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El Pleno del Congreso podría aprobar esta semana un proyecto de ley que pretende autorizar a vehículos menores como los ‘ticos’ para realizar el servicio de taxi. Esta norma, presentada en el 2022 por el parlamentario Guido Bellido, fue aprobada por la Comisión de Transportes del Legislativo, a pesar de haber sido severamente cuestionada por tres instituciones estatales.
De acuerdo al dictamen del proyecto, la medida solo estaría vigente por tres años y se aplicaría en todas las ciudades y provincias del país, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao.
El 19 abril, un tico quedó destrozado luego de que su chofer perdió el control del vehículo en el kilómetro 22 de la vía penetración Tintaya, en Arequipa. (Foto: Difusión)
Según el Reglamento Nacional de Vehículos (RNV), aprobado en el 2003, un vehículo debe tener las siguientes características para realizar el servicio de taxi: peso mínimo de 1.000 kilos y una cilindrada mínima de 1.450 cm cúbicos. Los ticos, fabricados por la marca Daewoo hasta el 2001, no cumplen con estas condiciones: su peso oscila entre 640 y 915 kilos, y tienen una cilindrada de 796 centímetros cúbicos (cc).
Por este motivo, el Proyecto de Ley 2625/2021 pretende reducir los requisitos mínimos para permitir que los vehículos habilitados para hacer taxi tengan un peso mínimo de 900 kilos y una cilindrada de 790 cc; es decir, reduce casi la mitad de este último requisito.
Los ticos, fabricados entre 1991 y 2001, se popularizaron como un auto para el servicio de taxi. Foto: Juan Ponce.
La norma recibió la opinión desfavorable del Ministerio de Transportes (MTC), la Municipalidad de Lima (MML) y la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) cuando la Comisión de Transportes solicitó sus comentarios. La campaña #NoTePases tuvo acceso a los argumentos.
La MML determinó que el proyecto de ley “no cuenta con el sustento técnico necesario para justificar su dación” y no responde a factores de seguridad que debe cumplir un vehículo empleado para el servicio de taxi. La ATU, por su parte, mencionó que la norma “contraviene y transgrede el orden constitucional, así como las políticas y planes nacionales en materia de transporte urbano”.
En esa línea, el MTC señaló que la propuesta carece de una evaluación técnica acreditada que sustente por qué deben reducirse el peso y cilindrada que establece el RNV. Asimismo, expresó que la norma no garantiza un incentivo de la formalización del servicio de taxi, pues muchos conductores lo realizan de modo eventual, “no son personas dedicadas a dicha actividad de modo profesional y por esa razón no les interesa formalizarse”.
Además, el MTC indica que la propuesta, tal como está diseñada, solo empeorará el estado actual del parque automotor en las ciudades.
A pesar de estos comentarios, la Comisión de Transportes aprobó el dictamen del proyecto de ley en diciembre del 2022.
"Un atentado contra la seguridad de los pasajeros"
En comunicación con El Comercio, José Aguilar, expresidente de la ATU, advirtió que la aprobación del Proyecto de Ley 2625/2021 traería consecuencias negativas para los pasajeros y la seguridad vial a nivel nacional.
“Los ticos son muy livianos, inestables y angostos; prácticamente, su carrocería es de papel. Por eso, no cumplen con el peso mínimo del RNV. Entonces, las personas en su interior están expuestas al peligro, porque no resistirá la fuerza de un impacto que pueda sufrir el vehículo”, explicó.
“La cilindrada mínima que establece el RNV (1250 cc) permite contar con un vehículo con la potencia suficiente para subir pendientes en carretera, rampas urbanas y estar adecuado a la geografía diversa del país y al estado de sus vías. Reducir este requisito casi a la mitad, como plantea la Comisión de Transportes (790 cc), es un cambio drástico que no asegura una potencia adecuada”, detalló Aguilar.
El peso de un tico oscila entre 640 y 915 kilos, y tienen una cilindrada de 796 centrímetros cúbicos (cc).
/ DaewooEn esa línea, Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), considera que la norma representa “un atentado contra la seguridad de los pasajeros”. “Los congresistas no han presentado un sustento técnico que justifique por qué debe reducirse los requisitos de peso y cilindrada para los autos que hacen taxi”, agregó.
Barreto también aseguró que los ticos “han superado ampliamente su vida útil”, pues dejaron de fabricarse hace 23 años. “Es cierto que hay una cantidad considerable de ticos en provincias fuera de Lima. Sin embargo, hoy ni siquiera deberían usarse para el transporte particular”, mencionó.
Por otro lado, Aguilar indica que la aprobación de la ley podría convertirse en una “puerta abierta a la informalidad”.
“Así como ocurre en Lima, cuando se permite que determinados tipos de vehículos obtengan autorización para el servicio de taxi, de inmediato los malos conductores pretenden usarlos para hacer colectivo. Esta norma derivaría en presiones para extender su vigencia de tres años y reducir cada vez más las condiciones mínimas para los ticos”, advirtió.
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Así también, los especialistas coinciden en que la aprobación del proyecto de ley “precarizaría el parque automotor del país”. “Además de la inseguridad que traería, puede incrementar la congestión vehicular, porque dos ticos tienen el tamaño de un auto tipo sedán”, manifestó Aguilar.
Por su parte, Barreto expresó que la propuesta parlamentaria contradice las políticas nacionales en materia de mejorar el transporte y tránsito urbano. “Este proyecto va en contra de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial al 2030 del MTC, que tiene como objetivo reducir en un 50% las muertes y accidentes de tránsito para ese año. Con seguridad, aumentaría exponencialmente la cantidad de accidentes fatales”, dijo.
Como mencionó la editorial de El Comercio del 28 de mayo, en los primeros cinco meses del año, han ocurrido al menos 822 accidentes de tránsito a nivel nacional, con un saldo de 970 muertos.
Por todo lo expuesto, Aguilar y Barreto piden que el Congreso no apruebe el proyecto de ley mencionado. En caso contrario, indicaron que el Ejecutivo debe observar la norma para impedir su aplicación a nivel nacional.
“El contenido de este proyecto de ley evidencia que no responde a una intención para beneficiar a los ciudadanos, sino a un interés de obtener votos o la presión de personas en provincias que tienen ticos y desean obtener una ganancia a costa de la seguridad de los pasajeros”, afirma Barreto.
