Beatriz Alva Hart: “Petro-Perú tiene que reconocer que no ha tenido una gestión social adecuada”

En agosto el presidente de la empresa estatal Petro-Perú, Carlos Paredes, planteó el cierre del Oleoducto Norperuano (ONP) como una posibilidad frente a las millonarias pérdidas que registra la infraestructura, entre atentados y conflictos sociales. La gerenta de Gestión Social y Comunicaciones de Petro-Perú informa que la empresa ha iniciado una etapa en que el nuevo contrato social con las comunidades es una estrategia para hacer viable el ONP.

El señor Carlos Paredes, presidente de Petro-Perú, planteó la posibilidad de cerrar el ONP si no se mejoraba su producción y seguridad, ¿continúan en la misma línea?

El ONP es parte de la política de hidrocarburos de nuestro país. Por lo tanto, si bien hoy no es rentable mantener la operación del ONP, debemos evaluar con el Gobierno acciones conjuntas para hacerlo viable. Uno de los principales temas es el costo del ONP, que está relacionado precisamente en los problemas sociales que competen a una deuda que ha sido reconocida por el Gobierno. Ese tema ya ha tenido una respuesta con el decreto supremo del Ejecutivo de cierre de brechas sociales en las comunidades en Loreto.

¿Creen que esto disminuirá los conflictos sociales con comunidades que denuncian que constantemente son afectadas por la actividad petrolera?

No solo hablamos de conflictos sociales sino de actos delictivos. Recordemos que el ONP es un activo crítico nacional y corresponde trabajar toda la cadena custodia. Nosotros estamos interponiendo las denuncias correspondientes pero además, estamos trabajando en lo que nuestro presidente Carlos Paredes ha declarado como el nuevo contrato social con las comunidades. Porque debemos de separar la paja del trigo. Es cierto que tenemos brechas sociales y mucha desinformación porque Petro-Perú tiene que reconocer parte de su responsabilidad porque no ha tenido una gestión social adecuada. Esta recién empieza a estructurarse a partir del año 2016.

¿Y cuáles son esas acciones de gestión social que han iniciado ahora?

Estamos en el trabajo de reconstrucción de las relaciones con las comunidades que son aledañas al ONP a través de diferentes obras de inversión social y a través de una alianza que nosotros la estamos volcando en la incorporación de las comunidades en el mantenimiento del derecho de vía del ONP. Es decir, el desbroce (limpiar de vegetación del derecho de vía por el que pasa el ducto). Y no solamente eso, además hemos incorporado el sistema de alerta temprana y así entrenamos a las personas para que reporte diariamente incidentes de seguridad.

Generar una relación más cercana a través de brindarles trabajo…

Este servicio de desbroce del derecho de vía y de alerta temprana es un sistema de empleo permanente con las comunidades. Obviamente con salarios acordes con la zona, o sea ya no estamos hablando de salarios perversos es de alguna forma un relacionamiento laboral sano de Petro-Perú con las comunidades que son sus aliados naturales.

¿Y ya han tenido resultados?

Este sistema de desbroce se ha podido implementar en el Tramo I del ONP al 100%. Recordemos que el tramo I fue el que tuvo catorce atentados en el 2016 y luego dos más en el 2017 y ahora estamos más de 18 meses con paz social.

¿Y cuál es la situación del ramal norte?

En el Ramal Norte que es donde ahora tenemos los mayores conflictos no en cantidad pero sí en perversidad, estamos intentando entrar con el desbroce. Hay comunidades que empezarán con el desbroce pero hay otra que es la compleja en estos momentos que es Mayuriaga en donde no podemos avanzar absolutamente nada, que es donde hubo un corte porque no estuvieron de acuerdo con el resultado electoral.

¿Cuál es la situación actual en Mayuriaga?

En Mayuriaga tenemos entre doce y catorce puntos críticos en el ONP que tenemos que reparar. Hemos enviado cartas, hemos ido personalmente reiteradas veces, han convocado a los líderes de Mayuriaga a Lima, nos hemos reunido con ellos en PCM para explicarles la urgencia de hacer estos mantenimientos pero hay una negativa abierta. Y nos preocupa porque seguimos bombeando. Estamos pidiéndole una reunión en Osinergmin para explicarles lo que está sucediendo porque ellos ya nos ha mandado una resolución donde nos dicen que o paramos el bombeo de petróleo o bajamos el nivel de presión de la tubería para minimizar el riesgo. El tema es que para bajar la presión, tenemos que ir a la zona y no lo podemos hacer.

¿Existe la posibilidad de entrar por la fuerza?

Nos hemos reunido con las Fuerzas Armadas. Estamos por firmar un convenio con ellos no solamente por el tema punitivo sino para el tema de trabajo en conjunto durante tiempos de paz y también para el tema de disuasión. Pero también hay un esfuerzo importante con el Ministerio Público porque nosotros tenemos más de 20 carpetas fiscales y hasta el momento no hay ni una persona detenida por los sabotajes abiertos al ONP desde el 2016. Entonces, se respira un aire de impunidad que la misma población rechaza porque somos conscientes que hay comunidades cautivas por esos líderes.

Me dice que están trabajando en acciones para hacer viable el ONP que tiene pérdidas anuales de US$20 millones, ¿a qué acciones concretas se refiere?

Por un lado, este esfuerzo para la reconstrucción de las relaciones del nuevo contrato social, para el que además nuestro presidente, Carlos Paredes, ha convocado a la industria, o sea que el esfuerzo no solo sea de Petro-Perú sino que sea de las empresas productoras de hidrocarburos porque para ellas el ONP es la carretera principal o la única carretera por la que se transporta el crudo pueda tener sostenibilidad. Y lo otro, es el decreto legislativo 1292 que nos exige la modernización del oleoducto.

¿Y en qué sentido iba la declaración del señor Paredes al plantear cerrar el ONP?

El comentario del señor paredes está referido a que tenemos que ver de manera conjunta alternativas para que efectivamente sean viables, porque o dejan sin efecto DL 1292 y dejamos el ONP como está u obviamente seguimos con el cumplimiento del mandato pero además vemos este tema de la viabilidad social. El decreto supremo sobre las brechas sociales es un tema de avanzada porque además estamos viendo que hay dos temas que se relacionan con la viabilidad del oleoducto. El primero que es el tema técnico y el otro tema es que tienes conflictos sociales que no te dan la talla para seguir trabajando. Y hay una tercera pata, que son las nuevas exploraciones donde Perupetro tiene que hacer más atractiva la industria petrolera para que se inviertan en nuevos pozos.

¿Por qué la consulta previa del lote 192 ha pasado del Minem a Perupetro?

Esa es una decisión de gobierno. Recordemos que Perupetro es el que lidera todas las inversiones de hidrocarburos. Y en esa línea se ha determinado eso, tengo entendido, para poder hacer atractivo a la oferta a los inversores, es como darle la viabilidad económica, técnica y social.

¿Petro-Perú ya eligió la empresa con el que asumirá el contrato de concesión del lote 192 por los próximos 30 años?

No, nosotros hemos contratado al Bank of America para hacer justamente todo este proceso de evaluación de los postores y están ahora en ese trámite.

Pero la fecha del contrato de Frontera Energy vence en marzo, ¿no tienen fecha límite?

Lo que pasa es que si en marzo es nuestra fecha límite y el postor no va a poder entrar a operar propiamente hasta que esté la consulta previa.