¿Los presos deben ser vacunados en la fase dos? Especialistas ofrecen posturas a favor y en contra de esta disposición

Es precisamente este plan de inmunización el que ha generado un debate sobre el orden en que la población recibirá la tan ansiada vacuna. A esto, se suma la contradicción que surgió ayer entre los ministros de Estado respecto a las personas que están incluidas en la fase dos.

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Según las resoluciones ministeriales N°848-2020 y N°161-2021 del Ministerio de Salud (Minsa), la segunda fase contempla a los adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad a priorizar, población de comunidades nativas o indígenas y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y personas privadas de la libertad.

Sobre estos últimos, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, informó ayer que solo el personal del INPE está incluido en la segunda etapa, mas no los internos. Explicó que se trató de un error de digitación, sin embargo, la resolución aún no ha sido corregida.

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Horas más tarde, en medio de una conferencia de prensa, el ministro de Cultura Alejandro Neyra contradijo lo dicho por su par Silvia Loli. “El personal del INPE y las personas privadas de su libertad serán vacunas en la segunda fase. Nos estamos rigiendo por estándares internacional de derechos humanos y la razón por la que [el personal y los internos] están aquí [fase dos] es por las dificultades que existen en estos lugares”, aclaró Neyra. Esto fue ratificado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.

La controversia se ha centrado justamente en esta segunda fase. Muchos de los peruanos consideran que las personas que están recluidas en un penal cumpliendo una condena por actos delictivos no deberían estar en el mismo nivel de prioridad que los adultos mayores.

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De acuerdo con las cifras del Minsa, en lo que va de la pandemia 42.467 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. De la cual, 29.749 son adultos mayores, lo que equivale al 70% del total de muertes por Covid-19, es decir, la población más golpeada.

En tanto, la cifras que registra el INPE durante la primera ola es de 446 reclusos fallecidos por coronavirus. Mientras que, en la segunda ola 184 han sido aislados por estar contagiados del virus y 8 perdieron la vida. Respecto a los trabajadores penitenciarios, 46 murieron en la primera etapa de la pandemia y 7 en lo que va del año.

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Pero no solo aquí se ha puesto sobre la mesa el debate de prioridades en la vacunación contra el COVID-19. En Chile, la controversia también suena fuerte, pero a diferencia del Perú, el país vecino les dio prioridad a sus adultos mayores incluyéndolos en la fase dos, mientras que a los reos los colocaron recién en la etapa tres.

Sin embargo, esto no ha sido pasado por alto por los sureños, puesto a que en la etapa tres de su plan de vacunación ponen a los reclusos por encima de los profesionales del sector educación. Situación similar ocurre en Perú, donde lo maestros serán recién considerados en la segunda fase, según reveló ayer el ministro de Educación Ricardo Cuenca.

Hablan los especialistas

Para el exministro del Interior y ex jefe del INPE, Jose Luis Pérez Guadalupe, las personas privadas de su libertad deberían permanecer en la segunda fase del plan de vacunación, ya que están mucho más expuestos al contagio.

“Los internos sí deberían estar en segunda etapa y no pasar a la fase tres porque el estado tiene la total y absoluta responsabilidad sobre la vida de los internos. A diferencia del resto de los ciudadanos, los internos, más allá que estos hayan cometido delitos y estén [condenados] a cadena perpetua, no pueden hacer absolutamente nada por su salud, en los penales no cabe distancia social”, dijo Pérez Guadalupe a El Comercio.

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El extitular de la cartera del Interior agregó, además, que existe una gran diferencia entre las personas recluidas en un penal y los ciudadanos que ‘gozan’ de su libertad dentro del contexto en que vivimos.

