Edwin Licona: "Proponemos muerte civil por actos de corrupción"

Edwin Licona es gobernador del Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Para él, las regiones son capaces de garantizar que los proyectos estratégicos para el país se desarrollen con paz social y gobernabilidad. Dice que el tema de la reelección de autoridades regionales no está en la agenda, aunque sí anota que el plazo del mandato de los gobernadores debería extenderse de 4 a 5 años. 

— La foto final del primer Gore-Ejecutivo [por Gore entendemos gobiernos regionales] da la impresión de que el gobierno logró pactar con las regiones. ¿Se sienten aliados del Ejecutivo? 
Estamos empezando a articular la forma de trabajo del Gobierno Nacional y gobiernos subnacionales. Este espacio implica dinamizar la gestión administrativa. Antes teníamos reuniones con los ministros esporádicamente y ahora podremos hablar con todos cada dos meses. No estamos haciendo necesariamente un equilibrio político, estamos buscando estrategias de trabajo que respondan a las necesidades de los más vulnerables del país. 

— ¿Le están dando al gobierno una especie de tregua política como respuesta al diálogo?
Así es. Habrá un tiempo en el que vamos a consensuar las principales decisiones del Gobierno Nacional y, a la vez, mostrar nuestras preocupaciones. En relación al pedido de facultades legislativas, hemos expuesto ante los congresistas los temas que nos interesan, a fin de que se las otorguen. 

— ¿Existe algún plazo para esa tregua política?
El Gore-Ejecutivo es un espacio de evaluación constante. 

— Pero a ustedes no les quedará mucho tiempo de gestión [en el 2018 habrá elecciones para elegir a nuevos gobernadores]. 
El fin de año es una buena propuesta para evaluar todas las acciones que tendrá este gobierno para dinamizar la inversión y proponer un presupuesto descentralizado para el 2017. Lo que hemos pedido es que se haga una evaluación de lo que nos han transferido de dinero. Necesitamos, por lo menos, el 50% del presupuesto nacional. 

— El primer ministro Fernando Zavala ha dicho que con la ayuda de las regiones impulsarán el pedido de facultades, eso suena a que sí los toma como socios políticos.
[Risas] Bueno, esa es la forma en la que lo ha dicho el primer ministro. No es directamente eso porque todos nosotros procedemos de movimientos regionales independientes y respondemos al espíritu de nuestros electores. Si ahora tenemos que trabajar de la mano con el Ejecutivo, hay que hacerlo. Yo diría que no socios políticos sino aliados estratégicos, lo político suena a otra cosa. 

— ¿Cuál es el compromiso más urgente que el Ejecutivo ha asumido con ustedes?
La dinamización de la inversión. Son necesarios los cambios en el SNIP, con las reglas actuales un proyecto demora en madurar entre 7 y 8 años. Con los cambios planteados los proyectos se harán realidad en 2, 3 o 4 años. Eso nos permitiría hacer realidad lo que hemos ofertado a la población, caso contrario dejaremos proyectos a medias como nos los han dejado a nosotros.

— ¿Qué los alienta a pensar que esta vez la descentralización sí tomará fuerza a nivel político?
Por primera vez los gobiernos regionales tenemos institucionalidad y estamos reconocidos por ley. Además, nosotros sí podemos garantizar que los proyectos estratégicos en el tema extractivo de minería, hidrocarburos y otras oportunidades económicas se desarrollarán con paz social y gobernabilidad. Este es un momento estratégico para iniciar una política mancomunada y evitar conflictos sociales. Otro de nuestros pedidos es crear una unidad de conflicto que dependa de los gobiernos regionales. 

— Han planteado tener presencia en el Consejo de Ministros.
Efectivamente, eso mientras no se reglamente el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) [aprobado por ley en el 2007], que debería ser el espacio para enlazar políticas públicas entre Gobierno Nacional, regional y local. 

— ¿Están a favor o en contra de que se permita la reelección regional y municipal? 
La reelección o no reelección no está en nuestra agenda. Lo que sí hemos discutido es la temporalidad de la gestión. El período debería de ser de cinco años para que coincida con el del Gobierno Nacional. Es un tema que debería discutirse en el ánimo de recuperar la gobernabilidad y madurez política en las regiones. 

— ¿Se han planteado como ANGR mecanismos internos para evitar la corrupción?
Dentro de los 19 puntos que alcanzamos al gobierno en junio tenemos propuestas como la muerte civil. Una vez que tengamos aprobada nuestra reglamentación podremos establecer qué pasará con aquellos que cometen actos de corrupción. Debemos recuperar la imagen y la confianza de la población.