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Luis García Bendezú

Al otro lado de la línea está Yanina, una prostituta limeña. En los últimos 25 años, ella ha trabajado en varios burdeles y hoy ofrece sus servicios en una casa de citas de San Juan de Lurigancho. Gracias a su trabajo, cuenta ella, construyó su casa y educó a sus cuatro hijos. Yanina no se siente una víctima, dice que nunca nadie la ha obligado a prostituirse. Lo único humillante de su labor, afirma, es tolerar el desprecio de las policías mujeres, quienes la tratan con asco cada vez que la detienen en redadas.

Aunque la prostitución no es ilegal en el Perú, tampoco es un oficio reglamentado. Las meretrices no están en la planilla de ninguna empresa. Nadie sabe cuántas prostitutas –entre peruanas y extranjeras– hay en el país. Tampoco se conoce cuántas ejercen este oficio por voluntad, como Yanina, y cuántas son víctimas de proxenetismo, explotación sexual o trata de personas (que sí son delitos). En buena cuenta, trabajan en la oscuridad.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas en trata de personas, reconoce que es complicado procesar la explotación sexual de mujeres adultas debido a que muchas veces ellas alegan que se prostituyen voluntariamente.

Chávez Cotrina recuerda, por ejemplo, que hace unos años se detectó en Ilo, tras varios meses de trabajo de inteligencia, un burdel exclusivo para marinos mercantes. Aunque era claro que las mujeres eran explotadas ahí –una de ellas estuvo dos años secuestrada–, la mayoría de las prostitutas se rehusaron a ser “rescatadas” por los fiscales y prefirieron no denunciar.

“De un total de 35 personas, solo cinco o seis regresaron a sus lugares de origen. Las otras nos decían: ‘¿Ustedes van a mantener a mi hija? ¿Ustedes van a pagarnos lo que ganamos acá?’. Frente a eso, estamos atados de manos”, dice el fiscal.

Casos parecidos se han encontrado en La Pampa (un sector de Madre de Dios), donde varias mujeres rescatadas han retornado a los bares y prostíbulos motivadas por las altas tarifas que pagan los mineros ilegales.

Chávez Cotrina cree que la reinserción social de las víctimas de trata y proxenetismo es crucial para evitar que recaigan. Esto implica ofrecerles tratamiento psicológico y médico, y enseñarles un oficio que sustituya a la prostitución. “Se cree que la lucha contra la trata acaba con el rescate, pero el problema recién empieza ahí. En eso fallamos todos”, dice.

Según opina Luis Enrique Aguilar, subdirector de la ONG CHS Alternativo, también es importante mejorar la capacidad de investigación de la policía y del Ministerio Público. “Hay que analizar cada caso y tener claro qué es trata de personas, qué es explotación sexual y qué es proxenetismo. Si no, se puede terminar sancionando a personas que hacen uso de su libertad [de prostituirse]”, advierte.

—Plan de reintegración—
El Ministerio del Interior, que lidera la lucha del Estado para erradicar la trata de personas, admite que es delgada la línea que divide a la prostitución de la explotación en adultos. Sobre todo si se tiene en cuenta que el consentimiento sexual de muchas de las víctimas puede estar viciado si proviene de un engaño o estafa.

“Si un adulto decide libremente desarrollar esa actividad [prostituirse], no hay delito. Lo que queremos evitar es que caiga en redes de tratantes”, dice Miguel Huerta Barrón, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior y secretario técnico de la Comisión Multisectorial contra la Trata.

Huerta señala que este año se espera establecer –en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables– el primer plan de reintegración de víctimas de trata. Es decir, una herramienta que determine cómo se debe atender a las personas explotadas, en su mayoría mujeres y menores de edad.

Asimismo, con el Ministerio de Trabajo se coordina un programa para reinsertar laboralmente a las víctimas. Según dice Huerta, ese es un tema que ha sido desatendido hasta hoy, pero que es contemplado en el nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas, que fue promulgado la semana pasada.

-¿Prostituirse en el Perú es delito?-

Las leyes peruanas no prohíben el ejercicio libre de la prostitución, pero el Código Penal sí establece sanciones para las personas que obligan a otras a prostituirse.

En enero se incorporó el delito de explotación sexual, vinculado a la trata de personas y que sanciona con 10 a 15 años de cárcel a quienes obliguen a otras personas a ejercer “actos de connotación sexual”. Para que exista trata, además de la explotación (sexual o de otro tipo), tiene que haber captación, traslado o retención por parte de los captores. Se sanciona con 8 a 15 años de cárcel.

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