (MOF), clasificador de cargos, entre otros. Dijo además que la transgresión de lo advertido podría afectar la continuidad de los procesos de gestión así como los resultados o el logro de los objetivos de las citadas entidades. 

Agregó que las entidades advertidas tienen que presentar un informe de acción. Se espera que en un plazo de tres meses realicen las acciones correctivas. De continuar con funcionarios que no cuenten con los requisitos para los referidos cargos públicos, la Contraloría programara una auditoria de cumplimiento de hecho irregular específico. En esta ya no se tendrá un componente preventivo sino identificatorio de responsabilidades administrativos funcionales y penales por designación indebida del cargo.

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