El riesgo de ser elegido [COLUMNA]

Con algo más de 4.500 habitantes, el distrito de Samanco no está ubicado en las desafiantes alturas andinas o en la espesura de la selva amazónica. Por el contrario, se ubica en medio de la desértica aunque accesible costa, a tan solo 25 minutos de Chimbote.

Las investigaciones preliminares indican que el centro de la insidia que despertó Ariza sería el tráfico de terrenos en la zona. Como si la actualidad pervirtiera el ánimo reivindicativo del título de un libro de Hugo Neira (“Cuzco: tierra y muerte”) para llevarlo a una esfera crematística y criminal: en el Áncash actual, si te enfrentas a mafias de tráfico de tierras, corres el riesgo de perder la vida. El 22 de setiembre, desconocidos realizaron pintas en la fachada de la casa de Ariza. Elegido primer regidor en octubre del 2014, Ariza debió asumir la alcaldía ante la suspensión del alcalde electo por tener una sentencia por corrupción.

Desde el 2010 han sido asesinadas quince autoridades elegidas, cinco de ellas en Áncash. El caso más notorio fue, sin duda, el del ex consejero regional Ezequiel Nolasco en marzo del 2014, cuya muerte convirtió las reiteradas acusaciones de corrupción a la gestión de César Álvarez en un tema nacional. Los asesinatos de José Sánchez Milla, el entonces presidente regional encargado (julio del 2010); José Montalván, alcalde provincial de Casma (diciembre del 2012); y Hernán Pérez, alcalde distrital de Catac (abril del 2013) se mantienen sin esclarecerse. Si agregamos los asesinatos de Antenor Rodríguez (alcalde Chao, en La Libertad, en febrero del 2013) y Arnulfo Loza (alcalde distrital de Santa María, en Huaura, norte de Lima), parece estarse constituyendo un corredor criminal en la zona. La geografía no parece ser una explicación valedera para entender el desinterés y la apatía de las autoridades nacionales.

La preocupación por el lamentable hecho debería trascender las esferas policiales para instalarse en el eje central de las reformas del sistema político. Los asesinatos de autoridades elegidas requieren plantear respuestas sobre qué hacer cuando se asume el riesgoso encargo de participar en el gobierno de una circunscripción. Respuestas que, al considerar la cercanía al ciudadano, deben partir de un dicho político estadounidense: toda la política es local.

Entre 1980 y el 2000 fueron asesinados cientos de autoridades elegidas. Los crímenes se explicaban por el desprecio del terrorismo por la democracia, que concebía a las autoridades designadas por el voto popular como un incómodo bastión de lo que llamaban “el viejo Estado”. Era otro país: conjuntamente con el flagelo violentista, el Perú era agobiado por una profunda crisis económica.

El Perú ya no padece la amenaza terrorista, aunque las mafias actúan con creciente impunidad; el desarrollo económico es extendido, pero junto con el crecimiento empiezan a proliferar poderes ilegales sin que nada pueda detenerlos.

Hoy que se discute la reforma política como un esfuerzo por acompañar con bases sólidas el crecimiento económico, valdría la pena mirar lo que pasa al interior del país y ensayar respuestas ante el riesgo de ser elegido. Que la reacción no sea tardía.

“Hoy que se discute la reforma política como un esfuerzo por acompañar con bases sólidas el crecimiento económico, valdría la pena mirar lo que pasa al interior de país y ensayar respuestas ante el riesgo de ser elegido”.El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.