“El resto de los ciudadanos tienen la ‘libertad’ de poner en riesgo su vida o no, como por ejemplo vemos a los impresentables que hacen sus fiestas. Los que nos quedamos en la casa podemos cuidarnos, que ciertamente también hay un riesgo, pero en cambio el preso no tiene ni siquiera la posibilidad de guardar la distancia social o decidir si se ponen en riesgo o no, ellos ya están en riesgo. Los condenados tienen una pena privativa de la libertad, pero no tienen una pena privativa de la salud”, sostuvo. Asimismo, recordó que el 35% de los internos aún no están sentenciados.

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No obstante, Guadalupe indicó que los agentes del INPE deberían pasar a la primera etapa y no estar en la segunda. “Estas personas están también en la primera línea juntos a los policías. No deberían estar al mismo nivel que los internos”, señaló. Actualmente, el INPE cuenta con 7.688 trabajadores penitenciarios y 483 profesionales de la salud. Sobre la población penitenciaria, esta alcanza las 86.928 personas.

Con esta postura coincide Susana Silva Hasembank, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, quien afirma que las personas que están privadas de su libertad y las que trabajan en los establecimientos penitenciarios son una población vulnerable, ya que en los penales hay un nivel de hacinamiento que alcanza el 115%.

“En la primera ola el índice de positividad de COVID-19 en los penales fue de 54%; y en extramuros, es decir en las calles, fue de 24%. El nivel de contagio que se puede producir dentro de un centro penitenciario es el doble”, afirmó Silva Hasembank.

En ese sentido, la funcionaria señaló que es necesario que la comunidad penitenciaria tenga un proceso de vacunación pronto, ya que existe una interacción entre los penales y la comunidad. “Si nosotros no cuidamos lo que ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios, lo que ocurra ahí va a repercutir afuera en la comunidad”, aseguró.

Por ello, Silva Hasembank también propone que el personal del INPE -tanto de seguridad como de salud- pasen a ser incluidos en la primera fase, ya que estos llegan a su centro de trabajo y retornan a sus hogares. En tanto, los internos sí deberían mantenerse en la segunda etapa.

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El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, expresó que es necesario que se respete el plan de vacunación que ha sido aprobado por el Minsa.

“Este plan tiene etapas entre las fases, los adultos mayores están cuatro etapas arriba que las personas privadas de su libertad. Las razones por las cuales el ministerio ha tomado esa decisión están basadas en evidencias”, comentó.

Castillo agregó que “la comparación que intentan poner algunas personas no tiene sentido, esa contraposición de los adultos mayores y personas privadas de su liberad no tiene ningún sentido. Por eso en los próximos días la Defensoría se va a pronunciar”.

En esa misma línea está el doctor Ildauro Aguirre Sosa, presidente del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Colegio Médico del Perú, quien aclaró que ellos no han intervenido en la elaboración del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

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“Ha sido el Ministerio de Salud el que se ha encargado de ver quién está en cada fase. Es una decisión que ha tomado el gobierno, ellos tienen toda la información debida para que hayan tomado esa decisión, así que respetémosla”, señaló.

Aguirre Sosa, se refirió a esta controversia como un debate “positivo” que ayudará a que más peruanos acepten vacunarse. “En estos momentos hay mucha gente que está ‘reclamando’ por qué está en segunda o tercera fase. Aquí hay una parte positiva, y es que esto significa que probablemente ese 48% que no quería vacunarse en un comienzo, debe ser mucho menor. Eso es la parte más importante ante el pedido de muchos sectores de pertenecer a la fase uno, tales como el INPE o la Fiscalía”, declaró a este Diario.

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Cabe recordar, que el último domingo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, exhortó al Gobierno Central a incluir al personal del Ministerio Público en la fase uno de vacunación ya que, según dijo, “los fiscales están presentes en la primera línea de riesgo”.

Por último, el galeno pidió al Ejecutivo a que agilice la llegada de las demás vacunas y así poder inmunizar a todos los ciudadanos del Perú. “Sigamos difundiendo las bondades de la vacunación, porque esta es la mejor herramienta en salud pública para contrarrestar la pandemia. La vacuna es el mejor regalo que nos pueden dar”, precisó Aguirre.

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