En algunas calles de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, los vecinos siguen embanderando sus viviendas y negocios con mensajes que rechazan la actividad minera en la zona.
En algunas calles de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, los vecinos siguen embanderando sus viviendas y negocios con mensajes que rechazan la actividad minera en la zona.
Jorge Malpartida Tabuchi

Las banderas de protesta con la frase “Agro sí, mina no” siguen ondeando en el Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay. En los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón se ve en los techos y puertas de las casas propaganda en contra del proyecto cuprífero Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation.

Según los vecinos, estas banderas verdes, que se hicieron conocidas durante el paro general de la provincia en el 2015, no son solo un adorno, sino “un símbolo de la oposición” hacia la actividad minera.

Aunque algunas están desgastadas, en la mayoría de casas se renuevan las telas cada cierto tiempo. Estas banderas, diseñadas en talleres en las afueras de Cocachacra, tienen ahora, incluso, mensajes más agresivos contra la minera.

Desde que Southern anunció que esperaba que el Gobierno le emita la licencia de construcción de Tía María en la primera mitad del 2018, la tensión empezó a escalar en Islay. El Ministerio de Energía y Minas (Minem), la entidad que debe dar dicha autorización a Southern, informó a El Comercio que actualmente el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) evalúa un informe técnico que presentó la empresa. Una vez que Senace emita sus conclusiones, el ministerio revisará nuevamente el expediente del proyecto para darle una respuesta a la minera. El Minem evitó especificar fechas y plazos. Sin embargo, sí dijo que “todo proyecto requiere de las mejores condiciones económicas, financieras, técnicas, ambientales y sociales para desarrollarse”.

Según lo anunciado, Tía María generaría 3 mil puestos de trabajo solo en su etapa de construcción y podrían extraerse 120 mil toneladas anuales de cobre cuando entre en producción. Esta cifra equivale al 6% de la producción nacional de ese metal en el 2017.

No obstante, de acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, este conflicto social está activo y sin canales de diálogo abiertos. Los opositores temen que la explotación minera genere impactos al medio ambiente y afecte la agricultura, la principal actividad económica en la zona.

Estos miedos han desencadenado movilizaciones desde el 2009 en Islay. El paro iniciado en marzo del 2015 fue el más prolongado y violento. Durante dos meses hubo enfrentamientos casi a diario entre la población (a veces armada con hondas y piedras) y la policía, que dejaron cuatro muertos (tres civiles y un agente) y más de cien heridos.

Ítalo Gutiérrez es un agricultor beneficiado por la socialización de Southern.
Ítalo Gutiérrez es un agricultor beneficiado por la socialización de Southern.

Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y uno de los dirigentes del último paro, asegura que de darse el visto bueno para que Tía María se construya habrá nuevas protestas. “Esta vez se encontrarán con una resistencia mayor a la que hubo antes”, amenaza.

—Voces en las calles—

El Comercio recorrió el Valle de Tambo para conocer la percepción de la población respecto al proyecto. En El Fiscal, un anexo ubicado a 3,7 km del sector de operación de la mina, la principal preocupación es la contaminación del aire y el suelo. “El polvo que levantarán las explosiones sofocará los cultivos de arroz y hortaliza”, advierte Benita Bustinza, una vecina. Al respecto, Southern asegura que minimizará estos efectos humedeciendo los caminos y manteniendo el material dentro de un domo cerrado.

Asimismo, el proceso de lixiviación, mediante el cual se separará el cobre de la roca, también inquieta a los agricultores. La creencia es que los ácidos utilizados podrían hundirse en la tierra y contaminar las aguas subterráneas usadas para regar. Sin embargo, la empresa dice que la lixiviación se hará a 11 kilómetros del valle, en una gran cancha impermeabilizada por una geomembrana de alta resistencia.

En la plaza San Francisco de Cocachacra, en donde hace tres años los opositores se reunían antes de comenzar a marchar, encontramos a jornaleros y transportistas que están dispuestos a participar en un nuevo paro indefinido. “Los maltratos [durante la protesta] no se olvidan. La policía se metió a mi casa como si fuera un delincuente”, dice uno de los taxistas.

En su vivienda de El Arenal, Elena López, viuda de Ramón Colque, uno de los agricultores que murió en el 2015, cuenta que este conflicto ha dejado heridas imposibles de cerrar. “Mi esposo defendía la agricultura y por respeto a su recuerdo y al de otras víctimas, muchos vecinos creen que la mina no puede entrar al valle”, dice sosteniendo una foto del difunto.

Elena López sostiene una foto de su esposo, Ramón Colque, fallecido en las protestas antimineras del 2015.
Elena López sostiene una foto de su esposo, Ramón Colque, fallecido en las protestas antimineras del 2015.

—Trabajo con la población—

El rechazo a Tía María no es unánime en el valle. Existen sectores que ven con buenos ojos el inicio del proyecto. El cambio de actitud es consecuencia del trabajo de Valle Unido, el equipo multidisciplinario de Tía María, que a través de programas sociales y una labor informativa en centros comunitarios está acercándose a la población.

En el 2017, por ejemplo, se dieron 12.300 atenciones veterinarias a ganaderos. Además, 1.500 personas participaron en campañas médicas.

Valle Unido también capacita y asesora con técnicos a cientos de agricultores para que mejoren su producción y diversifiquen sus cultivos. Uno de los participantes es Ítalo Gutiérrez, quien considera que el dinamismo económico que generará Tía María les dará acceso a tecnología. “Con más ingresos podríamos instalar sistemas de riego por goteo y aspersión para ser más competitivos, y así aprovechar la poca agua que existe en el valle”, dice. Para este tambeño, la bonanza minera, antes que una maldición, puede ser una oportunidad para fortalecer la labor agrícola.

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