Gobierno regional de Junín, con Perú Libre de Cerrón al mando, ha ocupado los últimos lugares en ejecución del gasto para obras

Con este resultado, en dicho período la gestión iniciada por el cuestionado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que ahora continúa bajo el mando de Fernando Orihuela ocupó el puesto 18 de 25 regiones analizadas. En promedio, los gobiernos regionales gastaron el 64% de sus fondos para obras. El ranking lo encabeza la región San Martín con 85% de ejecución; mientras que el último lugar lo ocupa el Callao con 35%, en base a cifras del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta tendencia también se observa en las municipalidades gestionadas por el partido del lápiz, donde casi todas las comunas provinciales y al menos el 70% de las distritales se encuentran en un rango de ejecución menor a la mitad, o entre el 50% y el 85%. Ninguna supera este umbral, considerado el mínimo aceptable por el MEF.

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A diferencia del retraso en la inversión pública, el gasto en personal del Gobierno Regional de Junín experimentó un incremento constante en los últimos tres años. Para el 2022, el rubro titulado “Personal y obligaciones sociales” del gobierno regional representa un 48% del Presupuesto Institucional Modificado de la institución (S/1.236 millones de S/2.597 millones disponibles), mientras que en los dos años años previos sobrepasaron el 50%. En lo que va de la actual administración, esta cuenta tuvo un aumento de 15,6% respecto a los S/1.069 millones gastados durante el primer año de gobierno, en el 2019.

Este escenario contrasta con las demora en la entrega de algunas obras consideradas emblemáticas por la población y cuyo avance o culminación fue promesa de campaña del exgobernador Vladimir Cerrón [ver infografía]. Una de ellas es el hospital Pedro Sánchez Mesa, ubicado en la provincia de Chupaca, cuya construcción estaba prevista para inicios del 2020 y que contaría con un hospital de contingencia mientras se desarrollaba la obra. Según información de Invierte.pe, actualizada a abril, este último fue entregado recién en enero del 2022, mientras que el avance acumulado en el hospital principal representa solo el 5,47% de lo inicialmente programado.

A inicios de este año, la Contraloría General de la República identificó 77 obras paralizadas que involucraban un perjuicio económico de S/12 millones. De este grupo, 15 pertenecían al Gobierno Regional con una inversión conjunta superior a los S/500 millones.

Además de la baja ejecución, Junín integra la lista de 17 regiones que desde el inicio de la descentralización han tenido al menos un gobernador sentenciado por el Poder Judicial. Este es el caso de Cerrón, que en octubre del 2019 recibió una condena de tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en la obra denominada “Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua potable y alcantarillado de la Oroya”.

En un informe publicado la semana pasada por este Diario, 34 de las 135 autoridades regionales de los últimos 20 años han sido sancionadas por alguna falta o delito.

¿Qué acciones deben implementarse para revertir el actual clima marcado por la ineficiencia para resolver los problemas y la presencia de corrupción en los ámbitos subnacionales? Para Mauricio Cuadra, director de la maestría en gestión Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), considera que es necesario fortalecer la gestión del conocimiento, así como la formación de capital humano dentro de las distintas regiones.

La primera serviría para diagnosticar los problemas de cada localidad, pero a través de la recolección de información numérica, mientras que la segunda implica el fortalecimiento de la Autoridad de Servicio Civil (Servir) dentro de cada jurisdicción para la contratación de personal idóneo ajeno a fines políticos.

“Esto debería partir de un liderazgo nacional desde el lado técnico y también desde un ámbito político. Hay que tener cuadros, fortalecer la meritocracia, pero no vamos a encontrar la solución de los problemas públicos ya sean nacionales, regionales o locales sin la voluntad política para hacerlo. Si tengo un alcalde o un gobernador involucrado en corrupción que no tiene un incentivo para resolver las cosas en su región es muy complicado. De otro lado, no puedes gestionar los problemas públicos a nivel subnacional si no tienes oficinas especializadas en seguimiento o monitoreo de información. Ya las tienes en los ministerios, pero son casi inexistentes en los gobiernos regionales”, explica.

El especialista añade que la mejora de la oferta política a nivel electoral en el mediano plazo también dependerá del cambio de las reglas de juego. Considera necesario adoptar mecanismos como las elecciones primarias para poder filtrar mejor a los futuros candidatos.