Redacción EC

Luego de leer durante ocho horas seguidas su resolución, la jueza July Baldeón dispuso comparecencia con restricciones tras declarar infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra los presuntos integrantes de la organización criminal ‘’, investigados por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y negociación incompatible. La fiscalía había realizado el pedido contra 20 de los 38 supuestos miembros de esta red.

Además, impuso como reglas de conducta no variar de domicilio sin autorización judicial, la obligación de concurrir al juzgado cuando sean requeridos, la prohibición de comunicarse entre los procesados, y concurrir cada mes a la Fiscalía para justificar sus actividades.

La presunta organización criminal, que involucraría a funcionarios del Gobierno Regional y dirigentes del partido Perú Libre, operaba en Junín desde el año 2012 y se dedicaba al tráfico de licencias de conducir. La fiscalía señaló que, según las transcripciones de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, el objetivo final era político.

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Mira aquí la audiencia:

Sigue aquí los detalles de la audiencia:




NOTA PREVIA

Durante la sesión del martes, Baldeón escuchó durante 11 días los argumentos de la fiscalía contra los procesados, entre los que figuran dirigentes del partido político Perú Libre y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes de Junín, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a obtener ganancias ilícitas, a cambio de emitir de manera irregular licencias de conducir.

La tesis de la fiscalía es que, además, existió una orden desde el Gobierno Regional de Junín para que bajo esta modalidad “se recaude dinero para la campaña política” de Perú Libre.

Son 14 personas las que permanecen detenidas en distintas comisarías de Huancayo por este caso.

Organigrama de los Dinámicos del Centro (Difusión)
Organigrama de los Dinámicos del Centro (Difusión)

Implicados vinculados a Perú Libre

Entre los investigados se encuentran Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Bendezú Gutarra y Waldys Vilcapoma Manrique.

Hasta la fecha Cárdenas Tovar -exasesor de Cerrón en el Gobierno Regional (GORE) de Junín- y Bendezú Gutarra -quien ingresó a las negociaciones de los debates del JNE- no han sido ubicados por las autoridades. Este último apareció desde la clandestinidad en una de las audiencias virtuales.

Arturo Cárdenas Tovar ha participado en el GORE Junín en las dos gestiones del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en cargos de confianza, mientras que Bendezú Gutarra ha sido director en la DRTC Junín durante el 2019.

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La Fiscalía consignó en su resolución el contenido de las conversaciones que tuvieron estos militantes de Perú Libre para presuntamente obtener recursos económicos para el financiamiento de las campañas electorales del partido, así como la injerencia de una de las personas de confianza de Cerrón, para el presunto favorecimiento de puestos de trabajo a terceros.

Una de las investigadas detenidas es Marina Asunción Vásquez López, quien presuntamente habría negociado la continuidad de los trabajadores en sus puestos cuando trabajó como jefa de personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín.

Cerrón no es procesado por este caso, pero estaría vinculado por su relación con los implicados. Trascendió que aspirantes a colaboradores eficaces habrían señalado que había una orden expresa del gobierno regional en el 2020 para captar la mayor cantidad de dinero y así financiar la campaña electoral de Perú Libre.

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Durante la audiencia judicial donde se evalúa el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía afirmó que Cerrón accedió previamente a la orden de allanamiento contra los miembros de la presunta red criminal.

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