El río Coata es contaminado desde hace varios años por la actividad minera informal. (Foto: GEC)
El río Coata es contaminado desde hace varios años por la actividad minera informal. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Gobierno declaró nuevamente el estado de emergencia en varias localidades de los distritos de Coata, Huata y Capachica, en la provincia de , y del distrito de Caracoto, en la provincia de San Román, en la misma región, “por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano”. La declaratoria es por 60 días calendario, con el fin de que se ejecuten medidas y acciones que permitan reducir el “alto riesgo existente”. La norma obedece a un pedido del Gobierno Regional de Puno realizado el 3 de setiembre pasado.

Ya en enero de este año, la PCM había prorrogado por 60 días el estado de emergencia por la contaminación del agua para consumo humano en los mencionados distritos, además de la ciudad de Juliaca.

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Ante esta situación, el dirigente del distrito de Coata, Félix Suasaca, lamentó que los gobiernos centrales de turno hayan decretado por casi 11 veces la emergencia en esta parte del país debido a la contaminación del agua. “Son cerca de 11 declaratorias de emergencia. Antes no había perfiles y expedientes. Ahora sí hay proyectos para saneamiento básico, implementación de centros de salud (...)”, señaló en declaraciones recogidas por Radio Onda Azul de Puno.

El representante del Frente de Defensa de la Cuenca de Coata, también cuestionó que las declaratorias de emergencia no incluyan la transferencia de un presupuesto adicional para el financiamiento de las acciones correctivas, y que esta tengan que realizarse con recursos del Gobierno Regional de Puno y de los gobiernos locales.

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“La municipalidad de Coata tiene 630 mil soles para gastos de inversión anual. Para solucionar la contaminación necesitamos hasta 40 millones”, señaló. Además, Suasaca indicó que estaba viajando al centro poblado de Progreso, con el fin de entregar al primer ministro Guido Bellido un plan de trabajo. Bellido se encuentra en visita de trabajo en Puno.

La norma publicada hoy en el diario “El Peruano” señala que las tareas correctivas estarán a cargo del Gobierno Regional de Puno, los gobiernos locales, bajo la coordinación técnica y seguimiento del Indeci. Además de la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, Defensa, Ambiente, Energía y Minas.

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Estas instituciones ejecutarán “las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

Sobre el financiamiento, se indica que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

Contaminación por minería informal

El diario ‘La República’ informó en el 2020 se tomaron 55 muestras aleatorias de personas que consumen agua de los pozos de la cuenca del río Coata, con el fin de realizar análisis de sangre, orina y esputo. De acuerdo a los resultados, 34 dieron positivo a arsénico y dos, a mercurio. Es decir, tenían metales pesados en su organismo por consumir el agua contaminada.

El río Coata es contaminado desde hace varios años por la actividad minera informal que se desarrolla en la cabecera de su cuenca y por las aguas servidas que produce la ciudad de Juliaca, según han informado medios locales.

La decisión de la declaratoria de emergencia publicada hoy, se basa en informes elaborados por las autoridades competentes como “Estimación de Riesgo ante contaminación de agua de pozo para consumo humano de la Sub-Cuenca Coata en los distritos de Coata, Huata y Capachica, de la provincia de Puno, y del distrito Caracoto, en la provincia de San Román - Región Puno 2021″, emitido por el Gobierno Regional de Puno, y en el Informe Técnico 07-2020–ANA–AAA.TIT-AT/RWAA, emitido por la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca de la Autoridad Nacional del Agua-ANA, con fecha 15 de enero de 2020.

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