Interior ha destinado más de S/22 millones en pagar recompensas

“Por S/50 mil un delincuente vende hasta a su propia madre”, dice el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas Céspedes. En su oficina, además de una larga mesa, hay una pizarra donde se luce un cartel con el número telefónico 0800-4007 acompañado por la frase “¡Que ellos se cuiden!”. Es el mismo afiche que viste la fachada del Ministerio del Interior (Mininter) y que se ha repartido en algunas comisarías del país para explicar en qué consiste el Programa de Recompensas.

Desde hace tres días, el sector Interior promueve una nueva campaña de comunicación para recordar al país que hay 1.169 personas con orden de captura y consideradas de alta peligrosidad, cuyas cabezas tienen precio. De los S/9.974 millones que Interior tiene de presupuesto, ha destinado S/22’570.000 para pagar recompensas a quienes brinden información del paradero de alguno de los que forman esta lista. 

Los precios varían según la gravedad del delito, el grado de participación que el prófugo ha tenido en este y su historial delictivo. La relación es variada: policías, fiscales, ex gobernadores regionales, terroristas, narcotraficantes, violadores de niños, feminicidas, etc. “Nadie tiene corona”, dijo hace poco el ministro del Interior, Carlos Basombrío. En la lista mostrada el viernes en conferencia de prensa, entre cuatro narcotraficantes y un sicario aparece el rostro del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias. Por ayudar a localizar al ex mandatario se ofrecen S/100 mil.

—Cambios en la lista—

Pagar a un colaborador para capturar a un delincuente no es novedad, al menos en casos de terroristas. En 1999, siete años después de la captura de Abimael Guzmán, el Estado pagó US$1 millón. La recompensa fue repartida entre el entonces jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo Antonio Ketín Vidal y cerca de 40 oficiales y suboficiales.

Diez años después, con la presencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, este sistema pasó a tener un marco legal. A través de un decreto supremo, se estableció el pago de dinero a quienes ayudasen a capturar a cabecillas terroristas. Los montos de las recompensas se elevaron hasta S/1 millón. Bajo este sistema, solo en el 2015 se pagaron S/2 millones a varios colaboradores que ayudaron a capturar a terroristas del Vraem. El personal militar y policial quedó exonerado de este beneficio.

Es recién bajo el gobierno de Ollanta Humala que el sistema de recompensas se amplió para los acusados de los delitos de crimen organizado y alta lesividad.

En marzo del 2016, luego de la reglamentación del Decreto Legislativo 1180, salió la primera lista con fotos de los 15 delincuentes más buscados por la policía. La recompensa más alta que se ofreció –de S/500 mil– fue para quien contribuyera a la captura de Gerson Gálvez Calle ‘Caracol’, actualmente preso y procesado por narcotráfico y delitos relacionados.

De esa lista, el primero en caer fue el ex gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima. Un informante llamó a la policía y dio las coordenadas del funcionario, acusado de actos de corrupción. Fue detenido en una clínica dental, en Miraflores. El informante recibió S/50 mil.

—También por corrupción—

Desde hace seis meses, la actual gestión dejó atrás la lista de los más buscados y acuñó el eslogan “¡Que ellos se cuiden!”. Además del nombre, la gestión de Basombrío decidió masificar la lista de prófugos e incluyó a acusados de robo agravado, hurto y feminicidio, entre otros delitos. Su objetivo es cerrar el 2017 con dos mil personas incluidas.

Los delitos también se ampliarán. El sector Interior anunció que se afina un proyecto de ley para modificar el sistema de recompensas e incluir a los acusados de corrupción. Es decir, se ofrecerá un pago al funcionario o a la persona que ayude a identificar actos de corrupción en la administración pública. La propuesta estaría lista esta semana.

—¿Es exitoso el programa?—

¿Cómo se define la lista de prófugos y los montos de las recompensas? Todos los viernes en la mañana, se reúnen las comisiones evaluadoras de recompensas contra el terrorismo y la criminalidad. Ambas las preside Vargas y están integradas por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el sector Interior. En la reunión se evalúan las solicitudes que llegan de las 24 regiones policiales del país (cada una envía 15 nombres semanales), de la fiscalía, del Poder Judicial e incluso desde el Congreso. Los montos se deciden en base al decreto legislativo.

Cuando el viceministro Vargas dice que un delincuente sería capaz de vender a su madre por S/50 mil, no exagera. Él está convencido de que el sistema de recompensas es “un éxito”, porque ya se ha capturado a 174 delincuentes desde agosto del año pasado hasta la fecha. En ese período, el Gobierno ya pagó S/1’715.000 en recompensas. En muchos casos, los informantes que los delatan y se llevan el dinero son de su propio entorno familiar.

Vargas niega que el programa reemplace la labor policial y asegura que pone un reflector sobre los delincuentes. “Cuando el sujeto ve su nombre en los medios con una recompensa por su cabeza, siente una presión fuerte en su entorno”, dice.

De todos modos, el programa ha sido criticado desde diversos frentes. El ex director de la Policía Nacional del Perú Eduardo Pérez Rocha opina que no se puede calificar de exitoso el programa si solo se ha capturado a 174 de los más de mil requisitoriados. “Es un tema mediático, debería invertirse ese dinero en mejorar las herramientas de comunicación de la policía”, señala.