Editorial: Obsesión

Cuando las preferencias son suficientemente fuertes y constantes se convierten en fijaciones. Y cuando estas a su vez se intensifican, mutan en obsesiones. De un tiempo a esta parte, la bancada de Fuerza Popular parece estar muy avanzada en este proceso con respecto a su visión sobre los medios de comunicación y el control que quiere imponerles... o el perjuicio que quiere ocasionarles. 

El último capítulo en esta obcecación ha sido protagonizado por el congresista fujimorista Héctor Becerril. Hace pocas semanas, el parlamentario presentó un proyecto de ley con el fin de “crear el fondo nacional del seguro social del canillita”. El mentado propósito de la iniciativa legal es dotar a los canillitas –nombre que reciben aquellas personas que se dedican a la comercialización de diarios, revistas y boletos de lotería– de una pensión de jubilación al cumplir los 65 años de edad, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia y acceso a Essalud. 

¿Quién estaría encargado de solventar este novedoso fondo? No los propios trabajadores, como ocurre con cualquier persona que labora y ahorra para obtener una pensión (a través de los sistemas público o privado). Tampoco el Estado a través de un subsidio particular. Mucho menos el altruista congresista Becerril ni sus colegas parlamentarios. Según el proyecto de ley, el monto de financiamiento se obtendría íntegramente de un porcentaje (2%) de los ingresos que obtienen las empresas periodísticas por las ventas de diarios, revistas y billetes de lotería, y sería administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Estamos hablando, pues, de un nuevo impuesto creado específicamente para los medios de comunicación escritos y entregado a una entidad estatal desfinanciada.

En términos económicos, la debilidad de este proyecto de ley lo coloca aun por debajo de los pobres estándares a los que muchas iniciativas legislativas nos tienen acostumbrados. Bajo la misma lógica del señor Becerril, ¿deberían también las empresas productoras de alimentos y bebidas crear un fondo pensionario para los bodegueros y vendedores ambulantes que comercializan sus productos? ¿Y los pescadores, otro fondo para cubrir la pensión de jubilación de quienes venden su captura diaria en los mercados? Los ejemplos podrían continuar para todo tipo de actividad comercial, sin alterar el sinsentido económico de la propuesta. Y destinar estos recursos a una entidad estatal como la ONP –que presenta serias limitaciones financieras y operativas– solo demuestra que los vacíos conceptuales en temas económicos son aun más profundos.

Es verdad que miles de canillitas tienen condiciones laborales precarias –sin acceso a pensiones ni seguro de salud–. Pero este tipo de “soluciones”, en el mejor de los casos, intentan fungir de parches –descaminados e ineficientes– a un problema mucho más estructural y que trasciende largamente a los canillitas, alcanzando a aproximadamente el 70% de trabajadores peruanos. Si Fuerza Popular está realmente interesado en combatir la precariedad laboral –que deja a millones de peruanos en la misma situación que los canillitas–, este Diario será el primero en celebrar su propuesta integral de reforma laboral para flexibilizar el rígido mercado de trabajo peruano.

Pero, como decíamos, esta no es la primera mala idea vinculada a la prensa que los representantes de Fuerza Popular someten al Legislativo. Aparte del proyecto en cuestión, en apenas pocos meses los congresistas liderados por Keiko Fujimori han propuesto eliminar la posibilidad de participar en medios de comunicación a personas investigadas por corrupción, crear una “veeduría ciudadana” de la prensa regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y restringir la publicidad estatal en medios.

El patrón parece claro. Con estos intentos, el fujimorismo deja traslucir de forma consistente que su animadversión en contra de la prensa libre no quedó enterrada en la década de los noventa. La única manera de resistir estos embates, entonces, será que la sociedad organizada se mantenga aun más obsesiva que el partido fujimorista, pero en defensa de las libertades de empresa, prensa y expresión.