"Hay que abrir las fosas para cerrar las heridas [del Perú]"

Ariel Dulitzky, argentino, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, director del Consultorio de Derechos Humanos y director de la Inicitativa Latinoamericana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas (Estados Unidos). Hace unos días dictó una conferencia sobre nuevas estrategias de búsqueda de personas desaparecidas. La charla fue organizada por Amnistía Internacional y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. En esta entrevista Dulitzky explica algunos de estos estos enfoques.

Dulitzky visitó Ayacucho el año pasado y recogió testimonios de familiares de desaparecidos. Además de su trabajo en la ONU, es docente de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. (Foto: Universidad de Texas)

— ¿Qué conflictos sentaron jurisprudencia respecto a las desapariciones forzadas?

Muchos consideran que el origen de las desapariciones forzadas está en un decreto de [Adolfo] Hitler durante el nazismo llamado el Decreto Noche y Niebla. Ahí se establecía que cuando se ocupaban territorios, una de las acciones era capturar a los líderes de la oposición, trasladarlos a un lugar secreto y no dar ninguna información.

Luego, en los 60, se dice que Francia usó las desapariciones forzadas en el contexto de Argelia. No obstante, es indudable que la desaparición forzada como preocupación internacional surge en los 70 en el cono sur de América Latina, fundamentalmente en Argentina y Chile. De hecho, entre argentinos y chilenos se disputan quién inventó la palabra “desaparecido” como terminología aceptada universalmente. Es en esa década que se da de manera masiva la desaparición forzada.

Es en 1980 que se crea el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.  Luego, en 1988 se da la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, el caso Velásquez Rodríguez. Finalmente, en 1992 se da la declaración de la ONU sobre desapariciones forzadas.

— ¿En qué casos interviene el grupo de trabajo de la ONU al que pertenece?

Tenemos dos mandatos principales. Uno humanitario, que es ser un canal entre las familias de personas desaparecidas y los gobiernos para establecer el paradero de las víctimas. Ahí no tenemos ningún tipo de discrecionalidad. En 36 años, hemos atendido 55 mil casos en 91 países. Esto demuestra que las desapariciones son un fenómeno global y no solo de una región determinada.

El otro mandato es de asistencia a los estados en la implementación de la Declaración sobre Desapariciones Forzadas de la ONU de 1992. [En ese sentido,] ya hemos visitado el Perú tres veces. Las dos primeras fueron en los años 80, cuando había un altísimo número de desapariciones forzadas; la última vez, fue hace un año. Queríamos ver qué medidas se habían implementado 15 años después del conflicto.

Los tipos de desapariciones que vemos varían por región. Tenemos casos típicos de represión política como ocurrió en América Latina, dictaduras militares, guerras civiles como en Centroamérica, lucha contra el crimen organizado como en México, conflictos étnicos como en Sri Lanka, combate al terrorismo como en Paquistán.

Para nosotros el concepto de desaparición forzada implica un elemento estatal. Sea un estado que directamente desaparezca personas o un grupo de particulares que actúan con la tolerancia o aquiescencia del Estado.

— ¿Exhortaron al Estado Peruano a que promulgue la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Sí, en el informe del año pasado. Dijimos que era un paso importante para plasmar algunas de las políticas públicas pendientes. Lo que estamos viendo ahora es cómo va a ser implementada la ley.

El 22 de junio de este año, el Gobierno promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esta foto, la exhumación de restos hallados en las fosas de Pucayacu, Ayacucho, en marzo del 2009. (Foto: Sebastián Castañeda / El Comercio)

— Hace un par de semanas El Comercio dio cuenta del hallazgo de 23 cuerpos de asháninkas en la selva central. Estos restos serán analizados en los próximos seis meses. No obstante, se sabe que los forenses peruanos trabajan a veces en condiciones precarias.  

Nosotros sabemos que la ley no es una solución sino un medio. Y como tal va a requerir de los recursos financieros suficientes. Va a requerir de decisión política, de un cambio de cultura jurídica. El Equipo Peruano de Antropología Forense es uno de los más prestigiosos del mundo. Creo que se tienen que crear más canales de cooperación entre el Estado y la sociedad civil cuando existe esa capacidad.

Nosotros vimos que el laboratorio forense de Ayacucho era extremadamente moderno, pero también nos decían que no tenían los insumos requeridos para llevar a cabo las identificaciones. Hay que perfeccionar eso.

El reciente hallazgo de 23 cuerpos en la selva de Satipo, en Junín, evidencia que en el Perú todavía hay mucho que hacer para recuperar los restos de las víctimas de la violencia. (Foto: Luis García / El Comercio)

— La ley señala que se dará un “enfoque humanitario” a la búsqueda. ¿En qué consiste esta orientación?

Consiste en la búsqueda de las personas de una manera independiente de la investigación penal. Creemos que deben ser procesos paralelos, que se relacionan, pero que uno no subordina al otro. A veces los fiscales y los jueces creen que su trabajo acabó cuando hay una condena, aunque no se haya establecido qué pasó con la persona.

— Usted señaló en su conferencia que la ley debería considerar también una perspectiva de género.

Las desapariciones forzadas afectan a las mujeres de múltiples maneras. Cuando la víctima es una mujer, la experiencia demuestra que muchas veces sufre violencia sexual. Esto no suele investigarse lo suficiente. Respecto a los familiares, también hemos visto muchos casos en el Perú de mujeres que sufrieron violencia sexual, a cambio de supuesta información sobre sus seres queridos. Por último, hay un proceso de estigmatización. Se les transfiere la culpa con frases como “si usted hubiese cuidado a sus hijos, ellos no hubiesen desaparecido”. Estos son algunos aspectos que tienden a ser invisibilizados.

— ¿Por qué se debe investigar las desapariciones?

Es imposible construir una sociedad democrática sólida y lograr la plena reconciliación de un país sobre la base del sufrimiento de las víctimas. La búsqueda de personas desaparecidas no reabre heridas, ya están abiertas. Hay que abrir las fosas para cerrar las heridas. Lo fundamental es que la investigación, el juzgamiento y la memoria no son solo mirar al pasado. No tienen un interés de venganza. Son un repudio a las prácticas autoritarias y violatorias de los derechos humanos.