“Tiene que ser genuina y democrática”, dice De Mendoza respecto de la forma en que el Estado debe integrar la voz de los niños (Foto: Piko Tamashiro)
“Tiene que ser genuina y democrática”, dice De Mendoza respecto de la forma en que el Estado debe integrar la voz de los niños (Foto: Piko Tamashiro)
Giulio Valz-Gen

Hoy se cumplen 30 años de la firma de la , un tratado internacional que obliga a los países firmantes a defender con especial interés a la niñez y la adolescencia. Ana de Mendoza, representante de en el Perú, comenta los avances logrados en el país, pero también señala los retos pendientes.

—¿Cuánto ha avanzado el Perú en el cumplimiento de este tratado?

A nivel mundial se está pasando de un enfoque tutelar, donde se ve a los niños como objetos que hay que proteger y tomar decisiones por ellos, a tener un enfoque de sujeto, donde los niños tienen voz, participación. Eso hace que todo el marco jurídico y legislativo tenga que cambiar, tiene que prevalecer el interés superior del niño, hay que oírlo en las decisiones que le concierne. Se ha avanzado en el marco normativo y en algunos puntos como la escolarización y en desnutrición. No ha avanzado en temas importantes que tienen que ver con la calidad de la educación: hay muchos chicos y chicas en las escuelas secundarias que, cuando terminan, no tienen los conocimientos adecuados.

—Hay aspectos alarmantes, por ejemplo, la anemia, que afecta al 43% de niños y niñas menores de 5 años.

Es una cifra alarmante con el grado de desarrollo que tiene el Perú y eso también esconde inequidades. Tú vas a Puno y hay casi 80%, con el lastre que eso supone no solo para los niños, las familias y el Estado. Son niños que no van a desarrollar todo su potencial.

—En el Perú hay 9.208 presos por el delito de violación contra menores (casi el 10% de la población penitenciaria). Es el segundo delito de mayor incidencia. ¿Qué nos dice esto?

Esto no ocurre en el resto de la región. El Perú tiene un índice de violencia sexual, específicamente hacia niñas, altísimo. Hay una percepción cultural de que no es tan grave, está un poco normalizado el tema del incesto, el abuso sexual con los niños. Cada día, cuatro niñas son abusadas, o por lo menos hay una denuncia. El abuso sexual tiene repercusiones para toda la vida.

—¿Por qué este tema no tiene tanta atención como debería?

Porque está muy invisibilizado. Hay lugares donde todavía una violación de una menor se trata buscando un arreglo entre familias. Mientras esas conductas semiprivadas continúen, es muy difícil que la opinión pública vea esto como un tema realmente problemático. Se ha visibilizado mucho la violencia de género, no se había visibilizado tanto la violencia sexual contra niñas. Cuando uno habla de violencia de género, siempre piensa en mujeres casadas, pero el 70% de casos son contra menores de 18 años.

—¿No debería tener más peso, siendo un sector tan vulnerable?

Si tú comparas otros países, algunos tienen secretarías de Estado o viceministerios y ministerios. Si tú sigues mirando a la niñez como población vulnerable, es una mirada con un enfoque poco empoderante. Tiene que haber una política de empoderamiento de la niñez.

—En el país, el 48% de niños piensa que su padre tiene derecho a golpearlos .

Eso habla de lo naturalizado que está el recurso de la violencia como forma de disciplina. Si los padres aún piensan que no es negativo pegarles a sus hijos, y si los niños también lo creen, es muy difícil quizá un cambio cultural profundo.

—Estamos recibiendo muchísima migración venezolana y estamos en la etapa de reunificación familiar. ¿Cómo evalúa la situación de los niños que han sido traídos al Perú?

Perú ha hecho un esfuerzo muy grande de acoger a una población que no ha elegido, los niños no eligen viajar solos. Han abierto las escuelas para que puedan incorporarse, pero falta hacer un esfuerzo para terminar de integrar a esta población.

—¿Cuál es la mejor manera de darle voz a los niños?

Hay muchas formas que tiene el Estado de potenciar la participación juvenil, pero debe ser genuina, democrática, para que haya una participación sana y crítica. En los casos concretos donde hay decisiones judiciales que afectan a los chicos y chicas, es importante que haya una instancia que los escuche. Para eso también se necesita un equipo jurídico especializado en hacer valer la opinión de los niños.

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