Advierten deficiencias en atención de casos de violencia familiar

Johana Victoria Seminario Sanjinez, de 22 años, fue la última víctima de feminicidio en Tumbes. La mujer fue asesinada el sábado 9 de diciembre por su ex pareja, Johnny Joel Sunción Rodríguez, un día después de que lo denunciara por violencia física y psicológica y pidiera medidas de protección en la comisaría de Zorritos, según lo reveló un informe que preparó la Defensoría del Pueblo.

La víctima había recibido amenazas de muerte por parte de Sunción Rodríguez, quien la asesinó al día siguiente. Él ahora está preso en el penal de Puerto Pizarro, en Tumbes.

La Defensoría del Pueblo de la región comprobó que, en la comisaría de Zorritos, no se le aplicó a Seminario Sanjinez la ficha de valoración de riesgo, ni se realizaron las coordinaciones entre el personal saliente y entrante de la comisaría. Asimismo, tampoco se brindó el resguardo policial necesario a la víctima hasta el dictado de medidas de protección por parte del juzgado.

“Esta falencia retrasa el dictado de medidas de protección a favor de la víctima. Queremos evitar nuevos feminicidios, como el de Johana Seminario”, mencionó la Defensoría.

Por su parte, la comisaría de Zorritos precisó a la Defensoría del Pueblo que los fines de semana no hay atención en el juzgado mixto permanente, por lo cual los casos de violencia familiar son tomados recién el lunes de la siguiente semana.

En su informe, la institución recomienda a la policía cumplir con la aplicación de fichas de valoración de riesgo en las denuncias de violencia familiar. Además, que haga el resguardo provisional a las víctimas hasta que se dicten medidas de protección por parte del juzgado; y que exista coordinación entre el personal saliente y entrante de las comisarías, a fin de hacer seguimiento de los casos más delicados.

También ha pedido coordinar con el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes a fin de que no se deje de atender en los juzgados de familia los fines de semana. La Defensoría reiteró que es deber de la policía atender a las víctimas de violencia familiar y derivar sus informes a los juzgados de familia para el dictado de medidas de protección.

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