El proyecto cuprífero Michiquillay, ubicado en Cajamarca y valorizado en US$2.000 millones, fue revertido al Estado por la compañía minera Milpo en marzo pasado.  Pro Inversión proyectaba licitarlo nuevamente en diciembre, pero optó por aplazarlo hasta el 20 de febrero próximo, a raíz de la coyuntura política. Más de 20 empresas están interesadas en participar del proceso, informó la entidad estatal.
El proyecto cuprífero Michiquillay, ubicado en Cajamarca y valorizado en US$2.000 millones, fue revertido al Estado por la compañía minera Milpo en marzo pasado. Pro Inversión proyectaba licitarlo nuevamente en diciembre, pero optó por aplazarlo hasta el 20 de febrero próximo, a raíz de la coyuntura política. Más de 20 empresas están interesadas en participar del proceso, informó la entidad estatal.
José Carlos Requena

Esta semana se dio el principal anuncio de gran inversión en lo que va del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La adjudicación del proyecto minero Michiquillay en Cajamarca es una gran noticia para el país y el sector, y un inmenso desafío para las autoridades y Southern Perú, la empresa ganadora.

Las industrias extractivas representan aproximadamente el 25% de la economía regional, según el BCR. El potencial minero de Cajamarca es pues inmenso. Pero ha sido limitado en tiempos recientes por un entorno político y social poco propicio. Para las autoridades nacionales y regionales, será fundamental convencer a la población no solo de los beneficios del proyecto, sino de la posibilidad de convivir y potenciar otras actividades económicas de la región, como la agricultura y la ganadería, que representan algo más del 12% de su economía.

Tras cambiar de manos varias veces, la concesión terminó en posesión de la minera Anglo American en el 2007. Pero el entorno era tan complejo que la minera retornó el proyecto al Estado en diciembre del 2014, aduciendo que “las perspectivas para el desarrollo del proyecto Michiquillay se mejorarían bajo otra titularidad”, un hecho que causó gran impacto en su momento.

Luego, Milpo evaluó la posibilidad de sacar adelante el proyecto, pero también tiró la toalla en marzo del 2017, tras desacuerdos con Pro Inversión. La minera informó en su momento que tomó “la decisión de no continuar con el respectivo procedimiento de evaluación, al no encontrarse de acuerdo con los planteamientos efectuados”, ya que estos “no se ajustan a condiciones de mercado”.

Las “perspectivas” a las que se refería Anglo American y las “condiciones de mercado” a las que aludió Milpo sin duda consideraron el desafiante panorama político de la región, definido por los procesos electorales recientes.

El Movimiento de Afirmación Social (MAS), de Gregorio Santos, administra la región desde el 2010, con notable desempeño electoral (30,8% en el 2010; 44,3% en el 2014). En el 2016, Santos obtuvo la mayor votación en primera vuelta (40,7%) y Democracia Directa, el partido con el que candidateó desde prisión, logró la más alta votación congresal (39,4%), aunque no alcanzó un solo escaño en el Congreso debido a la aplicación de la valla electoral.

Además del complejo entorno político que enfrenta, Southern deberá hilar muy fino para lograr el desarrollo armonioso del proyecto, en una región de gran actividad de grupos desconfiados de la minería.

Para hacerlo, tendrá que asegurarse de que la sostenibilidad del proyecto pasa por lograr una relación de confianza con las comunidades de la zona, ajena a las “lentejas” y los “lentejeros” de triste recordación en Tía María.

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