“Candidatos al 2016 deben ser claros sobre descentralización”
“Candidatos al 2016 deben ser claros sobre descentralización”
Pamela Sandoval Del Águila

Trece años después de iniciada la administrativa y financiera del país, los indicadores sobre mejoras en la calidad de vida no resultan del todo adversos. Sin embargo, como afirma José Escaffi Kahhat, experto en proyectos de inversión y gerente de la consultora AC Pública, un detalle importante diferencia a la gestión de Ollanta Humala de las de sus predecesores, Alejandro Toledo y Alan García: por primera vez, presidentes regionales y alcaldes provinciales o distritales, con indicios graves de corrupción, fueron encarcelados y sometidos al Poder Judicial.

“Aunque estos escándalos agravaron la visión negativa de la gente sobre la descentralización, al punto que hoy tenemos un 61% que la considera un fracaso, los casos de [Gregorio] Santos, [Kléver] Meléndez o [Roberto] Torres en Chiclayo evidenciaron que descentralizar es mucho más que repartir plata. Sin un seguimiento a los gobiernos, ni una evaluación real de sus capacidades, todo es presupuesto que se desperdicia”, detalla.

— ¿Ha habido mejoras en el proceso de descentralización en los últimos cuatro años?

Sería injusto analizar solo lo actuado en el último gobierno cuando la descentralización empezó en el 2002. Hubo mejoras, como la intervención más notoria de la contraloría y del Ministerio Público, pero el problema de fondo se mantiene. El Ejecutivo sigue dejando de lado su papel de ente rector, que acompañe el gasto del presupuesto en servicios para las regiones y sancione los incumplimientos.

— Con una campaña presidencial cada vez más cerca, ¿cree que la descentralización ocupará un lugar importante en los planes de gobierno propuestos por los candidatos?

Después de los últimos escándalos por corrupción, es muy probable que esté más visible en los discursos, pero como un “Vamos a coordinar”, pues así se entiende.

— ¿Cuál debería ser el enfoque?

Los candidatos presidenciales deben hablar claro sobre descentralización. Dado que las regiones reciben casi el 60% del presupuesto, que este no se gaste bien, ni a tiempo y sin continuidad en los proyectos de gestión es un disparate.

—¿Qué sugerencias haría para reforzar la descentralización?

El proceso debe ser asumido por el Ejecutivo, reabriendo un órgano como el Consejo Nacional de Descentralización [desactivado en el 2007] para que coordine con los gobernadores. No se puede legislar desde un gabinete, con leyes homogéneas para realidades distintas. Los ministerios también juegan un rol fundamental. Salvo Vivienda, ninguno cuenta con mecanismos para garantizar la calidad y cobertura de  los servicios.

—Pese a los casos de corrupción en las regiones, hubo otros de éxito como los de San Martín y Moquegua. ¿Cómo se explican si el Ejecutivo no ejerce control sobre el proceso?

Los desempeños diferenciados de [César] Villanueva en San Martín o el de [Martín] Vizcarra en Moquegua han dependido más de personas que de instituciones. Eran profesionales con experiencia que respondían a objetivos y algo muy atractivo: presupuesto por resultados. Años atrás la Cajamarca de [Jesús] Coronel también se esmeró en hacer las cosas bien. En la misma senda va la Piura de [Javier] Atkins. Pero si hablamos en serio de una política de Estado, no podemos depender de personas. Los cambios tienen que trascender a las gestiones.

— ¿El presupuesto por resultados sería un control eficiente?

Por supuesto. Con la autonomía dada a las autoridades regionales, muchos la asumieron como una carta libre para hacer lo que les diera la gana. ¿Cómo lo puedes reorientar? Con el dinero. Hay que repasar la asignación de funciones, recodar qué entidad hace qué, identificar modelos que funcionan e imitarlos. Si la región o municipalidad demuestra tener el personal y las capacidades para hacerse responsable, recién se le da presupuesto. Pero si no, el Estado debe asumir su rol.

— ¿No sería volver a la centralización?

No. Tomemos por ejemplo el agua. En el Perú hay 55 entidades prestadoras de servicios que atienden al 62% de la población, 500 unidades básicas de saneamiento municipales y juntas de agua y saneamiento. Entre todas, no se dan abasto, más bien han atomizado el sistema. Más eficiente y barato sería tener pocas y fiscalizadas.