Cinco sujetos apresados con 7 toneladas de droga quedarían en libertad

Más de 200 agentes antidrogas tardaron cuatro días en contar las siete toneladas y media de cocaína que estaban camufladas en bloques de carbón mezclados con piedras. En cada paquete se habían escondido kilo y medio de cocaína. Los narcotraficantes habían hecho un forado en la piedra para colocar la cocaína, luego le añadieron carbón diluido y un químico que, en dos meses, convertía la mezcla en un gran bloque de carbón. Todo el mineral y la droga estaban almacenados en un búnker subterráneo, en un depósito del sector Valdivia Baja de Huanchaco, en Trujillo.

“Es una operación histórica y la más grande del país”, declaró el entonces jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, el general Vicente Romero.

La operación, denominada Carbonero, logró desbaratar, en agosto del 2014, a una de las más grandes redes dedicadas al narcotráfico. Las toneladas de droga estaban listas para ser enviadas por el puerto de Paita (Piura) o el Callao, a Bélgica y España. Para ello, la banda había creado dos empresas (una de ellas Alfa y Omega) dedicadas a la exportación de carbón mineral y de capitales mexicanos. Bajo esa fachada y en solo un año, este cártel ya había realizado 25 envíos a ambos países.

Con esa megaoperación, los agentes lograron capturar a ocho de los integrantes de la banda. Dos de ellos, mexicanos. Sin embargo, la próxima semana, tres años después de la intervención, cinco de los acusados por narcotráfico saldrán en libertad por exceso de carcelería. Esta decisión ha generado un enfrentamiento entre la fiscalía y el Poder Judicial, y un alto grado de preocupación en el sector Interior.

—El caos judicial—
Luego del golpe a la organización criminal, la fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para cinco de los detenidos. Se trata de los mexicanos Rubén Larios Cabadas y Jhoseth Gutiérrez León, así como los peruanos Néstor Herrera Villanueva, Carlos Mendoza Rodríguez y Luis Tinta Jara. Al cumplirse la medida en febrero del 2016, el Ministerio Público pidió una ampliación de 18 meses, la cual fue aceptada por el Poder Judicial.

En junio de este año, la fiscalía, basándose en el Decreto Legislativo 1307 publicado en diciembre del 2016, pidió al Poder Judicial una nueva prórroga por 12 meses más. Según la norma, esta medida se puede solicitar cuando se trata de procesos complejos calificados como criminalidad organizada.

En primera instancia, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el pedido fiscal. Sin embargo, la defensa de los acusados apeló la decisión ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones presidida por el juez Octavio Sahuanay.

El 5 de julio, Sahuanay revocó la ampliación asegurando que “no se puede aplicar de forma retroactiva la norma porque perjudica al reo”.
Con esta resolución, se ratificó el vencimiento de la prisión preventiva de los cinco acusados para el próximo 24 de agosto.

El primero en criticar la medida fue el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien aseguró que los narcotraficantes celebrarían por su libertad. En respuesta, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, responsabilizó a la fiscalía por “demorar tanto en la investigación”.

—Posición de la fiscalía—
Hace una semana, la fiscalía recién presentó la acusación y solicitó 31 años de prisión para los presuntos cabecillas Marco Larios Díaz y Rodrigo Torres, ambos mexicanos. Además se pidió 18 años de cárcel para Nazario Haro, Rubén Larios Cabadas, Carlos Mendoza Rodríguez y José Merchán Corte, y 15 años de cárcel para Jhoseth Gutiérrez León, Luis Tinta Jara y Néstor Herrera Villanueva.

Según el coordinador nacional de fiscalías contra el crimen organizado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, el que el pedido de ampliación haya sido aceptado en primera instancia comprueba que la fiscalía “sí actuó con diligencia”.

Chávez aseguró que la acusación demoró porque se trata de una organización con nexos en México, Estados Unidos y Colombia, y por ello las diligencias son más extensas. “Si hubiéramos acusado antes, agarrábamos a cuatro gatos, nosotros vamos por los cabecillas”, dijo.

Ante la posible excarcelación, la fiscalía presentó ayer ante el Poder Judicial algunos recursos para restringir la libertad de los implicados. Uno de ellos es el arresto domiciliario. En tanto, el juicio recién tiene fecha de inicio: 5 de setiembre. 

—Datos—
-25 mil dólares es el precio del kilo de cocaína en Europa, según la policía. En Australia, la misma cantidad vale 200 mil dólares.

-5 toneladas de la cocaína incautada en el Caso Carbonero provenían del Vraem. Las otras dos venían de Colombia, según la fiscalía.

— Otro caso de excarcelados—
A inicios de agosto, 15 integrantes de la banda Los Malditos del Triunfo, dedicada a la extorsión, homicidio y sicariato en Trujillo y Chepén, fueron liberados por exceso de carcelería. Ellos fueron detenidos en junio del 2014. A los acusados se les dictó arresto domiciliario.