Migración venezolana: Perú reúne la mayor cantidad de solicitantes de refugio

Al menos 3,7 millones de personas han salido de Venezuela escapando de las violaciones de derechos humanos, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) titulado “Bienvenida, Venezuela”, que recoge estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Representan más del 10% de la población actual.

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Del total, alrededor de 731 mil se encuentran en el Perú, segundo país receptor de esta ola migratoria después de Colombia, donde ya superaron el millón.

“Las personas venezolanas que entran al Perú en muchas ocasiones lo hacen sin recursos y en condiciones de vulnerabilidad tras haber viajado días o incluso meses, algunas caminando y muchas personas llegan con necesidad de asistencia humanitaria”, indica el informe.

Concretamente, ¿de qué escapan los venezolanos que migran a otros países masivamente? Marcos Gómez, director de AI en Venezuela, explica que en ese país “se ha desmoronado el Estado de derecho”, lo cual incide en el mal funcionamiento de los sistemas de seguridad social. “Entonces tenemos una caída de todos los indicadores de desarrollo humano, como salud, educación, seguridad ciudadana”, comenta.

Una segunda pregunta básica es: ¿por qué el Perú es un destino tan recurrente para estos migrantes? Las respuestas son variadas, pero hay cierto consenso en que la entrega del permiso temporal de permanencia (PTP) representó, en los inicios de esta oleada, una idea de estabilidad. Hasta el 31 de diciembre del 2018 (cuando venció el plazo para solicitarlo), unos 451 mil venezolanos habían iniciado el trámite.

“Las personas aspiran a una vida mejor, más relajada, a una sociedad más amable, y eso esperan encontrar en el Perú. En una fase preliminar de la ola de escape, el Perú era un país que ofrecía el permiso de residencia permanente. Eso se detuvo. Sería importante que se reactive porque, con este documento, el país tendría un mayor control del flujo de migrantes, y a estos les permitiría ejercer todos sus derechos”, indica Gómez.

-El limbo del refugio-

El Perú reúne, al mismo tiempo, a la mayor cantidad de venezolanos solicitantes de la condición de refugio, con casi 170 mil a la fecha. De estas solicitudes solo se han concedido 700 entre el 2014 y el 2018, y por el abrupto aumento de los casos en los últimos meses se han formado enormes cuellos de botella.

Según el informe de AI, “el Estado Peruano tiene la obligación de atender de forma urgente la situación de las personas que han solicitado ser verificadas como refugiadas reduciendo el tiempo de espera para una respuesta y facilitando los mecanismos de apelación”.

Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en el Perú, comenta que, aunque este país está admitiendo los pedidos de refugio, según los convenios internacionales suscritos, no está otorgando a tiempo la condición de personas refugiadas.

“Es un trámite muy lento, se tardan meses o años, los expedientes se acumulan. Esta es una situación de inseguridad jurídica. Estas personas están legalmente en el Perú, pero no pueden tener acceso a derechos básicos”, sostiene Navarro.

Feline Freier, politóloga de la Universidad del Pacífico, dijo recientemente a este Diario que los venezolanos sí deberían ser considerados refugiados por el Gobierno Peruano, de acuerdo con la Declaración de Cartagena (1984), porque se trata de un derecho a la protección que se extiende a las personas que huyen por la violencia masiva de los derechos humanos. 

-Piden comisión investigadora-

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú, indica que esta entidad ha sostenido reuniones con la cancillería, a fin de que el Estado Peruano, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, promueva la creación de una comisión investigadora que se centre en los crímenes (algunos de lesa humanidad) que se estarían cometiendo en Venezuela.

“Debe garantizarse una rendición de cuentas”, comenta Navarro. De acuerdo con la propuesta, una eventual comisión investigadora debería abordar también la situación de los presos políticos en Venezuela. Según Marcos Gómez, director de AI en ese país, actualmente hay entre 700 y 1.000 presos políticos en cárceles venezolanas.

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