Choferes se valen de la dificultad para sancionarlos como colectivos: pasan desapercibidos como taxis de color amarillo; sin embargo, recogen pasajeros en cada esquina o invaden paraderos informales (Foto: Lino Chipana)
Choferes se valen de la dificultad para sancionarlos como colectivos: pasan desapercibidos como taxis de color amarillo; sin embargo, recogen pasajeros en cada esquina o invaden paraderos informales (Foto: Lino Chipana)
Juan Pablo León Almenara

En el papel son autorizados, pero en la calle son . En Lima ha comenzado a operar una red de conductores que obtuvieron un permiso de taxi para terminar realizando una actividad de transporte prohibida según el Reglamento Nacional de Tránsito.

Estos choferes aprovechan la dificultad que hay para detectar que están realizando el servicio de colectivo: en plena ruta pasan desapercibidos como taxis por su color amarillo y los distintivos de este servicio (casquete, cintas reflectantes); sin embargo, revelan esta actividad paralela cuando invaden paraderos del transporte formal y carriles completos para llenar el vehículo con la máxima cantidad de pasajeros que puedan.

Mientras un taxi tradicional solo hace una carrera desde un origen hasta un destino, un colectivero tiene una ruta fija en la que va dejando o recogiendo a pasajeros, generando tráfico vehicular y peligro en las pistas.

De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), la velocidad promedio de los buses en el sistema de corredores complementarios ha descendido de 13 km/h a 9 km/h en hora punta entre el 2016 y el 2020, debido a la gran cantidad de colectivos en minivanes y autos sedán que zigzaguean compitiendo por pasajeros contra ellos.

Otro de los problemas acarreados por este servicio es que estos vehículos tienen un SOAT para el servicio de taxi, que en caso de siniestro vial no cubriría a los pasajeros si se comprueba que su actividad de transporte es informal.

Uno de los paraderos principales de esta nueva red de colectivos está en la cuadra 25 de la vía auxiliar de la avenida Circunvalación, en el cruce con la avenida Canadá, y que continúa en todas las cuadras siguientes hasta el trébol de Javier Prado, ocupando un carril completo de la parte exterior de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Operan inclusive frente a los policías de tránsito, como ocurrió ayer entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.

La campaña #NoTePases de El Comercio siguió las rutas de estos choferes. Desde la avenida Circunvalación, una de sus bases estratégicamente ubicadas entre cuatro distritos (San Luis, Surco, San Borja, La Victoria), estas minivanes salen hacia las avenidas Javier Prado y La Marina, e incluso tienen una ruta hasta Lurín por la carretera Panamericana Sur. El transporte público está prohibido para vehículos livianos en vías nacionales (carreteras).

En una de sus rutas hacia Lurín dejan a pasajeros en plena carretera (Foto: Lino Chipana)
En una de sus rutas hacia Lurín dejan a pasajeros en plena carretera (Foto: Lino Chipana)


¿Quién fiscaliza?

Una de estas minivanes a las que seguimos, de placa APL-533, tiene una deuda de 1.800 soles en papeletas por haber prestado el servicio de transporte con un vehículo habilitado para el servicio de taxi pero con una modalidad no autorizada (R05); por llevar a pasajeros sin cinturón (G28), y hasta por desobedecer las indicaciones de la policía (M18). El chofer de esta miniván, Juan Mio Barrientos, tiene un historial de 25 papeletas, 12 de ellas graves y 3 muy graves.

Pese a ello, según pudimos constatar ayer, estos choferes operan de la mano con vigilantes que amenazan o intentan intimidar a quienes se opongan a sus actividades.

Actualmente, la fiscalización del transporte público está a cargo de la Autoridad del Transporte Urbano (); sin embargo, esta entidad dijo a este Diario que por ahora solo tiene unos 100 inspectores, pues aún no se realiza la trasferencia de los corredores complementarios y el Metropolitano. Estos dos sistemas de transporte tienen cerca de mil fiscalizadores más, que pasarían a la ATU para reforzar la seguridad vial.

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