Tumbes se debate entre la inseguridad y la corrupción

Los 220 mil habitantes de Tumbes empiezan a vivir con miedo. Según las estadísticas de la policía, el índice de homicidios por ajuste de cuentas se ha disparado en los últimos años. 

Los números grafican por sí solos la triste realidad que vive la región fronteriza. Entre enero y diciembre del 2011, hubo 13 asesinatos por ajuste de cuentas. Durante el 2012, la cifra en el mismo período del año alcanzó los 30 casos. 

El año siguiente los homicidios por encargo se incrementaron a 60 y, en lo que va del 2014, ya han muerto 13 personas en manos de sicarios. De estos últimos, cinco casos fueron registrados en los tres primeros días del año y ninguno tiene responsables ni procesados.

A diferencia de lo que sucedía en años anteriores –cuando solo se reportaban amenazas–, los atentados de los últimos tres años revelan una plena intención de matar. En la totalidad de los casos, los testigos vieron a dos delincuentes (de entre 17 y 19 años) llegar en una moto. Uno de ellos, sin dejarse ver el rostro, dispara hasta 8 veces contra el agraviado.

Con sus 4.669 kilómetros cuadrados, Tumbes es la región más pequeña del país, pero su ubicación, cerca de la frontera con Ecuador, la convirtió en el caldo de cultivo de actividades delictivas, como el contrabando y la trata de personas. Poco a poco las mafias fueron formando grupos dispuestos a extorsionar a los pocos empresarios y comerciantes que apostaban por la región.

Lucha de cupos

Los Walas, el Sordo Vite, Los Antón, Los Pollos y la banda del ‘Cara de bebé’ siembran el terror en esta región. Se dedican a la extorsión y al sicariato, según la policía. “Muchos adolescentes, al ver que los delincuentes se dan la gran vida, piden ingresar a sus bandas para tener un estilo de vida similar”, comenta el consejero regional Cristian Palacios. 

Palacios, a quien los extorsionadores llaman ‘Gato’ por el color de sus ojos, muestra los mensajes de su celular. Le pedían S/.15.000. El funcionario nunca cedió, como sí lo han hecho por temor otros empresarios langostineros. Sin embargo, se vio obligado a enviar a toda su familia a otra ciudad. 

Su caso se sumó al del jefe regional del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Adrián Ramírez, cuya casa fue atacada en dos ocasiones, y al de dos catedráticos de la Universidad Nacional de Tumbes. Ellos han sido los únicos que han denunciado las extorsiones.

Algo empieza a oler mal

En los últimos meses las amenazas ya no están dirigidas a los empresarios locales. De pronto hombres de prensa y autoridades críticas a la gestión de Gerardo Viñas, el presidente regional, empezaron a ser amedrentados. 

El mes pasado, la periodista Úrsula Pinedo fue atacada por dos mujeres en la puerta del canal de televisión donde trabaja, en el centro de Tumbes. 

La golpearon y la amenazaron de muerte. “Deja de investigar a Viñas, porque de lo contrario te irá peor”, le dijeron. Ese acto vandálico se sumaba a las decenas de intimidaciones, llamadas y agresiones verbales y físicas que ha recibido ella y otros periodistas tumbesinos.

Lo grave del asunto es que la denuncia policial de Pinedo no sirvió de nada. Pese a que identificó a sus agresoras, las hermanas Alba y Esmeralda García, conocidas como ‘Las Pacazas’, hasta ahora la investigación no avanza y Pinedo teme que se archive.

Actualmente, el acceso a la sede regional es restringido, aun siendo una institución pública. Los días de atención solo son lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, hay decenas de periodistas y ciudadanos, a quienes los vigilantes –por órdenes superiores– no los dejan ingresar, aun durante los días que sí está permitida la entrada. 

Una periodista, que por su seguridad prefiere no revelar su identidad, denuncia haber recibido frases intimidatorias de los propios vigilantes del Gobierno Regional de Tumbes, como: “Pórtate bien. Son órdenes del jefe, me pagan por eso”.