Walter Aduviri: el 29 de abril continuará juicio oral en su contra por el 'aimarazo'

La mañana de este lunes inició el juicio oral en contra del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, por el presunto delito contra la tranquilidad pública-disturbios en agravio del Estado, durante la revuelta denominada el 'aimarazo', en mayo del 2011. Asimismo, se dispuso que el juicio continúe el próximo lunes 29.

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La audiencia se realizó en el Módulo Penal 1 de la Corte Superior de Justicia de Puno y fue presidida por la magistrada Kety Neyra Calderón. También participaron las juezas Reyna Luza Cáceres y Shirlay Flores Menéndez.

El fiscal Juan Monzón Mamani, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, actuó como parte acusadora en el juicio.
En tanto, Aduviri asistió a la audiencia acompañado de su defensor legal Joseph Trujillo Challhuanca.

Al inicio del juicio, la magistrada Neyra Calderón consultó al gobernador si se declaraba culpable de los cargos en su contra, a lo que este negó y señaló que se reservaba sus declaraciones para el final del juicio.

En la audiencia de este lunes, que comenzó a las 9:30 a.m., participaron ocho testigos de los 79 que deberán rendir su testimonio durante todo el proceso. La audiencia se prolongó hasta las 2 p.m., aproximadamente. El juicio oral proseguirá el próximo lunes 29, a las 8:30 a.m.

Como se recuerda, la autoridad regional fue condenada por el tribunal puneño a 7 años de prisión efectiva, sin embargo, presentó un recurso de casación el cual fue declarado fundado por al Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La Sala Penal Permanente declaró fundado el recurso de casación debido a la inobservancia de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación en que incurrió la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Puno, el 29 de diciembre de 2017.

El tribunal supremo aclaró que lo dispuesto fue la realización de un nuevo juzgamiento de primera instancia a cargo de otro colegiado.

—Historia del conflicto—

El 29 de noviembre del 2007, el gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.

En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Walter Aduviri, inició protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense. Tras intentos fallidos de consensos, la protesta se radicalizó.

El 26 de mayo, Puno fue tomado y sitiado por población aimara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, contraloría, gobernación y de empresas privadas.

Además, fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la libre circulación de vehículos y perjudicando el turismo. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones.

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