Piden leyes duras contra discriminación por orientación sexual

La población del país también tiene algo que decir en el debate sobre los temas de género. Según la más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, el 71% de los peruanos están a favor de que se fortalezcan las leyes en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual.

La cifra aumenta al 83% en el nivel socioeconómico (NSE) A y al 79% en el centro del país, pero cae al 61% en el NSE E y al 67% en el norte. La orientación sexual es la “atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona”, según las definiciones añadidas en marzo al currículo escolar vigente.

Por otro lado, el 63% de encuestados están de acuerdo con endurecer la legislación para evitar la discriminación por identidad de género. Esta identidad “se desarrolla desde el nacimiento y se consolida hacia el final de la adolescencia”, de acuerdo con la mencionada guía educativa.

Sobre el particular, el porcentaje de personas a favor de fortalecer la ley asciende al 78% en el NSE A y al 69% en Lima Metropolitana. En tanto, la cifra se reduce en el NSE E (52%) y en el oriente (55%), el norte (56%) y el interior del país (58%).

—Decretos en debate—

En las últimas semanas, el Congreso ha sido sede de discusiones relacionadas a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El 4 de abril, la Comisión de Constitución recomendó modificar el Decreto Legislativo 1323, que establece el endurecimiento de penas para casos de violencia familiar y de género, ya que la norma no se habría enmarcado en las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo en setiembre del 2016.

La controversia se inició por la inclusión de dos modificaciones en el decreto: los cambios en el literal ‘d’ del artículo 46 y en el artículo 323 del Código Penal. Ambos incluyeron la tipificación de los delitos de discriminación por ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’. La comisión recomendó que los dos términos se eliminaran.

Una semana después, el grupo de trabajo parlamentario propuso suprimir los mismos términos de otros tres decretos: el 1348 (que establece el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes), el 1325 (que declara en emergencia el sistema penitenciario) y el 1267 (que regula la estructura organizacional de la PNP).

—Controversia legal—

Para Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, no es necesario que exista una norma expresa sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género. “El artículo 2 de la Constitución establece que nadie debería ser discriminado por sexo, raza y otros factores; pero el artículo 3 [que dice que “la enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que la Constitución garantiza”] protege a los ciudadanos frente a situaciones no incluidas, como las que están en controversia. Se debe interpretar el inciso”, dijo.

Samuel Abad, experto en derecho constitucional, opinó lo contrario: “La realidad nos dice que existe una discriminación explícita contra las personas LGBT. Apelar a la interpretación del artículo 3 genera una desprotección, ya que dependerá de la discreción del operador de justicia. Si un juez no ve la norma expresa, aplica el principio de legalidad y el discriminado queda desamparado frente a la ley”, agregó.

—Evitar discriminación es prioridad—

La mayoría de encuestados también están a favor de fortalecer las leyes en contra de la discriminación por otros factores, los cuales sí están especificados en la Constitución del país, a diferencia de la orientación sexual y la identidad de género.

Respecto a la discriminación por sexo, el 68% cree que deben endurecerse las normas para evitar este tipo de actos. En Lima, el porcentaje a favor llega al 75%, pero se reduce considerablemente en el norte peruano (60%) y en el NSE E (62%).

En el caso de la discriminación por motivos relacionados a la religión, un 68% de encuestados también considera que deberían existir leyes más duras para prevenir esas situaciones negativas en nuestro país.

Sobre la religión, la cifra alcanza al 74% en Lima Metropolitana. No obstante, en el oriente peruano solo un 52% está de acuerdo con la medida; en tanto, en el NSE D se registra un 64% a favor de normas más estrictas. Acerca de la discriminación por raza, un 70% se manifestó de acuerdo con el fortalecimiento de la ley. La desaprobación de medidas respecto a este tema registra sus cifras más altas en el oriente (36%) y norte del país (35%).

Una dinámica similar se presenta frente a la discriminación por origen: en el norte y oriente peruano, un 31% y 34% están en contra de endurecer la legislación por este tipo de actos. En cuanto a la discriminación por condición económica, el 82% de limeños busca normas más fuertes para prevenirla. La cifra llega al 87% en el NSE A, pero en el NSE D alcanza al 72%.