Según estadística del MIMP, entre enero y setiembre de este año se han registrado 6.414 casos de violencia sexual, de las cuales 3.096 corresponden a violaciones sexuales.  (Getty Images)
Según estadística del MIMP, entre enero y setiembre de este año se han registrado 6.414 casos de violencia sexual, de las cuales 3.096 corresponden a violaciones sexuales. (Getty Images)
Gladys Pereyra Colchado

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El día que los cinco involucrados en una denuncia de violación grupal en eran trasladados a la carceleta del Poder Judicial, a más de 1.000 kilómetros de Lima otro caso de presunto ataque sexual colectivo salía a la luz. El viernes 23 de octubre, medios de comunicación informaron que una mujer de 26 años había sido atacada por tres sujetos en el distrito de Talara, en .

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Sin embargo, el caso ya tenía una semana de ocurrido. De acuerdo con las investigaciones, el jueves 15 de octubre, la víctima fue interceptada por tres sujetos en la urbanización Luis Negreiros Vega (Ciudad Satélite) mientras trotaba a las 7:40 de la mañana. Los delincuentes la raptaron, la llevaron a un descampado y abusaron de ella. Fueron trabajadoras de limpieza quienes la encontraron y, con apoyo de los vecinos, contactaron a la policía. El caso fue denunciado ese mismo día ante la comisaría de Talara Alta. En el descampado se halló un gorra y polo que sería de los agresores.

Tras hacerse pública la denuncia, el jefe de la Macro Región Policial de Piura y Tumbes, Eswin Manay, declaró a que los responsables de la agresión sexual habían sido identificados y que en “cuestión de horas” serían capturados. Lo dijo el viernes 23; sin embargo, ha pasado una semana desde entonces (15 días desde la violación) y aún no se ha logrado su detención.

César Orrego, jefe de la Defensoría Regional del Pueblo en Piura, informó a El Comercio que la joven ha pasado por el reconocimiento médico legal y que la policía se encuentra en proceso de identificación de los agresores. El caso está en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Talara, a cargo del fiscal Eduardo Ayestas, que podría solicitar una medida coercitiva para garantizar el desarrollo del proceso. “El fiscal tiene suficientes elementos para solicitar prisión preventiva para los agresores una vez que se los identifique”, dijo.

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también ha brindado apoyo legal, psicológico y social a la víctima, quien es madre de tres niños. El soporte psicológico se ha extendido a sus familiares.

SIN PERFIL ÚNICO

Aunque los y Talara han puesto en evidencia un nivel aún más cruel de violencia contra la mujer, La Defensoría del Pueblo reporta al menos otros cuatro casos de violaciones cometidas por dos o más agresores desde el 2018. Uno de ellos fue la a una terramoza en un bus interprovincial registrado en junio de ese año. Pese a que los involucrados fueron liberados inicialmente, recién en enero de 2020 el Poder Judicial dictó para Daniel Pérez Fierro (40) y Marcelino Vicente Palacios Barja (44). Otro caso se reportó en marzo del 2019, cuando siete sujetos ultrajaron a una joven con discapacidad intelectual en Ica. Hasta la fecha solo cinco de los involucrados (Ivan Melgar, Leonardo Guevara, German Gutiérrez, Andrés Revata y Alexis Cabrer) han sido capturados y cuentan con prisión preventiva. Ellos se habían grabado cometiendo la violación.

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A esto se suma los En el primero, una madre de familia de 49 años fue ultrajada por tres sujetos en la provincia Vilcashuamán, mientras que en Cusco una mujer de 59 años sufrió graves lesiones que la mantuvieron hospitalizada varios días luego de ser abusada por cuatro sujetos (tres de ellos sus sobrinos) en el distrito de Poros. El MIMP también atendió en setiembre pasado a una joven que fue víctima de violación por parte de tres sujetos el 2 de febrero en Chincha, Ica.

Siete mujeres víctimas de ataques colectivos que podrían no ser las únicas. La socióloga Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, estima que existe un subregistro de casos que no llegan a denunciarse, principalmente porque los agresores suelen ser parte del entorno cercano de la víctima. “Uno de los factores por los que no se denuncia es el estigma y la vergüenza, y también porque en muchos casos los cometen los propios familiares. Las violaciones colectivas podrían ser hasta el triple de lo que se reporta”, dijo a este Diario.

Según estadística del MIMP, entre enero y setiembre de este año se han registrado 6.414 casos de violencia sexual, de las cuales 3.096 corresponden a violaciones sexuales. El año pasado, el solo este delito tuvo 7.422 víctimas.

En este contexto de vulnerabilidad para las mujeres, los ataques colectivos son una de las expresiones más extremas de “reafirmación de la masculinidad tóxica”, sostiene Meléndez. “En las violaciones colectivas se evidencia cómo la violencia sexual es una manifestación de poder contra las mujeres. Es un ataque misógino que intenta anular a las mujeres como sujetas de derecho”, indica.

Pero no son los únicos riesgos. El acoso, la negación de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, las desapariciones y el feminicidio son parte de una cadena de violencia que tienen que prestarse atención. Para ello, la especialista considera necesario replantearse la falsa idea de que existe un solo perfil del agresor, a quien incluso se le considera un “monstruo”. De hecho, un estudio , elaborado en el 2018 por la Universidad de Lima y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), reveló que la mayoría de sujetos encarcelados por feminicidios y violación no tiene trastornos psicológicos.

“Se quiere siempre generar un perfil del agresor y no hay. Lo que hay son estereotipos. Se cree que es una persona con problemas mentales y generalmente de bajos recursos, cuando en realidad los agresores están en todos los sectores económicos y no obedece a tener más o menos formación”, indica.

En su opinión, se tienen que replantear las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer para poder garantizar una sociedad con igualdad de oportunidades. “No hay que fijarnos en los escenarios de violencia más crueles como violación colectiva o los feminicidios para recién reaccionar. Empecemos a hacerlo cuando vemos acoso o cuando a las niñas se les limita a desarrollarse igual que los niños”, señala.

Más información

La Defensoría de Piura indica que 28 de las 65 municipalidades de la región aún no han implementado acciones de prevención frente a casos de hostigamiento sexual laboral dentro de estas instituciones. César Orrego agregó que otros cuatro distritos (Lagunas, Santo Domingo, San Miguel de El Faique y Lobitos) tampoco han aprobado ordenanzas para crear las Instancias de Concertación para erradicar violencia hacia mujeres. “Las normas de hostigamiento salieron en el 2003 y van 17 años en los que las municipalidades no lo establecen”, dijo.

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