¿Cuál es la situación de los empleados públicos del Perú? Estas son las cifras [INFORME]

La actual huelga de docentes ha marcado un hito importante. Su duración y amplitud geográfica la convierten en la paralización más significativa del sector en los últimos 26 años. La última gran huelga de maestros fue en 1991 y comprometió a más de los dos tercios
del magisterio.

El reclamo de los docentes se ha desarrollado junto con el de otros gremios profesionales. Médicos, enfermeras, obstetras y otros trabajadores estatales también protagonizaron movilizaciones.

Pese a provenir de sectores y organizaciones distintas, el pliego de exigencias es común y exhibe problemas estructurales en la gestión de recursos humanos en el Estado: salarios insuficientes, falta de condiciones laborales óptimas y un estancamiento en la inversión
en los sectores involucrados.

—Punto de partida—
Hay cerca de 1,5 millones de trabajadores en el sector público, el 9% de la PEA ocupada. Sin embargo, presenta complejas normas para la contratación y el pago de sus trabajadores.

Actualmente, coexisten 15 regímenes laborales, 102 escalas remunerativas y más de 400 formas de pago. Casi la mitad de los trabajadores estatales pertenece a carreras especiales, entre los que
figuran los médicos, maestros y policías. El 18% se encuentra
en el ámbito del Decreto Legislativo 276 (el más antiguo y a
través del cual perciben una remuneración menor al promedio),
mientras que un 19% está en el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), caracterizado por su vigencia temporal y la ausencia del pago de aguinaldos o CTS. Solo el 13% de
funcionarios estatales es parte del régimen de la actividad
privada (Decreto Legislativo 728) y goza de beneficios. Uno de los principales retos del gobierno es la implementación de la Ley de Servicio Civil (LSC), aprobada en el 2013, que busca establecer un régimen único para aquellos que prestan servicios en el aparato
estatal. La reforma abarca a 600 mil trabajadores en el ámbito
de la carrera administrativa, que agrupa las tres últimas modalidades de contratación descritas.

Juan Carlos Cortés, presidente de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), explica que este proceso es fundamental para que las
entidades públicas alcancen mayores niveles de eficiencia, así como para mejorar la formación del capital humano.

“Incluye mayores ingresos vía CTS, aguinaldos y capacidad de movilización entre entidades. No apunta a la reducción per se de servidores, sino a contar con los mejores”, dice.

—Orden de mérito—
Entre los aspectos más importantes de la reforma del servicio
civil figura el impulso a la meritocracia, que incluye una política de salarios competitivos, aún rezagada respecto al sector privado.

Dicha situación se evidencia más en los empleados con educación superior universitaria y técnica, que conforman el 64% de la planilla pública.

En ambos grupos, el sueldo promedio es menor al menos en un tercio al de sus pares del sector privado formal.

Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que si bien hay quienes están dispuestos a sacrificar parte del salario por tener la experiencia del sector público, en general
los profesionales más capacitados están en el privado.

“Para evitar esta especie de autoselección perversa, aunque natural, se debería tener los salarios entre ambos sectores lo más cerca posible”, opina. Los aumentos salariales cuentan con pocos mecanismos
de negociación. Jorge Toyama, socio del estudio Miranda & Amado Abogados, comenta que las recientes manifestaciones gremiales son
consecuencia de la falta de una normativa que regule la negociación
colectiva en el sector estatal, ausente desde inicios de los años noventa.

“Todos los aumentos se dan por presión de los sindicatos o
incremento presupuestal. No hay una estrategia para manejar
aumentos de sueldo en su integridad. En algunas entidades estatales los sueldos no han aumentado los últimos 10 o 15 años”, dice Toyama.
Si bien la prohibición de este mecanismo ha sido declarada inconstitucional, aún queda pendiente su regulación por parte del Congreso. La LSC solo permite negociar colectivamente mejoras no económicas para los trabajadores.

Macera considera, en cambio, que dicha medida no sería eficiente. “Hay que regular primero la contratación de los CAS y transitar hacia una planilla estatal normal, que tiene los mismos sobrecostos que la
del sector privado”, explica.

—Bajo la lupa—
Un pilar fundamental para la meritocracia corresponde a un
sistema de evaluación eficiente de los trabajadores. Al igual que en el caso de los maestros la LSC otorga dos oportunidades a los servidores públicos antes de la desvinculación. En ambos casos se ofrece una capacitación para mejorar la productividad del trabajador.

Para Toyama, la norma ofrece suficientes oportunidades a los evaluados. “En el sector privado la ley te dice: ‘Dale un mes para que mejore, si no, lo sacas’. En la nueva LSC se está dando tres años. El Convenio 156 de la OIT reconoce el despido por bajo rendimiento”,
indica.

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