Trágico recuento de diez días de protestas: 27 muertos, más de 650 heridos y al menos tres pacientes en UCI

En los 14 días desde que el expresidente Pedro Castillo diera un golpe de Estado, fuera vacado por el Congreso y Dina Boluarte asumiera la Presidencia del Perú, los heridos por enfrentamientos en protestas se cuentan por cientos en el país. El 11 de diciembre, apenas cuatro días después del intento de disolución del parlamento, las muertes empezaron a registrarse: un adolescente de 15 años, escolar de tercero de secundaria del colegio Simón Bolívar de Andahuaylas, Apurímac, fue la primera víctima mortal de la escalada de violencia que no ha cesado.

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Desde entonces, el recuento oficial que ha elaborado el Ministerio de Salud alcanza los 27 fallecidos. De ellos, 20 fueron en los enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares, y seis por accidentes de tránsito y hechos derivados del bloqueo de carreteras. La Defensoría del Pueblo, sin embargo, considera que son 28 muertos en total. Las víctimas se concentraron en seis regiones: Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco y Arequipa.

Al mismo tiempo, 356 civiles y 290 policías han resultado heridos. De los primeros, 36 permanecen hospitalizados, mientras que son 19 agentes internados solo en el hospital central de la PNP, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con graves lesiones.

Es la mayor cifra de pérdidas humanas y heridos en un conflicto social en el país de los últimos años. Percy Castillo, Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, señala que desde el Baguazo (23 policías y 10 indígenas muertos el 5 de junio de 2009, durante el gobierno de Alan García) no se reportaba una cifra tan alta de víctimas. “Supera largamente las marchas del 2020. En el Baguazo hubo una cantidad muy significativa de policías y civiles muertos”, dijo.

Situación crítica

El coronel médico Edilberto Temoche Espinoza, director del Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, ubicado en Breña, informó a este Diario que los policías internados provienen principalmente de Apurímac, Huancavelica, Junín y Lima.

“Tenemos dos suboficiales en UCI, uno por el impacto de una granada y otro por un proyectil de arma de fuego”, dice. La situación más crítica es la del suboficial Juan Carlos Gayo Huamaní, de 26 años, quien tiene una esquirla de granada alojada en el cerebelo, insuficiencia respiratoria agua y trauma toráxico cerrado. Fue herido en los enfrentamientos en Andahuaylas.

El segundo agente en cuidados intensivos es Jhus Klisman Marín Cárdenas, de 32 años, policía de la unidad de servicios especiales de Huancayo que ingresó el 17 de diciembre al hospital PNP de Lima con una lesión en el tórax por proyectil de arma de fuego, compromiso hígado, perforación de estómago y colón. Es uno de los agentes heridos en el ataque a la comisaría de Pichanaki.

“El resto de policías tienen múltiples lesiones, dos van a ingresar a sala para la reconstrucción de la región periorbitaria. La mayoría va a necesitar pasar por procedimientos adicionales”, añade Temoche.

Respecto a civiles en situación delicada, Essalud informó a El Comercio una paciente de 22 años, cuya identidad se mantiene en reserva, permanece internada en cuidados especializados neuroquirúrgicos en la UCI del hospital Edgardo Rebagliati. La joven recibió un impacto de bala y fue intervenida inicialmente en el Hospital II Huamanga de EsSalud. Asimismo, otra paciente de 31 años, herida también por bala durante la protesta en Andahuaylas fue trasladada a Lima para recibir atención especializada en el área de Unidad Crítica del Hospital Rebagliati.

Minsa añadió que de los 36 heridos que permanecen hospitalizados, la mayoría se encuentra en Ayacucho (14), seguido de Junín (7), La Libertad (7), Apurímac (5), Ucayali (1), Arequipa (1) y Lima (1). Según informó Percy Castillo, aproximadamente 8 de ellos tienen condición grave. No se reportan civiles en UCI.

“La Defensoría ha solicitado al Poder Ejecutivo que se cree un mecanismo que asegure que todos los heridos, civiles y policías, van a recuperar su salud plenamente. Ese mismo mecanismo debe atender la situación de todas las familias que han tenido pérdidas sensibles. Es una obligación del Ejecutivo”, expresó Castillo.