¿Qué papel jugó EE.UU. en el retroceso de la decisión del Perú sobre Osinfor?

Cuatro meses después de que el Gobierno peruano trasladó las competencias del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) —ente responsable de verificar en campo la legalidad del origen de la madera— de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minam); el Ejecutivo retrocedió en su decisión y repuso la institución en su lugar original. 

► Estados Unidos exige respuestas por cambios en el Osinfor
► Renuncia jefe del Osinfor tras adscripción de dicho organismo al Minam

Este martes 9, a través del Decreto Supremo 066-2019-PCM, el Gobierno dejó sin efecto el DS 122-2018-PCM publicado el viernes 14 de diciembre de 2018, el cual aprobó que el Osinfor (hasta ese momento institución que daba cuentas directamente a la PCM) pasara a estar adscrito al Minam. Esta decisión generó la inmediata renuncia del jefe del organismo, Máximo Salazar, quien en una carta adujo que se estaba restando independencia a la institución. 

"Como comuniqué en anteriores oportunidades, considero imperativo resguardar la independencia de la entidad, a la cual represento desde el 15 de enero de 2016  (...), ya que su labor guarda similitud con los organismos reguladores en concordancia con lo manifestado por la OECD (2016) y conforme al compromiso asumido por el Estado peruano en el Acuerdo de Promoción Comercial - TLC Perú - EE.UU.", indicó Salazar en su carta.

Tras su renuncia, organizaciones vinculadas al sector forestal, entre ellas: Environmental Investigation Agency (EIA), Global Witness, Center of International Environmental Law (CIEL) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) expresaron su rechazo a la decisión tomada por el Ejecutivo. Coincidían en que esto representaba un retroceso en la lucha contra la tala ilegal, la cual en los últimos años había tenido logros importantes a la cabeza de Osinfor, como el millonario decomiso de madera ilícita en el carguero Yacu Kallpa en Iquitos en el 2015.  

—Factor EE.UU—
Sin embargo, la mayor oposición a la decisión del Gobierno peruano provino desde los Estados Unidos. El 4 de enero de este año, el Gobierno de Donald Trump exigió oficialmente respuestas al Perú por el cambio de adscripción y la posición subordinada del Osinfor frente a una posible violación de compromisos forestales incluidos en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (conocido también como TLC Perú- EE.UU.), en el capítulo relacionado a la lucha contra la tala ilegal.

La solicitud oficial de las consultas ambientales era el inicio de un procedimiento por parte de los EE.UU. que podría llevar a la aplicación de sanciones contra el Perú, al amparo de lo estipulado en el TLC. Esto era particularmente importante porque podría ser la primera vez que Estados Unidos aplica medidas punitivas contra un socio internacional acusado de violar las protecciones ambientales en un acuerdo de libre comercio.

Las consultas ambientales son un mecanismo contemplado en el capítulo sobre medio ambiente del TLC, para dialogar sobre cualquier asunto que surja de la implementación del referido capítulo, para alcanzar una solución mutua y satisfactoria.

“Al tomar este paso [el traslado del Osinfor] sin precedentes, la administración Trump deja en claro que toma en serio el monitoreo y la aplicación de los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, incluidas las obligaciones para fortalecer la gobernanza del sector forestal”, dijo el representante comercial de EE.UU. Robert Lighthizer, según decía el comunicado oficial.

Lighthizer añadió en ese momento, que desde su creación (en el marco de la implementación del TLC), el Osinfor tuvo un papel “fundamental” en la detección y combate de la tala ilegal en el Perú. El cambio, consideró, obstaculizaba su capacidad para hacer cumplir las leyes forestales peruanas.

Antes de ello, en una carta del 21 de diciembre, publicada por la agencia de noticias Associated Press (AP), Robert Lighthizer había calificado de “inaceptable” el traslado de Osinfor al Minam. En ese momento adelantó que de no revertirse la situación, solicitaría una reunión para consultas formales.

“Solicitaré consultas conforme al artículo 18 del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos-Perú y tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que el Perú cumpla con sus obligaciones en virtud de este acuerdo y que Osinfor siga siendo independiente y agencia separada”, respondió Lighthizer en la carta citada por AP.

En enero, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez (sector garante del tratado con los EE.UU.), respondió que el Perú es  un país respetuoso de sus compromisos comerciales con Estados Unidos y que se cumplía "a cabalidad" los acuerdos suscritos por ambos países en el TLC. El 31 de diciembre de 2018, el Mincetur remitió al USTR una comunicación mediante la cual brindó detalles sobre la adscripción de Osinfor al Minam.

En todo momento, la postura del Mincetur (y del Ejecutivo) fue que el cambio de la PCM al Minam no afectaba las funciones o competencias del Osinfor. "El Osinfor continúa siendo independiente y separado conforme a las obligaciones asumidas sobre el particular en el APC Perú – Estados Unidos", comentó en ese momento Vásquez, versión que fue también compartida por la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

El ministro Vásquez sostuvo que ese cambio se adoptó según lo dispuesto en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Afirmó que esta norma garantiza la independencia del Osinfor conforme a los compromisos asumidos en el TLC.

—Gobierno peruano retrocede—
En un comunicado el martes 9 por la noche, la USTR consideró que "resolvieron con éxito" las preocupaciones que plantearon en las primeras consultas ambientales al Perú. Detallan que ambos países han trabajo juntos para resolver las inquietudes.

"Estamos complacidos con la decisión del Perú de mantener a Osinfor como una agencia independiente y separada como lo exige nuestro acuerdo bilateral. Esto demuestra que una fuerte aplicación funciona. Estoy comprometido en utilizar las herramientas de cumplimiento para garantizar que nuestros acuerdos comerciales protejan el medio ambiente y promuevan los intereses de los trabajadores y las empresas de los Estados Unidos", sostuvo Robert Lighthizer según el comunicado.

En el documento se detalla el 30 de enero, los Estados Unidos y el Perú realizaron consultas técnicas para discutir el asunto, y luego enviaron el tema al Consejo de Asuntos Ambientales de PTPA, que se reunió el 21 de febrero en Lima. Finalmente, el Consejo de Ministros de Perú anuló el Decreto Supremo original el 9 de abril.

La decisión del Perú se da cuatro días antes de la llegada a nuestro país del Secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo. El funcionario estadounidense llega a Lima el sábado como parte de una gira por Sudamérica que además de nuestro país incluye Chile, Paraguay y Colombia.  

"Es solo un paso. Hay mucho más que hacer por regresar una verdadera independencia a una institución que ha venido siendo golpeada por hacer bien su trabajo. Es necesario además, de que las demás instituciones del Estado encargadas también de luchar contra la tala ilegal hagan su parte y tomen acciones a partir de la data de campo generada por el Osinfor", declaró  a El Comercio Julia Urrunaga, directora del EIA.

En diálogo con este Diario, Rolando Navarro, ex jefe del Osinfor, opinó que esta decisión es una buena señal que da el país para promover y fortalecer los sectores de fiscalización forestal y ambiental. "Sería prudente dotar mayor presupuesto al Osinfor, Sunat, FEMA para implementar sus acciones de campo y en algún caso retomar la ampliación de facultades del Osinfor", dijo.

El Osinfor fue creado en el año 2008 a través del decreto legislativo N°1085 y fue adscrito a la PCM. Su nacimiento respondió a una necesidad del Perú de garantizar el fortalecimiento institucional de la gestión forestal y de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (comúnmente conocido como TLC Perú-EEUU). Su función principal desde esa fecha, ha sido de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre.