(Foto: PNP)
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Carlos  Chunga

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de dictó este jueves una orden de 24 meses de prisión preventiva para Miguel Martínez Rivera (42), acusado de ser el cabecilla de la organización criminal Los Impostores de la Reconstrucción.

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Según información policial, los miembros de esta banda se hacían pasar por funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para estafar a empresarios con obras ficticias del proceso de reconstrucción.

Miguel Martínez, quien fue detenido el último miércoles, será internado en el penal de Piura (ex Río Seco) mientras el Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de crimen organizado, falsedad genérica, uso de documentos públicos falsos y estafa agravada.

La medida coercitiva fue ordenada por la jueza Milagros La Torre, quien admitió en parte la solicitud de 36 meses del fiscal Javier Ocampo. La magistrada consideró que Martínez “hasta la fecha se ha mantenido no habido (sin trabajo ni domicilio conocido), lo cual es un indicador de que no existe de su parte la voluntad de someterse a la investigación”.

Además, sostuvo que el imputado presenta un “comportamiento tendiente a obstaculizar la investigación”, dado que, como presunto cabecilla de Los Impostores de la Reconstrucción, obtuvo “supuestas constancias de trabajo a fin de acreditar haber tenido un trabajo durante el tiempo en que estuvo” y ahora podría inducir a terceras personas a declarar a su favor.

Según la carpeta fiscal, a través de una falsa oficina llamada Programa Crecer Multisectorial, con las siglas PCM, Miguel Martínez “suplantó a una entidad estatal (Presidencia del Consejo de Ministros) y se alió para convocar a empresas contratistas para que participen de supuestas obras de la reconstrucción”.

Desde esa oficina ficticia, los falsos funcionarios “crearon” unidades ejecutoras, publicaron falsos decretos de urgencia, firmaron contratos ficticios y hasta emitieron resoluciones y actas con sellos adulterados sobre obras en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque.

El caso de Los Impostores de la Reconstrucción salió a la luz el 31 de diciembre del 2018, cuando fueron detenidas en flagrancia once personas en la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Ese día intervinieron personal de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado (Fecor), representantes de la Secretaría de Integridad Pública (SIP) y agentes policiales de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC).

Como parte de la diligencias, en enero pasado el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dispuso el levantamiento del secreto bancario de los también imputados Ramiro Solís Bustamente, Vanessa Gabriela Quinto Cuadros y Aurelia Noemí Morales Mogollón.

Además, en marzo la Primera Sala Penal de Piura amplió el plazo de prisión preventiva, de 18 a 24 meses, para siete presuntos integrantes de la citada organización criminal.

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