“Se ha hecho poco por la salud sexual de las peruanas”

Este Diario reveló la semana pasada el caso de María, una joven de Huánuco que fue violada en el 2014 y que luego acudió a un establecimiento del Ministerio de Salud (Minsa), donde le recetaron un anticonceptivo oral de emergencia (AOE) sin brindarle mayor información. Ella no encontró este fármaco en el hospital debido a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2009, que restringió la entrega gratuita del AOE en la red del Minsa por considerarlo abortivo. María acaba de demandar al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su defensa legal la asumió Promsex, institución que además libra una batalla en el Poder Judicial –junto a la abogada Cristina Gómez– para que el sector Salud vuelva a distribuir la píldora del día siguiente.

— Han pasado siete años desde la sentencia del TC, que señala que existe una “duda razonable” sobre la naturaleza abortiva de la píldora; por ello, prohíbe su entrega gratuita. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precisado que el fármaco no es abortivo. Entonces, ¿por qué no se ha podido revertir ese fallo?
Hemos pedido múltiples reuniones al Ejecutivo para debatir este asunto, pero nunca hubo respuesta. Creo que este gobierno ha hecho poco por la salud sexual y reproductiva de las peruanas. Solo avanzó con el aborto terapéutico, que ha sido legal desde 1924, pero que recién hace dos años fue reglamentado, pese a que aún tiene obstáculos para su aplicación. No obstante, sobre el AOE solo hay silencio.

— Expertos en derecho constitucional han cuestionado que el fallo del TC restringe la entrega gratuita del AOE en los hospitales, pero no su venta.
Así es. Eso responde a una profunda discriminación con las mujeres más pobres del país; aquellas que no tienen los S/25 que cuesta la píldora. De cierto modo, lo que nos dice el TC es que el levonorgestrel [principio activo del AOE] es abortivo solo para las peruanas de escasos recursos [en Ayacucho, Huánuco, Cusco y Junín]. Es inaudito. Creo que han tratado de dar una interpretación y han hecho esfuerzos por justificar una medida. Tuvo que responder a un pedido.

— ¿De quién o quiénes?
De la Iglesia Católica, de los grupos opositores. Han intentado incluir el punto de vista religioso en las políticas públicas, lo cual es peligroso.

— ¿Cuáles cree que son las consecuencias de no entregar gratuitamente el AOE?
Además de la discriminación, existe una profunda desigualdad de género, porque cuando a una mujer se le limita la salud sexual y reproductiva como derecho, no es igual que limitársela al hombre. La mujer es la que lleva el embarazo. Se le niega también el acceso a la tecnología médica. Si la píldora fuera excesivamente cara y generara gastos al Estado por encima de su beneficio, discutámoslo. Pero es una tecnología que reduce los gastos de las consecuencias adversas: por ejemplo, la muerte materna, que vulnera la capacidad del Estado.

— Ya presentaron el caso de María ante la CIDH. ¿Qué sucederá si no obtienen una posición favorable?
Hemos ido a la comisión sin plantearnos un escenario negativo. Existe el antecedente del Caso Artavia contra Costa Rica, que fue resuelto por la corte y zanjó la “duda razonable” planteada por el TC. Somos optimistas. 

— El próximo gobierno tendrá que asumir cualquier fallo de la CIDH. 
Lamentablemente, los candidatos tampoco han presentado propuestas concretas para mejorar la salud sexual y reproductiva de los peruanos. Promsex también está a la espera de un pronunciamiento del Poder Judicial sobre una acción de amparo, la cual podría restablecer la distribución del AOE en la red del Minsa. Eso debe resolverse en las próximas semanas.

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