En octubre del 2016, el presidente Martín Vizcarra –entonces ministro de Transportes y Comunicaciones– visitó Cotabambas para tratar de poner fin a uno de los primeros conflictos sociales del gobierno. (Foto: MTC)
En octubre del 2016, el presidente Martín Vizcarra –entonces ministro de Transportes y Comunicaciones– visitó Cotabambas para tratar de poner fin a uno de los primeros conflictos sociales del gobierno. (Foto: MTC)
Luis García Bendezú

En su primer y breve discurso como presidente de la República, se comprometió ayer a atender las necesidades de las regiones. El mandatario recalcó, por ejemplo, que la reconstrucción de las zonas devastadas el año pasado por El Niño costero es una tarea pendiente y que es urgente “cumplir con cada uno de los damnificados”.

Según las cifras oficiales del Estado, hay 285 mil peruanos –97 mil de
ellos en Piura– que podrían tomarle la palabra. La situación que halla el nuevo presidente en el interior es compleja.

Según una encuesta de El Comercio, elaborada por Ipsos, entre el 7 y 9 de marzo, el 76% de los ciudadanos del norte desaprobaba la gestión del Gobierno.

Además, en el sur solo el 15% de encuestados aprobaba esta gestión, mientras que en Lima la cifra llegaba al 19%. Fue en el oriente donde
se valoraba mejor al gobierno (22%).

El proceso de reconstrucción –que atañe principalmente a Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash– será uno de los grandes desafíos del gobierno de Martín Vizcarra. Otra encuesta de Ipsos –de inicios de noviembre– daba cuenta de que el 81% de los peruanos creía que se había avanzado poco o nada en este tema.

El 42% de estas personas responsabilizaba de los atrasos en las obras al Gobierno Central y a los ministerios.

El presidente Martín Vizcarra halla un país enojado por la lentitud en la reconstrucción del norte y con conflictos sociales en ciernes. La mira está puesta en los nuevos ministros.

Además de la insatisfacción con la reconstrucción, al menos dos huelgas –una de docentes y otra de trabajadores de Essalud– han sido anunciadas para el próximo mes. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo –de hace 10 días– en el Perú hay 130 conflictos sociales activos, la mayoría por temas socioambientales.

A continuación detallamos estos dos escenarios.

El norte peruano espera el inicio de las grandes obras de reconstrucción

“La reconstrucción es fundamental. Hemos sido prudentes, aunque demasiado lentos”, reconoció el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en un artículo publicado el 10 de diciembre del año pasado en El Comercio. Para poner el pie en el acelerador, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) planea empezar este año 3.512 obras con una inversión de S/7.078 millones. La mayoría de
estos trabajos serán de pistas y veredas (929 proyectos), de infraestructura educativa (786) y agricultura (670) y se concentrarán sobre todo en Piura, La Libertad, Lima y Áncash.

Según Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y
Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y ex viceministro de Economía, la voluntad de ejecución del Gobierno se ha visto bloqueada por la falta de operadores calificados para llevar a cabo la reconstrucción. “Hay plata, hay ganas, pero no hay quién ejecute”, sintetiza Casas.

De acuerdo con el docente, debido al Decreto de Urgencia 003 las principales empresas constructoras del país han tenido dificultades para obtener financiamiento y las obras de reconstrucción han caído en manos de empresas que carecen de garantías y experiencia.

“Hay que agilizar estas cosas. Se debe implementar la Ley 30737 [que sustituyó y modificó regulaciones del decreto de urgencia] para que la rueda empiece a girar, dijo Casas.

Por lo pronto, se espera que Martín Vizcarra ratifique al presidente ejecutivo de la ARCC, Édgar Quispe, o designe a un nuevo funcionario. Según informó ayer esta entidad, Quispe –como el resto de ministros, pues su función tiene dicho rango– ha puesto su cargo a disposición tras la renuncia de Kuczynski.

► Los conflictos sociales y el destrabe de los proyectos de inversión

La gestión de Peruanos por el Kambio afrontó conflictos sociales casi desde el inicio. En octubre del 2016, un comunero de la provincia de Cotabambas falleció en un enfrentamiento mientras protestaba por el proyecto minero Las Bambas. Luego, entre junio y setiembre del año pasado, se produjo una huelga de docentes que fue muy costosa para el gobierno.

Para Marlene Anchante, directora del Centro de Análisis y Resolución
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),
el presidente Martín Vizcarra debe plantear en muy poco tiempo una estrategia de control de conflictos sociales.

“Hay que tener en cuenta que en siete meses tenemos elecciones regionales y municipales. Es predecible el incremento de los conflictos en ese período”, advierte Anchante.

Según la especialista, el nuevo gobierno debe poner especial atención
a Arequipa, Cusco y Apurímac, donde hay importantes proyectos mineros que aún no se viabilizan. “El presidente tiene una ventaja, él conoce bien la dinámica de las regiones y ha tenido experiencias exitosas en el manejo de conflictos en Moquegua”, apunta.

Jorge Aragón, coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, considera que la clave del éxito estará en la composición del nuevo Gabinete Ministerial de Vizcarra. Según dice, el presidente podría tender lazos con personas ligadas exitosamente con las regiones como Yamila Osorio o César Villanueva.

Respecto a lo que se debe hacer con los grandes proyectos de inversión que aún no ven la luz, el economista Carlos Casas considera que hay un antecedente exitoso en la adjudicación del proyecto cuprífero Michiquillay (Cajamarca).

“Hay que seguir ese modelo. Esto implica trabajar con la empresa, implementar el adelanto social para que las comunidades vean los beneficios de la minería más rápido y evitar esa práctica del Estado que concesionaba algo y luego se olvidaba del concesionario”, detalla Casas.

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