MDN
Olivia Arévalo
Alicia Rojas Sánchez

Dos crímenes de espanto han agitado en las últimas horas el distrito de Yarinacocha, ubicado a siete kilómetros al norte de Pucallpa, en Ucayali.

En la mañana de ayer, la policía halló el cuerpo semienterrado de un hombre en el centro poblado San Pablo de Tushmo. Según confirmó la fiscalía, los restos son del ciudadano canadiense Sebastian Woodroffe,
quien fue linchado por una turba. El extranjero habría sido acusado por los vecinos de haber asesinado el jueves a Lomas, lideresa de la etnia shipibo-konibo. La masacre fue grabada en video y difundida en las redes sociales.

Las imágenes son horrendas. En estas, se observa que un hombre llora en el suelo mientras es torturado por dos personas. El lugar es un caserío rural de la selva y la masacre es observada por unas 15 personas, incluidos dos niños. Según José Montalvo, director del portal de noticias Gaceta Ucayalina, la policía se enteró del linchamiento y buscó ayer a la víctima en San Pablo de Tushmo, la localidad donde vivía Olivia Arévalo. Los restos fueron hallados ocultos en el monte, a un kilómetro de su vivienda.

Anoche, el Ministerio Público terminó de analizar los restos hallados
en San Pablo de Tushmo. Los peritos confirmaron que se trata de Sebastian Woodroffe, un canadiense que vivía en el distrito de Yarinacocha y que habría venido al Perú para aprender sobre plantas medicinales. Se estableció también que la causa de su muerte fue el ahorcamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Woodroffe venía siendo
buscado por personas allegadas a Olivia Arévalo como sospechoso del asesinato. “El informativo indígena Servindi difundía un volante con la foto de Woodroffe. Lo había confeccionado la familia Arévalo. Aparecían su imagen, los argumentos de la familia y una oferta de recompensa”, señaló ayer el diario “El País” de España.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía informó ayer a El Comercio que ha enviado más agentes a Ucayali para indagar sobre los recientes asesinatos.

—Las hipótesis de un crimen—

Según fuentes de la Dirincri, hasta el momento se manejan dos hipótesis sobre el asesinato de Olivia Arévalo, quien tenía 81 años, se dedicaba a la confección de artesanías y –hasta hace un tiempo– realizaba ceremonias de ayahuasca y de medicina natural.

De acuerdo con una versión, un ciudadano canadiense la asesinó
debido a que ella se negó a hacer una sesión de ayahuasca. Esta hipótesis fue difundida también por el portal de noticias ambientales Mongabay.

El viernes, la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elena Burga, había adelantado que un canadiense era sospechoso del asesinato de Olivia Arévalo. “La versión que tenemos es que llegó una moto lineal con tres personas y una de ellas disparó a Olivia”, añadió luego la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, en una entrevista radial.

La otra hipótesis es que un extranjero la asesinó debido a una deuda.
No obstante, dos de sus hijos rechazaron esta versión en sus declaraciones a la policía. Ellos dijeron que Olivia Arévalo no tenía deudas y que ya no realizaba sesiones de ayahuasca debido a que estaba delicada de salud.

Según el parte policial, Olivia Arévalo fue asesinada aproximadamente al mediodía del jueves en el patio de su casa en San Pablo de Tushmo. Esa mañana, ella había visitado a su hijo Julián y,
poco antes del crimen, había estado charlando con su hija Virginia.

“Luego de haber dejado sentada a mi madre en la puerta posterior
de su casa, me dirijo a mi vivienda que está a cincuenta metros.
Cuando me prestaba a tejer mi artesanía, escuché disparos”, contó
Virginia a la policía.

Virginia encontró a su madre sangrando debajo de un árbol. Había recibido dos impactos de bala en el pecho y murió unos minutos
después. La policía halló tres casquillos de bala en el suelo, pero a ningún testigo presencial del asesinato.

- Imágenes servirían para investigación-

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, en paralelo a la investigación por el asesinato de Olivia Arévalo, el Ministerio Público deberá recabar testimonios y pruebas sobre el linchamiento del canadiense Sebastian Woodroffe.

“La fiscalía tiene que visualizar el video, tomar testimoniales y hacer
una reconstrucción de los hechos. Estamos hablando de un delito de
homicidio calificado que puede tener penas de entre 25 y 30 años”,
dijo el especialista.

“Contra estas personas cabe una captura que debe ser emitida por el
juez que ve el proceso. Luego, hay que identificar a las personas”, añadió Lamas. En el video de la tortura, se observa que al menos dos personas ahorcan a la víctima.

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