Madre de Dios: tras el rastro de los culpables de una década de devastación de la minería ilegal

La última vez que la policía lo intervino, ‘Venado’ usaba bigote, vestía la camiseta de la selección nacional, y tenía el cabello crecido y alborotado. Al no existir imputaciones firmes fue liberado, pero esa tarde de julio del 2018 la policía fotografió su rostro.

Según la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, ‘Venado’ sería Samuel Sánchez Irene, de 31 años. Varios testimonios lo sindican como el hombre clave a cargo de la ‘seguridad’ de los mineros ilegales de La Pampa, que en una década destruyeron 12 mil hectáreas de bosque amazónico.

A lo largo de la vía Interoceánica (km 98 al km 117), él repartía a su gente para controlar el ingreso y salida a los campamentos mineros. Colocaba tranqueras y cobraba cupos de S/5 a S/10 por el acceso. Además, según los testimonios, tenía un trato con los capataces: les cobraba por darles seguridad para el traslado de la maquinaria, químicos y el oro.

Mantener la ‘seguridad’ en un territorio tan convulsionado habría cobrado la vida de muchos. La policía tiene el reporte de 25 desapariciones: la mayoría obreros mineros.  En febrero del 2017 se hallaron fosas con los cadáveres quemados de 20 personas. Uno de esos cuerpos era de Ener Ovalle Fasabi, un minero que llevaba 83 horas desaparecido.

‘Venado’ es sospechoso de la muerte del suboficial Jhony Cáceres Gonzales y de herir de bala a otros cuatro policías, en el tiroteo del 22 de setiembre del 2017, ocurrido en La Pampa, cerca del río Malinowski.

Habría fugado a Brasil tras la incursión de 1.200 policías y militares el pasado 19 de febrero, en la denominada operación Mercurio. Tres meses después, se ha detenido a 163 personas a partir de los patrullajes en motos e intervenciones ejecutadas dentro del estado de emergencia.

Karyna Garay, coordinadora de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madre de Dios, contó a El Comercio, durante la última visita del presidente Martín Vizcarra a la zona, que 70 personas están investigadas y otras 12 ya fueron sentenciadas por tráfico de bienes, insumos y maquinaria destinada a la minería ilegal. Pasarán en la cárcel de 3 a 6 años. Ellos son el eslabón más pequeño de esta cadena de delitos. Los peces gordos siguen sueltos.

—¿Cómo operaban?—
Los capataces invertían en la extracción de oro comprando dragas, embarcaciones, mangueras, combustible, mercurio de contrabando y los insumos necesarios. Fungían de pequeños inversionistas.

Eran unos 3 mil capataces. A través de terceros, ellos contrataban a obreros mineros de Cusco, Puno y Arequipa para que se encargasen del proceso: lavar la tierra succionada del río usando dragas y de las pozas artificiales formadas por la desviación del cauce a través de ‘chupaderas’, filtrar la arenilla en las alfombras y separar las chispas de oro usando mercurio.

La policía estima que unos 6 mil jornaleros trabajaban en la zona, pero Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, sostiene que eran más de 10 mil mineros y que había otras 30 mil personas en los campamentos con negocios conexos: talleres de mecánica, tiendas, cantinas, restaurantes, hospedajes, etc.

El capataz le pagaba a cada minero el equivalente a dos gramos de oro, unos S/280 diarios. Trabajaban hasta antes del anochecer.

—Compra de oro—
Los capataces trasladaban el mineral hasta los pueblos asentados al borde de la vía Interoceánica. Además de locales de venta de mercurio y maquinaria, ahí funcionan hasta hoy lo que la policía llama ‘centros financieros’ o ‘casas de cambio’.

El general PNP Luis Vera Llerena, jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y oficial al mando de la operación Mercurio 2019, explica que estos negocios se encargan de comprar el oro ilegal sacado de la selva.

"Estos financistas, juntaban oro por gramos, y luego lo vendían en el mercado negro. Ese oro luego era trasladado bajo siete llaves a Bolivia, Brasil y Lima. Tenemos varios casos en investigación", comenta Vera Llerena.

Antes de la compra, el oro pasa por sus plantas de requemado. Empleando hornos y mercurio, quitan todas las impurezas del mineral. Después lo pesan en sus balanzas y proceden a la transacción financiera. A los capataces les pagaban a través de transferencias bancarias con el sistema POS de varios bancos del país.

En la operación del 19 de febrero, se intervinieron 50 ‘centros financieros’. Y el 21 de mayo se ingresó a 15 locales más. Es decir que, en La Pampa, la policía ha intervenido 65 centros de transacción vinculados al tráfico ilegal de oro.

Los agentes incautaron hornos, cajas fuertes donde guardaban oro sospechoso, máquinas POS, etc. Según la policía, las empresas accedían a esta tecnología con negocios de fachada ubicados supuestamente en Puerto Maldonado, cuando en realidad estarían traficando con oro en plena vía Interoceánica.

Algunos ‘centros financieros’ no solo compraban oro a los capataces; también les ayudaban enviando ese dinero a otras ciudades a través de operaciones bancarias.

"En cada lugar hemos incautado documentación contable, recibos de transferencias, cajas fuertes, balanzas, hornos. Todo está siendo sujeto a análisis y seguimiento para determinar a dónde va ese dinero y cómo lo 'lavaban'. En eso estamos", dice el general Vera.

La ruta del oro ilegal de Madre de Dios alcanzaría también a algunas empresas mineras, según el Ministerio Público y la policía. La Segunda Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos inició el 2018 una indagación preliminar tras incautarse 91 kilos de oro sospechoso que tenían como destinatario a Metalor Technologies (Suiza), cuyo principal proveedor peruano es Minerales del Sur. Ambas empresas negaron los cargos.

Esta semana, el fiscal Hamilton Castro y la Dirección Táctica Urbana de la PNP incautaron 30 kilos de oro valorizados en más de un millón de dólares que iban a ser enviados a la India desde el aeropuerto del Callao. El cargamento le pertenecería a Ecominera Sol Creciente con licencia en un espacio denominado Marisol II, en Tambopata, pero, según el Ingemmet y el Gobierno Regional de Madre de Dios, en esta área no se desarrollaba ninguna actividad minera.

La información tributaria y contable de los ‘centros financieros’ y las investigaciones a partir de las incautaciones de oro de origen sospechoso serán clave para atar cabos.

PUNTO DE VISTA
El reto del Estado
Luisa Ríos (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental)

Es importante perseguir a quienes están detrás de este negocio ilegal. Lo más fácil es detener a los proveedores y trabajadores, porque están en la zona. El reto es llegar a los que financian la actividad.

Las incautaciones de oro ilegal y la operación Mercurio 2019, que va en su fase de sostenimiento, son mensajes políticos claros del Estado en su intención de cerrar la cadena del lavado de oro.

Por otro lado, hoy vemos una mirada más integral del problema. No solo están las Fuerzas Armadas, sino también los ministerios tratando de impulsar negocios sostenibles como la producción de castañas o cacao, y trabajando con el Gobierno Regional de Madre de Dios y la sociedad civil.

Además hay mineros informales en proceso de formalización. Es el caso de Bajo Punquiri donde están probando el uso de mesas gravimétricas para extraer oro sin usar mercurio. Con esta tecnología, los mineros artesanales se han dado cuenta que su producción es más rentable.