Las Bambas
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Alicia Rojas Sánchez

Representantes del Ejecutivo y los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca y Antuyo, se reunieron este miércoles en Nueva Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, ) para acordar la instalación de la mesa de justicia y derechos Humanos.

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Esta mesa es uno de los nueve puntos de la plataforma provincial, y tiene como objetivo revisar las denuncias penales efectuadas contra los comuneros que participaron en protestas durante los últimos años.

En la jornada, presidida por el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, también participó el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez; y otros funcionarios.

Por parte de las comunidades, asistieron Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba; Javier Ochoa Núñez, presidente de Huancuire; Juvenal Huamaní Ancalla, presidente de Pumamarca; y David Huillca Huanca, presidente de Antuyo.

“Las cuatro comunidades solicitaron una reunión porque consideran que son prioritarios, ya que tienen más personas denunciadas en el fuero judicial”, dijo Molina a El Comercio.“Ellos [las comunidades] dicen que más de 500 [comuneros tienen denuncias], pero eso hay que verificarlo porque nadie tiene la información completa. Hemos quedado en que el Ministerio de Justicia va a documentarlos para tener un inventario real y poder tipificarlos en función de su complejidad”, precisó.

Nueva reunión

Molina señaló que las comunidades “han insistido mucho” en que los representantes del Poder Judicial y Ministerio Público lleguen a Cotabambas para explicar la situación de los casos.

Por ello, informó que les enviará un oficio a estas instituciones –al igual que a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)– para invitarlos a una reunión en Nueva Fuerabamba este miércoles 24. “Por más que se explique que somos poderes separados, insisten en que debemos traerlos [...] Esos poderes evaluarán y responderán”, agregó.

Asimismo, El Comercio confirmó que el corredor minero continúa libre y el tránsito no ha sido interrumpido. El viceministro Molina explicó que el acuerdo tomado este miércoles por las comunidades es que, si no se cumple con la reunión del miércoles 24, las comunidades retomarían sus medidas de fuerza.

“Yo los he invocado a que ese tipo de comportamiento no ayuda en nada a la solución de sus preocupaciones, pero eso dijeron y en eso quedaron. Hasta el miércoles, sabemos que la vía estará libre”, indicó Molina.

Al respecto, este Diario buscó a Gregorio Rojas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

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