Este enclave ilegal no solo ha sobrevivido por más de diez años sino que se ha extendido pese a los intentos estatales de extinguirlo. (Foto: Dante Piaggio /Archivo El Comercio).
Este enclave ilegal no solo ha sobrevivido por más de diez años sino que se ha extendido pese a los intentos estatales de extinguirlo. (Foto: Dante Piaggio /Archivo El Comercio).

es un infierno creado por la de oro en s. La Pampa es la denominación de la zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la , en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un desastre ambiental dentro de una de las selvas con más biodiversidad del mundo.

Se calcula que su extensión alcanza los 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Es un territorio sin ley, de extensas zonas de arena donde antes hubo bosque amazónico, lagunas de fango con mercurio, árboles muertos y campamentos donde convergen la trata de personas, la explotación sexual, el sicariato y donde se han registrado también fosas clandestinas con restos óseos quemados.

Este enclave ilegal no solo ha sobrevivido por más de diez años sino que se ha extendido pese a los intentos estatales de extinguirlo. Las millonarias operaciones de interdicción (incautación y destrucción de la maquinaria para la minería ilegal) realizadas durante tres gobiernos consecutivos y la normativa para frenar el ingreso de insumos químicos han resultado insuficientes. 

Irónicamente, la construcción de la vía Interoceánica, una obra que se justificó sobre los muchos beneficios que traería a la región, disparó la llegada de más mineros ilegales y facilitó la salida del oro.

—El origen del desastre—
​El antecedente de La Pampa se registra en mayo de 2007, a la margen izquierda del kilómetro 98 de la entonces recién inaugurada vía Interoceánica sobre la quebrada Guacamayo (Madre de Dios).

Antes de Guacamayo los mineros ilegales estuvieron presentes en los llamados Delta 1, Laberinto y mucho antes en Huepetue.

Los ilegales invadieron la zona (a unos 10 kilómetros de la carretera) e iniciaron su actividad sobre lo que era una concesión forestal. En julio de ese año ya se había formado un campamento minero llamado “Lamal”, se estima que en ese momento habían 15 máquinas y unos 50 mineros ilegales en la zona.

Lo que siguió en los siguientes años fue un avance brutal y descontrolado incitado por la búsqueda del oro aluvial. Una mecánica siniestra de tala de bosques, succión del suelo con chupaderas y dragas, construcción de tolvas para secar el lodo, detectar el oro y el uso de mercurio para separar el metal precioso del resto.

Esta degradación y avance sobre el bosque amazónico, provocó que en el 2009 los ilegales cruzaran hasta la margen derecha de la vía y se asentaran en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un cordón natural que debería servir como protección de la zona reservada.

En la región se dice que los mineros ilegales conocían de la especial riqueza de oro de esta zona. El área donde ahora se ubica La Pampa habría sido el corredor de un antiguo río, que derivó en un lago, luego en aguajales y posteriormente en bosque primario con un tesoro incalculable en el subsuelo.

En el 2009, en la zona de amortiguamiento, los ilegales fundaron el llamado "Mega 11", el primero de una serie de campamentos que fueron avanzando hasta llegar al límite del río Malinowski, frente a la propia reserva de Tambopata. 

Para entonces, habían más de 500 mineros ilegales en torno a quienes se había formado un mercado ilícito paralelo de bares, cantinas y lugares dónde se explota sexualmente a mujeres.

Luego se fundaron consecutivamente los: “Mega 12”, "Mega 13", y "Mega 14", "Mega 15", "Pancayllo", "Jayabe", "Zorro Valencia", "Pancho Pérez", entre otros. Los campamentos suplen las necesidades más urgente de los ilegales: vivienda, alimentos y por último, diversión. El incremento del precio del oro (un promedio de US$1.000 por cada onza desde 2009) convirtió este negocio más rentable que incluso la venta de cocaína.

Mientras un kilo de cocaína llegaba a ser comercializada en el mercado negro a US$2.000, un kilo de oro ilegal puede costar US$35.000, según un estudio del 2016 del organismo suizo Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Existe además una relación directa del incremento de la extracción del oro, con el PBI de la región y el incremento de la criminalidad.

—Reacción estatal—
En el año 2010, durante el gobierno de Alan García, el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, implentó la Fiscalía Ambiental en Puerto Maldonado para luchar, entre otros, por los delitos contra la minería ilegal.

En el 2012, ya en el gobierno de Ollanta Humala se creó un marco normativo que incluía la interdicción (incautación y destrucción de máquinas como dragas que usa la minería ilegal) y la formalización de los mineros informales, quienes realizan su actividad en zonas permitidas por el Estado pero aún no tienen el permiso oficial.

Se creó la figura del alto comisionado contra la minería ilegal que articulaba a los otros sectores desde la Presidencia del Consejo de Ministros, esta figura fue eliminada durante el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En este gobierno se decidió pasar al Ministerio de Energía y Minas los temas de formalización, y al Ministerio del Interior para las operaciones de interdicción.

En el 2016, los mineros ilegales ingresaron por el puesto de vigilancia y control “Azul” dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Ya para ese momento, se calculaba unos 5.000 mineros ilegales. 

La destrucción de la fiebre del oro en La Pampa llegó a su pico en el 2018. De acuerdo a la información del Proyecto MAAP, se han deforestado más de 18.000 hectáreas en dos años en La Pampa. Según el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) desde el año 1985, esta actividad ilícita ha deforestado más de 95.000 hectáreas de bosque en Madre de Dios..

(Con información de Ricardo León, Enrique Vera y Manuel Calloquispe).

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