Pamela Sandoval Del Águila

Con unos 100 metros de ancho y otros 15 de profundidad debido a la lluvia que cae en esta época del año en la región, el río Malinowski se ha convertido en la barrera solitaria –y totalmente vulnerable– que separa a un centenar de mineros informales de la .

De acuerdo con Vladimir Ramírez, jefe de la zona para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (), quienes irrumpen en este refugio de vida proceden de La Pampa, ese devastado páramo de arena y mercurio a la altura del km 98 de la carretera Interoceánica y que se resiste a desaparecer desde la década de los 60.

“Hemos pedido la intervención del Ministerio Público, de  la policía, la Marina. Ya no sabemos qué hacer. Nosotros no podemos intervenir sin asistencia del Estado”, clama Ramírez, amenazado de muerte como 15 de sus guardaparques tras un enfrentamiento ocurrido el 7 de octubre pasado en los puestos de control Azul y Otorongo. La disputa dejó a un guardaparques herido, así como la pérdida de la primera de las instalaciones.

El Comercio recorrió parte del terreno en conflicto, entre el puesto de control Malinowski y el denominado punto A6, a seis horas por vía fluvial de Azul, donde opera el campamento de la Asociación de Productores Agrarios y Lavadores del Oro del Malinowski (Apaylom). Solo en dicha franja se hallaron siete dragas clandestinas, con maquinarias que denotaban haber sido quemadas en interdicciones previas, pero rearmadas sin empacho para seguir trabajando. Al lado de los armatostes, algunos hombres, mujeres y adolescentes que controlan la extracción se esconden de las visitas. Otros levantan los rostros desafiantes, como si fueran conscientes de que la impunidad está a su servicio. 

“Una sola estructura con motor, que socava el suelo del río, puede sacar hasta 50 gramos de oro al día”, apuntan los guardaparques, quienes han contado 56 balsas con mineros operando entre la reserva y la zona de amortiguamiento.
Al tanto de la situación, y del terrible precedente que sentaría la intromisión en Tambopata, Antonio Fernández Jerí, alto comisionado en asuntos de interdicción de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aseveró a este Diario que recién podrían intentar un rescate a fines de este mes. Ello debido a que, desde junio pasado, el Ministerio Público autorizó la ejecución de solo dos interdicciones por mes para todo el país. “Si fuera por nosotros, Madre de Dios tendría operaciones interdiarias, pero nos limitaron a 24 en el año, en todo el territorio, la segunda y cuarta semana de cada mes”, precisa.

Según Fernández, en los últimos dos meses su despacho intentó superar esta barrera y tramitó 231 solicitudes de interdicción. Todas rechazadas.