Ralph Zapata

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana ejecutó esta mañana el allanamiento y la incautación de documentos en la Municipalidad Provincial de (). Esta es la segunda vez que el Ministerio Público lleva a cabo esta medida debido a presuntos actos irregulares en licitaciones públicas cometidos durante la actual gestión municipal de Baldomero Marchena, y en la anterior, la de su padre Humberto Marchena.

El allanamiento a varias oficinas del palacio municipal de Piura fue liderado por el fiscal provincial Luis Antonio Ramos Rioja, en coordinación con los fiscales adjuntos Harold Martínez Requena y Andhy Saavedra Dioses. La medida contó con el apoyo de agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana.

La diligencia se ejecutó debido a que la fiscalía habría encontrado serias irregularidades en los procesos de contratación para la adquisición de semillas en el "Servicio de Asistencia Técnica para la producción de Cultivos Andinos de los periodos 2015 a 2019”.

Así lo informó el fiscal provincial Luis Antonio Ramos Rioja, quien explicó que días antes solicitó la orden de allanamiento ante el Juzgado Anticorrupción de Sullana, a cargo del juez Jorge Nole Sócola. Este magistrado evaluó el pedido y lo declaró fundado.

-Investigación en curso-

Humberto Marchena, de 65 años, se desempeñó como alcalde de Ayabaca durante tres períodos consecutivos, desde el 2007 hasta el año pasado. Ahora es alcalde del distrito de Lagunas, donde gobernó desde 1989 hasta el 2006. Actualmente afronta un proceso penal en Sullana por el presunto delito de colusión.

La Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría Pública denunciaron a Humberto Marchena en el 2015 por un presunto favorecimiento ilegal de la Municipalidad de Ayabaca en 13 procesos de selección a la proveedora Maximina Granadino Cunya, quien es concuñada del exalcalde.

Al respecto, un informe de la Contraloría también advertía “hechos que denotan presunta responsabilidad penal” en torno al “favorecimiento a la postora Maximina Granadino en procesos de selección con el otorgamiento de la buena pro”, a través del comité especial.

La Procuraduría y el Ministerio Público piden 12 años de prisión para Marchena y lo siguientes siete exfuncionarios: Bianca Nonajulca, Olinder Garcés, Leonidas Valverde, Teresa Rivera, Rogelio Tafur, Oswaldo Llacsahuanga y José Mendoza. Además, 9 años de prisión para el funcionario Alberto García López, así como 24 años para Maximina Granadino.

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