El fiscal Juan Bautista Monzó, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria cambiar la comparecencia restringida que cumple el gobernador Walter Aduviri por un mes de prisión preventiva.
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Pedido del Ministerio Público se da luego de que Aduviri saliera de la ciudad sin informar al juzgado, en el proceso que se le sigue por el caso Aymarazo. Aduviri es acusado de cometer el delito contra la tranquilidad pública-disturbios en agravio del Estado, durante la revuelta del 2011.
Este Diario conoció que la audiencia a fin de resolver este pedido fue programada para mañana a las 2:30 p.m.
-Historia del conflicto—
El 29 de noviembre del 2007, el gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.
En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Walter Aduviri, inició protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense. Tras intentos fallidos de consensos, la protesta se radicalizó.
El 26 de mayo, Puno fue tomado y sitiado por población aimara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, contraloría, gobernación y de empresas privadas.
Además, fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la libre circulación de vehículos y perjudicando el turismo. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones.
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