Encuesta: ¿qué es lo que opinan los peruanos sobre Las Bambas? | FOTOS

En el conflicto entre la empresa minera MMG Las Bambas, el Estado y las comunidades de influencia de la provincia apurimeña de Cotabambas, como Fuerabamba, el Gobierno es señalado como el principal responsable. Este conflicto social que alcanzó las situaciones más álgidas en los últimos dos meses, devino en la interrupción del paso del concentrado de cobre por el corredor minero durante 68 días.

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Según la última encuesta de El Comercio – Ipsos, realizada en el 10 y 12 de abril, el 63% de los entrevistados dijo que está informado sobre el proyecto Las Bambas y la interrupción de las vías en las zonas de Manantiales, en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac); y en el fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca (Cusco). De ellos, el 48% opinó que el gobierno de Martín Vizcarra tuvo la mayor responsabilidad.

Debido a la ubicación del conflicto, la mayor cantidad de quienes dicen estar informados se encuentran en las zonas centro y sur del país. En Lima, el 65% dijo sí conocer de esta problemática, y en el interior el 62%. Por niveles socioeconómicos (NSE), los más informados son de los sectores A y B.

Consultados sobre las responsabilidades del conflicto, en cuanto a zonas, en Lima el 45% considera que el Gobierno es el responsable de este conflicto, mientras que en el interior esta cifra se eleva a 50%. Tanto en el norte, centro, oriente y sur del país los números son similares ante esta pregunta.

Es el NSE B el que considera que el Gobierno ha sido el principal responsable del conflicto, mientras que el A y E registran las cifras más bajas, con 34% cada uno. No obstante, en el NSE A se consideró que la responsabilidad del conflicto recaía en los dirigentes y asesores de los comuneros (30%), así como en la población local (24%). En el NSE E, el 28% señaló a la empresa MMG como responsable.

--Proceso de diálogo--

A lo largo de todo el proceso, el Gobierno, la empresa y la comunidad apostaron por el diálogo como el camino para encontrar una solución a la tensión en el corredor. Para el 46% de los encuestados, esta también es la vía para resolver las paralizaciones, pero de no lograrlo la Policía Nacional debe ser la encargada de restablecer el orden público. Esta es una idea consensuada en los cinco NSE consultados.

Finalmente, consultados sobre qué acciones debería asumir la Policía Nacional con quienes bloquean una carretera, más de la mitad (53%) respondió que no deberían ser detenidos porque están en su derecho de protestar, mientras que el 41% dijo que sí. El 6% no precisa sobre el tema.

Por zonas, el 48% de encuestados en Lima y el 57% del interior respondió que quienes usan este medio como protesta no deberían ser detenidos. Sobre esto, en cuanto a NSE, el sector A considera, con 66%, que los manifestantes que interrumpen una vía como protesta sí deben ser retenidos porque están cometiendo un delito.

—Tránsito restablecido—
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El viernes último, tras una reunión entre la comunidad apurimeña de Fuerabamba y miembtros del Ejecutivo, se acordó el desbloqueo del tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU135 que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de los fuerabambinos.

Sumado al compromiso asumido esta semana en Challhuahuacho, con la participación del primer ministro Salvador del Solar, el corredor minero ha vuelto a estar habilitado para el paso de todos los vehículos de la empresa MMG Las Bambas. El Comercio confirmó que los convoyes con concentrado de cobre de la minera están transitando con normalidad por la vía mencionada.

-Panoramas-
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Jeffrey Radzinsky, analista político; y Violeta Bermúdez, docente de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), coinciden en que las referencias al Gobierno no solo suponen el ente nacional, también los locales y regionales. Es decir, a la ausencia del Estado.

“Es una llamada de atención respecto de poblaciones que históricamente han estado un poco alejadas de los espacios centrales, donde se toman las decisiones”, dijo Bermúdez.

Radzinsky opina que parte de la conflictividad está también en expectativas que se incumplen.

“Lo que debe haber es una responsabilidad muy seria por todos los compromisos que asume el Gobierno. Me parece excelente que haya una mesa de cumplimientos, ojalá sea un buen precedente para otros casos”, comentó a El Comercio.

Por su parte, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que “es verdad que el Estado tiene una importante cuota de responsabilidad en este y en otros conflictos, por la forma de gestionarlos o por sus propios incumplimientos de acuerdos; pero no hay que olvidar la responsabilidad de la empresa en el reconocimiento de los problemas derivados del uso de la carretera y de la falta de puntualidad en honrar compromisos antiguos”.

Entre aquellos puntos que debería asumir el Estado a partir de este conflicto, Bermúdez indica que “debería contarse con un diagnóstico y potenciales situaciones que pueden devenir en conflictos para poder intervenir preventivamente”. Mientras que Radzinsky plantea un trabajo preventivo, para lo cual debe haber una mejor coordinación entre las oficinas de prevención de conflictos de la PCM y ministerios, así como el cumplimiento de compromisos.

Luque sostiene que hay dos lecciones claves: “la actividad minera aprobada por la población debe tener un mecanismo estatal que garantice relaciones igualitarias entre empresa y comunidades durante el tiempo de vida de la mina”, opinó. Además, los ingresos extraordinarios por canon, regalías y otros aportes, deben estar “sometidos a un estricto control de modo que los beneficios para la población estén asegurados”.

Sobre el diálogo, si bien es una idea consensuada, “todas las personas deberían respetar los derechos de otras personas”, dijo Violeta Bermúdez. Respecto a esta idea, Radzinsky opina que “lo ideal no es hacer una distinción dicotómica de primero diálogo y entonces la policía. Son cosas que deben ir en paralelo”. Luque sostiene que “el diálogo colaborativo, efectivamente, es la principal herramienta para resolver conflictos, pero toda negociación debe hacerse dentro del marco de la ley”.