De la improvisación a la inmovilización: cómo la reacción del Ejecutivo agudiza el paro

Es la 1:20 p.m. en la Carretera Central, sector de Manchay, y el vocero del Ejecutivo intenta en vano calmar la protesta que ayer cumplió una semana. Pero no son cuatro, sino cinco muertos a consecuencia de la escalada de violencia que afecta al menos 12 regiones.

Enumerar a los víctimas tampoco es lo menos serio que hace Gavidia. En un acto de negada pacificación, el ministro acompaña a un grupo de transportistas hasta un grifo de Petroperú para demostrarles que sí bajó el precio del combustible por las acciones del Gobierno. Llegan al local y el precio sigue igual que el día anterior. “Ok, voy a tomar acción”, dice antes de irse rápido de la zona mientras a su alrededor el grupo de protestantes vandaliza el establecimiento y los trabajadores se esconden para no ser agredidos.

El episodio protagonizado por el Ministro de Defensa coronó un día de caos que empezó con la quema de garitas de peaje en Casaracra, Yauli (Junín) y el bloqueo carreteras en Ica, Cusco o San Martín.

En Lima Metropolitana, manifestantes incendiaron llantas, apedrearon buses que no se unieron a la huelga y causaron zozobra en pasajeros en Vía de Evitamiento. Los mismo se repitió en Pachacámac, Santa Clara y Huaycán, en Ate.

Según el balance de la Policía Nacional, 63 personas fueron detenidas y otras 31 intervenidas, cinco casetas de peaje resultaron quemadas, hubo saqueos en un minimarket de Ica, otro en el mercado de Tarapoto y daños materiales en Huánuco.

Durante la tarde, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, adelantó que el Gobierno evalúa declarar el estado de emergencia ante los desmanes. Dijo que no sería un “estado de emergencia represor” sino una medida para resguardar los bienes privados y cuidar la vida de los ciudadanos.

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Sin norte

Aunque al alza de combustibles, tema que propició las primeras demandas, tiene un elemento internacional por efectos de la pandemia y el conflicto Ucrania- Rusia, especialistas consultados por este Diario cuestionan que el gobierno no haya tenido una adecuada atención de la problemática.

Para Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, hubo una “tardía respuesta” para escuchar las demandas que tenían varias semanas. Incluso, reconociendo que los precios dependen de varios sectores, considera que las mesas de diálogo debían ofrecer salidas viables y técnicas que no generen nuevas expectativas.

De todas formas, Alvarado recuerda que toda negociación debe realizarse en marco de la ley. Esto en referencia a los pedidos de colectiveros que ayer se sumaron a la protesta y cuya agenda incluye desde amnistía de papeletas, reducción de requisitos para revalidación de brevetes y formalización del colectivo también en Lima. “La regulación del transporte tiene varios niveles de competencia, no es un tema nuevo ni sencillo. Siempre las demandas sociales van a tender a maximizar pedidos y lo que corresponde es hacer anuncios que vayan en la dirección correcta de acuerdo a las facultades cada autoridad”, opinó.

En declaraciones a El Comercio, Alvarado insistió en que esa tarea debe recaer en profesionales especializados y técnicos para evitar intervenciones de autoridades que puedan azuzar los ánimos, como lo ocurrido ayer en Manchay.

Con él coincide Alejandro Diez, antropólogo e investigador en temas sociales y rurales de la PUCP, quien agrega que pareciera que el Gobierno no solo no tiene plan para atender el conflicto, sino que ni siquiera cuenta con un diagnóstico claro. “Lanzan elementos sueltos y no saben qué cosa pueden hacer exactamente”, dijo a este Diario.

En su opinión, la gestión de Castillo ha sido ineficaz en prever y mitigar el problema derivado del contexto internacional. “No es tan sencillo decir que ‘bajo los impuesto y automáticamente los precios bajarán’. Todos los movimientos de precio demoran días en hacerse efectivos. No se ven medidas coherentes en el desarrollo de una estrategia de resolución de conflictos o de mitigación de la crisis. Es cierto que no es responsabilidad del Gobierno, pero el tema es que tampoco está ponderando o evaluando cómo se resuelve este problema y los efectos en la ciudadanía”, insiste.

Ya desde inicios de marzo un informe de este Diario advertía la falta de equipos técnicos para la atención de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El último cambio en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM ocurrió hace apenas cinco días cuando se designó a un nuevo jefe. Alvarado advierte que precisamente esa inestabilidad en puestos técnicos debilita lo avanzado. “Cuando los equipos son cambiados se les quita todo el aprendizaje y el camino de conocimiento de la gestión de conflictos en regiones”, dice.

La politóloga Paula Távara añade que también se ha sumado el descontento de sectores que se sienten defraudados por la gestión de Castillo. “Algunas de las regiones donde vemos la movilización más fuerte son aquellas donde Castillo tuvo mucho respaldo y hay expectativas frustradas”, sostiene. El malestar social, agrega, también tiene que ver con la conflictividad entre Ejecutivo y Legislativo.

De acuerdo con la especialista, la improvisación para atender conflictos sociales se hace evidente con la ausencia de una asesoría técnica sobre cómo responder las demandas. Prueba de ello es que mientras el paro avanzaba, se veía al presidente atendiendo temas ajenos a la protesta o a ministros exaltados ante la prensa. “Durante dos semanas la Oficina de Diálogo no tuvo cabeza y se nombró al nuevo secretario cuando ya había empezado el paro. Parece que tienen una asesoría que está minimizando la respuesta al conflicto. ¿Quién articuló que sea la respuesta que un Ministro de Defensa vaya a la protesta?”, cuestiona.

Definir una política de resolución de conflictos resulta una tarea urgente considerando que el paro de transportistas es solo uno de los conflictos que, según la Defensoría, solo en enero sumaban 203 en el país.

Minutos antes de la medianoche, el presidente Pedro Castillo, quien durante la mañana participaba en la ceremonia de inauguración de un ambiente en una escuela de San Juan de Lurigancho mientras el país convulsionaba, anunció que se decretaba estado de emergencia en Lima y Callao así como la “inmovilidad ciudadana” desde las 2 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche de hoy, martes 5 de abril. El decreto supremo publicado en la edición extraordinaria de El Peruano confirmaba la medida: toque de queda durante 22 horas para la capital.

De los muertos por las protestas, las medidas para atender las demandas de los manifestantes o las acciones para evitar más actos de violencia, el mandatario no dijo una palabra.