El riesgo de los niños frente a autoridades con trastornos

Cuando la policía allanó la rústica cabaña de Iquitos donde se había escondido el profesor Luis Vásquez da Silva, de 64 años, dormía sobre un hacha filuda. Acaso tenía contemplado degollarse si sus planes de fuga fallaban y era inminente el arresto.

En Cajamarca, de donde había huido, 17 escolares de primaria lo acusaban de haberlas sometido a vejaciones. Siempre en el aula y obligándolas a que lo miraran y callaran. Apenas quedó solo en una cárcel, Vásquez se ahorcó con su camisa.

El caso data de junio del 2016.  Por esa fecha, el mismo tormento silenciaba a las menores que acudían a los talleres de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Huánuco.

Allí, el suboficial Carlos Tumes López, quien dirigía los programas, acumulaba en su computadora cientos de fotos y videos donde aparecía ultrajando a varias niñas que tenía a su cargo.

Hace casi un mes, un CD que incluía los sórdidos registros, fue enviado por un remitente con seudónimo a la policía. Los abusos quedaron así al descubierto.

Dos menores identificadas en los videos han detallado que Tumes atrajo su interés comprándoles ropa. También que, luego de violarlas, las obligaba a callar bajo amenazas. El suboficial está preso mientras se analizan las grabaciones para el reconocimiento de más víctimas. Muchas menores siguen guardando silencio.

La figura es similar en ambos execrables hechos: un sujeto con trastornos de personalidad, y que ostenta un cargo, sobre grupos poblacionales vulnerables. En este caso, menores que procedían de hogares disfuncionales.

Para el médico psiquiatra Carlos Bromley, en este tipo de situaciones el estado de vulnerabilidad de las víctimas (menores) se intensifica porque ven en su agresor sexual a una autoridad.

“Callan ante las amenazas por temor y porque no tienen confianza para contar a sus padres lo que les ocurre. Ello porque estos no cumplen a cabalidad su rol de cuidado”, declaró el especialista a El Comercio.

Acotó que, incluso, las menores víctimas han podido encontrar en los depravados ese instinto paternal que no tienen en sus hogares.

–Realidad distorsionada–

El patrón en los comportamientos de Tumes y Vásquez, señaló Bromley, delata un grave trastorno de sus personalidades, que incluye el complejo de inferioridad.

Según detalló, son personas que por algún motivo se formaron sintiéndose miserables o los peores de los grupos a los que pertenecieron.

“Esa condición de inferioridad es la que los lleva a buscar puestos de autoridad, como una forma de compensar la pobre valoración que tienen de sí mismos. Actúan de una forma totalmente distorsionada de la realidad”.

Lo ocurrido en Cajamarca y Huánuco tiene graves precedentes. El más horrendo se remonta a octubre del 2015. La policía halló gran cantidad de imágenes de pedofilia en la laptop del auxiliar del colegio San Matías del Carmen, en Chincha, Héctor Guerra Salguero. Las fotos y videos correspondían a alumnos del plantel.

La computadora había sido robada junto con varias máquinas del colegio, y luego entregada de manera anónima a las autoridades.

Guerra confesó que atraía a los niños dándoles dinero, y que operaba así desde hacía 20 años. Es decir, la coacción a sus víctimas aquí también había permitido a este sujeto delinquir libremente.

Bromley sostiene que esa suerte de posición de mando que a veces consiguen los abusadores sexuales, los hace sentirse impunes y con derecho de actuar como quieran, pues “nada los afectará”.

“Creen que pueden disponer de la sexualidad de los menores, incluso piensan que sus víctimas los buscaron, y aseguran que a estas los ultrajes les han llegado a gustar. Por eso lo repiten sistemáticamente”, indicó.

En tanto, la jefa de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, remarcó que estos casos han revelado un aprovechamiento del cargo de los sujetos que han atentado últimamente contra los menores a su cuidado.

Tal situación sumada a un problema de salud mental habría posibilitado que los abusadores sientan legitimados sus actos.

“Creen que una persona que deben proteger no tiene los derechos que ellos sí, y la vejan. Es un tema de salud mental”, refirió.

En ese sentido, Cobeña hizo hincapié en el reciente ultraje sexual sufrido por una adolescente de 16 años a manos de tres integrantes del Ejército, en Puno. Una aberración similar a la acontecida a fines de marzo en Chincha, donde dos niñas fueron vejadas durante 48 horas por tres policías.

Dos muestras más en que los encargados de proteger fulminaron vidas.